CCOO denuncia la falta de personal en los órganos judiciales y fiscales de la Región de Murcia

MURCIA.- El sindicato  CC OO ha denunciado la falta de personal en los órganos judiciales y fiscales de la Región de Murcia. Esta demanda no es novedosa. CCOO reiteradamente ha denunciado la falta de personal, necesidad que se ve incrementada con el cese de los refuerzos en los juzgados de lo social y mercantiles (pese al incremento de asuntos) y que han sido desplazados al Servicio de Ejecución Civil, aunque siguen los jueces de refuerzo en los juzgados de lo social. Asimismo reclama la creación de nuevos juzgados en la Región.

"En la Región de Murcia hay una sobrecarga de trabajo de más del 150% (datos del CGPJ) en los Juzgados de Primera Instancia, Mercantiles, de Familia de Murcia; en los Juzgados de Lorca, San Javier, Totana y Molina de Segura, además de los Juzgados de Primera Instancia de Cartagena y Juzgados de lo Penal".

El sindicato CCOO reclama la creación urgente de un juzgado de lo Social más la plantilla correspondiente en los servicios comunes, ya que con la nueva estructura de la "Nueva Oficina Judicial" (NOJ), el trabajo de los jueces ha quedado desligado de las oficinas donde se tramitan los asuntos. "La sobrecarga en los servicios comunes (de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución) es abrumadora, y es necesaria la creación de plazas en los mismos. La sobrecarga, no solo es en la jurisdicción social, también en la Civil, en los juzgados mercantiles y en los de familia. CCOO ha reclamado también la separación de jurisdicciones en Lorca, Molina de Segura y San Javier".

Asimismo, CCOO ha reclamado la creación, un juzgado de primera instancia, un juzgado mercantil, un juzgado social y un juzgado de familia, todos ellos en Murcia, y también un juzgado de primera instancia en Cartagena, y otro juzgado de familia en Cartagena (propuesta que hizo el Servicio de Inspección del CGPJ el 31/3/2015). "Así también entendemos que en los Juzgados de Lorca, Molina de Segura, San Javier y Totana, dada su población, y especial litigiosidad, se hace necesario el incrementar un juzgado más en cada una de estas poblaciones. También la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, incrementándose personal en los Servicios Comunes Procesales".

"Las soluciones que se están proponiendo desde el TSJ de Murcia CCOO creemos que no son las adecuadas, ya que la creación de plazas de Magistrados y Magistradas, con unos incrementos de plantilla insuficiente es del todo ilógico. Parece que se olvida el TSJ que no solo hay que dictar sentencias, sino también hay que llevarlas a término con la ejecución de las mismas, cuestión que no viene atribuida ya a los jueces y magistrados". 

"Asimismo, la transformación de un juzgado contencioso-administrativo en juzgado de lo social, significa poner un parche para mejorar esta última, ya que la previsión de litigiosidad en lo contencioso irá en aumento, ya que con la supresión parcial de las tasas judiciales y la retirada de la necesidad de abogado y procurador a los empleados públicos, se incrementará considerablemente, por lo tanto, 'desvestimos un santo para vestir otro'".

Otro de los puntos que preocupan a CCOO es la falta de un edificio en condiciones tanto de salud laboral como de utilidad para el usuario en la Ciudad de Cartagena y Lorca. Una reivindicación histórica para CCOO pues desde hace años viene reclamando la creación de edificios en toda la región que cumplan con la normativa y que tengan capacidad para albergar al número de usuarios que los visitan a diario.

CCOO espera que el próximo año se cumplan lo que desde tantos años atrás viene comprometiéndose desde todos los estamentos tanto judiciales como políticos.

'Podemos' propone un "rescate ciudadano a los autónomos" con nuevas medidas fiscales y de subsidio por desempleo

MURCIA.- El diputado de Podemos Andrés Pedreño, presidente de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo en la Asamblea Regional, ha informado hoy de la moción presentada en el Parlamento autonómico para iniciar un "rescate de los trabajadores autónomos y pymes de la Región".

Pedreño ha afirmado que "uno de los errores de la Administración con los autónomos es el considerarlos como un colectivo uniforme, cuando dentro de este sector se encuentran jóvenes, mujeres embarazadas, y muchas personas que provienen de colectivos con alta tasa de vulnerabilidad, es por lo tanto, un colectivo heterogéneo y donde se debe intervenir desde la óptica del rescate ciudadano".

Una de las medidas que Podemos propone es un subsidio por desempleo, de 600 euros mensuales por un periodo mínimo de 24 meses a aquellos autónomos que hayan estado dados de alta al menos diez años, según han informado fuentes del partido.

Por su parte Rafael Esteban, responsable del área de finanzas en Podemos, ha apostado por la necesidad de que la Administración pública cambie su tratamiento a estos trabajadores.

A su juicio, "necesitamos que la Administración deje de ser un órgano subvencionador para pasar a ser una administración colaboradora de la iniciativa del autónomo, estando a su favor y no en contra".

Por lo que también propone "una reducción de un 40 por ciento en el Impuesto de la Renta para los rendimientos obtenidos durante los dos primeros años de inicio de la actividad".

Pedro Antonio Sánchez hace un llamamiento a la "responsabilidad y reflexión de todos" sobre techo de gasto

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y a la reflexión de todos", también en su partido, el PP, ante la negativa de Ciudadanos a aprobar el techo de gasto del Presupuesto de la Comunidad para 2016 hasta que los 'populares' no cumplan su compromiso de "eliminar" sus imputados, entre los que se encuentra la alcaldesa de Torre Pacheco, Josefina Marín Otón.

En una entrevista concedida a la Cadena COPE y al ser preguntado por la situación de bloqueo de los presupuestos, Sánchez ha asegurado que hará "todo lo posible" para que la Región "siga avanzando" y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad de todos" ya que "no podemos estar siempre en precampaña ni todo vale". Así, ha confiado en que "seamos capaces todos de mirar no solo del cortoplacismo".
Ante esta situación, Sánchez cree que hay que tener "la altura de miras necesaria, y en política no todo vale". A este respecto, ha garantizado que su Gobierno y el partido al que pertenece, el PP, va a seguir haciendo "un esfuerzo de diálogo y de consenso y, desde luego, siempre vamos a cumplir lo que firmamos. Vamos a hacer todo lo posible para no permitir que nadie frene a la Región".
Sánchez ha destacado que "unos nos dedicamos en política a construir, a conseguir que esta Región avance, a solucionar problemas, a traer el agua y más barata, desbloquear el AVE, poner en marcha en 100 días de Gobierno yo creo que una agenda de reformas, de una nueva política".
Mientras tanto, reprocha que otros se dedican a "meter ruido y a distorsionar" y así "poco se ayuda a Murcia". La Región "necesita unos presupuestos, porque imagínese el próximo año sin unos presupuestos, sin decidir dónde aplicamos el dinero, sin poder hacer inversiones, sin poder cumplir el pacto firmado con los sindicatos mayoritarios, con la mayoría de los sindicatos de los empleados públicos, lo que va a contribuir también a la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos".

UPyD: "El modelo urbanístico especulativo de los Gobiernos del PP ha ahogado al comercio minorista"

MURCIA.- El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Región de Murcia, José Antonio Sotomayor, ha denunciado la grave situación que atraviesa el comercio minorista en la Región "por culpa del modelo urbanístico especulativo desarrollado durante la última década por los Gobiernos del Partido Popular".

Sotomayor ha valorado "muy negativamente" los datos del INE sobre Índices de Comercio al por Menor (ICM), que muestran que en la Región de Murcia la cifra de negocios estructural ha caído desde 2008 un 20,88%, mientras que a nivel nacional lo hacía en un 16,81 por ciento. "Murcia dispone del peor registro de toda España".

El portavoz magenta ha resaltado que, a pesar de que la última tasa anual en ventas muestra un aumento del 0,5%, nuestra Comunidad es la tercera peor por detrás de Asturias y Melilla, lejos de la media nacional del 3,2 por ciento. "Con estos datos es muy difícil ver la salida de la crisis".

Desde 2008, el empleo del comercio minorista ha disminuido un 11,46%, mientras que en el resto de España la caída ha sido de prácticamente la mitad, un 6,51 por ciento.

Para el portavoz de UPyD en la Región, es necesario un cambio de rumbo para apoyar a todo el sector. "No hay duda de que las políticas del PP son nocivas para el pequeño comercio".

Según ha manifestado el coordinador de UPyD en la Región, estos datos "nefastos" son el resultado de haber "apostado por un modelo de comercio supeditado a la especulación urbanística".

Más que la caída de la renta media de los hogares, el factor más importante que explica las diferencias entre Comunidades Autónomas en cuanto a la caída de la cifra de negocios y del empleo en el comercio minorista es, precisamente, la densidad de grandes superficies.

La relación es tal que, por cada 1 por ciento mayor de densidad, tanto la cifra de negocios como el empleo cae un 5,7 por ciento.

"No es de extrañar que la Región de Murcia tenga este panorama tan desolador siendo la segunda comunidad autónoma, sólo superada por Madrid, en densidad de centros comerciales".

El Claustro de la UMU no reprueba finalmente a Javier Ruano, presidente de su Consejo Social

MURCIA.- La Mesa del Claustro de la Universidad de Murcia (UMU), en cumplimiento del acuerdo adoptado en el pleno extraordinario del pasado martes, emitió anoche una declaración institucional en la que se hace eco "del profundo malestar surgido en la comunidad universitaria" contra el presidente del Consejo Social, Javier Ruano. No obstante, el órgano de representación suaviza la queja prevista, al evitar la reprobación del presidente del órgano consultivo.

El comunicado señala que ese descontento "es fruto de la actuación del presidente del Consejo durante la última reunión del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia", en referencia a su voto favorable a la autorización de nuevos títulos para la universidad católica San Antonio.

La declaración institucional manifiesta igualmente "la necesidad de incrementar el diálogo y el entendimiento entre los distintos órganos de la universidad, en aras de una mayor eficiencia en la defensa de los intereses de la universidad pública".

Para el Claustro, "cualquier solicitud de implantación de titulaciones universitarias en la Región debe obedecer a criterios objetivos, de interés social y económico de la ciudadanía, sin que pueda supeditarse la misma al interés particular de entidades privadas".

Comenta así mismo que el informe de la Aneca no es suficiente para la implantación de un título universitario, por lo que reclama al Consejo Interuniversitario "la realización de un informe previo sobre la idoneidad de la implantación de nuevos títulos universitarios, como establece el decreto que regula la autorización de implantación de enseñanzas universitarias".

Por otro lado, reclama al ejecutivo regional la realización de un plan de actuaciones en materia de educación universitaria.

Igualmente, se dirige a la Asamblea Regional instándola a que promueva una "revisión profunda" de la Ley de Universidades de la Región, con la finalidad, entre otros objetivos, de "fijar un procedimiento de elección de los miembros de los Consejos Sociales de las universidades públicas para garantizar una participación más activa y plural de toda la sociedad murciana".

El fiscal superior del TSJ denuncia la nueva ventaja normativa para corruptos y delincuentes de cuello blanco

CARTAGENA.- El fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, se hizo ayer eco de la «inquietud» instalada entre jueces y fiscales por el impacto negativo que puede tener en los procesos de corrupción y delincuencia económica y fiscal a gran escala, y en general en la salud democrática del país, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno. 

López Bernal dijo no poder desaprovechar la ocasión del acto de apertura del Año Judicial en la Región para pedir que se suspenda la entrada en vigor de esa norma, prevista para diciembre. Advirtió de que la limitación, con carácter general, a seis meses del plazo para instruir causas, y la restricción de los recursos y de la posible práctica de pruebas complementarias, con el supuesto objetivo de evitar que los procesos se eternicen, supone un «grave riesgo de impunidad» por la precariedad de medios en la Justicia.

«Esto no podemos ocultarlo a la ciudadanía», enfatizó López Bernal. Y afirmó que «la tramitación no se dilata por la desidia de jueces, fiscales y funcionarios, sino fundamentalmente por la falta de medios de investigación personales y materiales», y porque las partes suelen recurrir «todas las decisiones» y generan «deliberadamente» un «colapso de años».

A su juicio, imponer plazos es «la última medida» que debería aplicarse. «Sin un cambio procesal previo, con los plazos que impone la reforma se consagraría de hecho la existencia de una justicia penal para los poderosos y otra para los más desfavorecidos. Y qué duda cabe de que no es esto lo que pretenden nuestros representantes», alertó el fiscal superior.

Aunque no llegó a citar a políticos, López Bernal criticó a los legisladores y aseguró que «los que más se beneficiarán de la reforma» serán los implicados en escándalos. En su opinión, «no es justo» que los imputados «se vean sometidos a interminables causas con odiosos juicios paralelos, salvo que ellos mismos sean los que provoquen deliberadamente las dilaciones, lo que no es infrecuente». Pero hizo ver que «más injusto resultaría que, para evitarles ese padecimiento que todos rechazamos, pudieran quedar sin castigo los delitos más reprochables».

Frente a este panorama, López Bernal pidió invertir más para poner a España al nivel del resto de países de Europa. Sin renunciar al optimismo, auguró que, por su «experiencia», seguramente pasarán «años» antes de que se creen las 10.000 plazas necesarias en los juzgados ordinarios, según la crónica del acto elaborada por 'La Verdad'.

Si prevaricas, no conduzcas / Ángel Montiel

No sé si hasta Torre Pacheco habrá llegado la noticia de que el presidente de la Comunidad y secretario general del PP, para su investidura, firmó un pacto con Ciudadanos cuyo primer punto reza que los políticos imputados deben ser separados de sus cargos en las instituciones y en los partidos. Se supone que eso consta para los imputados del momento de la firma y para los que vinieran después.

La alcaldesa de Torre Pacheco ha sido imputada, acusada de prevaricación. A estas horas no habría más de que hablar. Lo que sorprende es que lo estemos haciendo.

Vale. La alcaldesa llegó al cargo sin tener una noción clara del procedimiento administrativo para el nombramiento de un interventor provisional. Firmó lo que le puso delante el secretario municipal. Siempre se ha hecho como ella hizo, en Torre Pacheco y en otros sitios. El partido que gobernaba anteriormente tampoco se atuvo a otro método. Etc. ¿Y?

Hay un pacto entre el PP y C's en que se asume por ambas partes que los imputados no pueden ejercer cargos públicos. La alcaldesa está imputada y sigue. ¿Quién ha roto el pacto?

Vale. C's apoya al Gobierno socialista de Andalucía, en cuya Administración resisten varios políticos imputados. ¿Y?

¿De qué se trata? ¿De volver al juego de intereses mutuos entre la clase política, hoy por ti, mañana por mí? Y los ciudadanos, ¿qué? ¿Nos quedamos de espectadores observando como se intercambian las incoherencias, las renuncias y los incumplimientos? ¡Eh, hola, estamos aquííí…!

Vale. La alcaldesa no ha robado ni ha matado a nadie. Se ha limitado a incumplir la ley administrativa. ¡Ah, bueno, entonces nada! Es lo propio de los alcaldes: incumplir la ley. Hagámosle, pues, un homenaje.

El final de la película es que la alcaldesa tendrá que dimitir antes o después. El presidente de la Comunidad y secretario general del PP, Pedro Antonio Sánchez, le ha dicho que «reflexione en esta situación tan delicada», y el presidente local de su partido, Alberto Garre, que sea ‘generosa’ y se evite sufrimientos. Más clar0, agua. Si estás en política tienes que saber traducir la jerga florentina. Es mejor irse al minuto que esperar a que te echen.

El último imputado del PP, Juan Carlos Ruiz, tardó dos horas en anunciar su dimisión, el tiempo justo para despedirse de su presidente, recoger su despacho y convocar una rueda de prensa con preguntas. Y eso que por entonces aún no había pacto. Pero se ve que a Torre Pacheco no llegan estas noticias.

 http://blogs.laopiniondemurcia.es/angelus/2015/10/si-prevaricas-no-conduzcas/

El Claustro y el Consejo Social / Juan Ramón Medina Precioso *

El artículo 27 de la Constitución dice que «se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca». El Tribunal Constitucional dictaminó en dos sentencias que es un derecho fundamental y que, en consecuencia, en la autonomía había un núcleo indisponible para los poderes democráticos, habiendo que recurrir al procedimiento agravado de reforma constitucional para eliminarla. El tribunal basó la autonomía en el derecho a la libertad de cátedra, de investigación y de estudio. Por otra parte, también declaró que no era ilimitada y que era un derecho de cada Universidad, pero no del conjunto o de grupos de universidades, ya que correspondía al Ejecutivo regular la coordinación entre ellas. Algunos universitarios todavía muestran signos de no aceptar esto último.

El primer Gobierno socialista, en su Ley de Reforma Universitaria (LRU), asignó una larga lista de competencias al contenido de la autonomía, entre ellas las de elaborar sus propios estatutos, sus planes académicos y la de gobernarse mediante órganos internos, en cuyas cimas estaban los decanos y el rector. Pero también estableció la LRU el Consejo Social (CS), en cuya cima se encuentra su presidente. El fundamento lo encontraremos en las claras palabras del ministro socialista Maravall al defender la LRU: «¡La Universidad no pertenece a los universitarios, sino a la sociedad que la financia y a la que sirve!».

Que el CS tiene un papel social se sigue también de su composición según las leyes: veintiún miembros, de los cuales sólo seis provienen de la propia Universidad; los quince restantes son designados por el Gobierno regional (uno a propuesta del Ayuntamiento), la Asamblea Regional, los sindicatos, la patronal y las Cámaras de Comercio. El presidente, por el consejero pertinente.

Dicho de golpe: el CS no se instituyó para defender los intereses de la Universidad ante la sociedad, como parecen creer algunos claustrales murcianos, que para eso ya se bastan los decanos y rectores; se creó para defender los intereses de la sociedad ante la Universidad. Porque ambos coinciden en algunos casos, como cuando el CS se dedica a difundir la oferta académica y de actividades universitarias o a promover convenios con empresas para financiar investigaciones, pero en otros casos no coinciden: los profesores y los administrativos suelen aspirar a que sus plantillas sean cada vez más numerosas y estén mejor retribuidas, pero la sociedad tiene interés en que tengan los tamaños y los sueldos apropiados y el Gobierno, en que no todo el presupuesto se destine a las universidades públicas. 

Alguien tenía que aprobar el presupuesto y conocer de antemano la Relación de Puestos de Trabajo, y ese alguien fue el CS, un claro ejemplo de su papel de participación de la sociedad en la gestión universitaria, aunque, eso sí, en colaboración con los órganos universitarios. En el debate actual, que versa sobre la creación de títulos, la competencia última para proponer es del CS, y los órganos universitarios lo único que pueden hacer son propuestas e informes al CS. 

Ambas nociones se recogen en los propios Estatutos de la UMU: el artículo 27.1 dice que «el Consejo Social es el órgano de participación de la Universidad en la sociedad» y el artículo 27.2e, «proponer a la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Gobierno la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a títulos». Sorprendente, ¿no?

El presidente del CS era libre de estar presente o no cuando el Claustro analizase su actuación y ya el propio Consejo Social respaldó su opción y, además, le facultó para no asistir. Pero, en un acto de buena voluntad, decidió acudir. Ahora los claustrales asistentes le responden aprobando reprobarlo y la pregunta que uno se hace es si esa resolución se ajusta a Derecho según los propios Estatutos.

De los títulos propuestos por otras universidades, nada dicen los Estatutos, así que el CS es libre para opinar de forma diferente al rector en esos asuntos. De las reprobaciones tampoco dicen nada, por lo que hay un vacío normativo favorable a Ruano, pero de la moción de censura el art.18.3 dice que «los órganos unipersonales podrán ser revocados por el mismo órgano que los eligió». Ahora bien, el Claustro no elige al presidente del CS, de modo que tampoco puede censurarlo. Y más adelante dice que «suscrita por una tercera parte de sus miembros». Y que «para ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado». Pero resulta que, según el artículo 27.1, el Claustro consta de trescientos miembros y sólo asistieron setenta. Por tanto, parece que no se logra ni la tercera parte necesaria para proponer una moción de censura ni la mayoría absoluta necesaria para aprobarla. Si Ruano recurriese la decisión, yo creo que la Justicia le repondría en su honor.

(*) Primer rector-gestor de la UPCT

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2015/10/15/claustro-consejo-social/684330.html 

La Europa de los nacionalismos / Félix de la Fuente Pascual *

Le nationalisme, c’es la guerre

Este grito lanzado por Mitterand en 1995 ante el Parlamento Europeo, y que se ha repetido estos días, tiene hoy, veinte años más tarde, la misma actualidad de entonces. Pero conviene que lo analicemos en todo su contexto. No, no se refiere únicamente a los nacionalismos regionales, por graves que sean las amenazas de estos últimos. Hay un nacionalismo de los Estados que, aunque no sea la causa ni la excusa de los nacionalismos regionales, puede ser igual de peligroso. La UE, que nació con ese deseo de fundamentar la paz en una relaciones sólidas de auténtica democracia, se encuentra hoy en día dominada por los gobiernos nacionales y estos, a su vez, por el poder absoluto de los partidos. Este es el verdadero nacionalismo de los Estados.

La última semana prometí hablar del expolio de la soberanía del ciudadano de la Unión Europea, y quiero hacerlo hoy desde el convencimiento europeísta más profundo y desde la rabia más reconcentrada contra todos estos políticos mediocres, mesías de los nacionalismos, que nos quieren vender la idea de que la soberanía del pueblo español depende de la soberanía de su gobierno o de su partido de turno y de que la soberanía de los ciudadanos depende de tener más o menos representantes nacionales en las instituciones de la UE,  cuando en realidad la soberanía de los ciudadanos consiste en que las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos  ocupen  el centro de toda la política, independientemente de la nacionalidad que tenga el que nos gobierne.

Nos hablan de pérdida de soberanía de España, cuando lo único que pretenden es copar los puestos de influencia en las instituciones de la UA.

Dentro de la UE, los nacionalismos de los Estados  están produciendo los mismos enfrentamientos  y fomentado los mismos egoísmos entre los ciudadanos de los diversos países que los que originan los nacionalismos regionales entre los ciudadanos de las diferentes regiones de  España. Los nacionalismos de los Estados son la principal causa del estancamiento en que se encuentra el proceso de unificación europea, y con la excusa de los intereses de la nación y de la soberanía nacional, los políticos lo único que están defendiendo son los intereses personales o de su partido.

La Unión Europea no avanza porque los gobiernos nacionales no gobiernan ni dejan gobernar, no resuelven los problemas pero tampoco quieren unirse para resolverlos conjuntamente. La soberanía de los gobiernos de la Unión Europea es prácticamente nula, porque separadamente son incapaces de resolver los grandes problemas de la sociedad, pero se niegan a renunciar a su parcelita de poder, aun a sabiendas del gran perjuicio que están produciendo a los ciudadanos.

Pretenden ser los señores cuando en realidad son unos mandados.

¿Qué papel juega el ciudadano en la UE? A nivel nacional, decía la última semana, el ciudadano es al menos teóricamente soberano, pero a nivel de la UE  no es soberano ni siquiera teóricamente. 

¿Cómo se puede compaginar entonces el concepto de ciudadano de la UE con la falta de soberanía de ciudadano de la UE?  ¿De qué sirve que el ciudadano de la UE pueda elegir directamente a sus representantes para el Parlamento Europeo si son los Estados o el Consejo de la UE los que llevan la voz cantante en toda la política de la UE? ¿Estamos ante una Unión de Ciudadanos o ante una Unión de Estados?

Según el Tratado de la Unión Europea  (artículos 1 y 5) son los Estados miembros los que “atribuyen las competencias”  a la UE, no los ciudadanos. A nivel nacional los poderes del Estado emanan de los ciudadanos, pues la soberanía reside en el pueblo español. En la UE los poderes de las instituciones emanan de los Estados. Luego son los soberanos son Gobiernos de los Estados miembros, no los ciudadanos  Es lógico que en los inicios los UE, entonces Comunidad Económica simplemente, fuera así, pero desde sus inicios   la UE estaba llamada a ser algo más, y, aunque en las tres primera décadas de su existencia se dieron grandes paso hacia una Unión de los ciudadanos, sin  embargo ese proceso se paralizó  y incluso se ha dado marcha atrás.

En la Unión Europea ni los ciudadanos son soberanos, ni tampoco lo son sus representantes, es  decir los europarlamentarios. Según el Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo queda sometido al control de los parlamentos nacionales (art. 5) para que no se extralimite en sus funciones. No se trata de un principio de colaboración entre los parlamentos nacionales y el parlamento europeo, sino de un mandamiento de control, según el cual los parlamentos nacionales actúan de policías frente al Parlamento Europeo. Esto también es nacionalismo: ¡un parlamento nacional controlando a otro parlamento!  ¿Qué diríamos si los parlamentos autonómicos españoles pudieran contralar la actividad del Congreso de los Diputados?

¿Puede un ciudadano de la UE sentirse orgulloso de su ciudadanía, cuando ésta se encuentra vacía de contenido, es decir orgulloso de una ciudadanía que no es soberana?  ¿Y qué diríamos si un extremeño al dejar de ser extremeño, p.e. al trasladar su domicilio a Portugal, dejara de ser español por el hecho de marcharse de Extremadura? Pues la ciudadanía europea está dependiendo de la respectiva ciudadanía nacional, y si una persona pierde la ciudadanía  española, pierde al mismo tiempo la ciudadanía europea. Estamos, por tanto, ante una ciudadanía de segunda categoría, que está dependiendo de la ciudadanía española.

El mal de Europa es el mismo mal de España y de los otros países europeos, y el mal de España no se resolverá mientras no se resuelva el mal de Europa, es decir mientras el dominio absolutista de los partidos políticos no deje paso a la participación del ciudadano europeo. Y los nacionalismos regionales no desaparecerán mientras en la UE no desaparezcan los nacionalismos de los Estados y no lleguemos a una auténtica unión política.

(*) Funcionario jubilado de la Comisión Europea

Métodos propagandísticos nazis / Joaquín Abad *

Los movimientos propagandísticos que desde la Generalidad se están fomentando para manifestar la voluntad rupturista con el Estado Español me recuerdan viejos e históricos documentales. Si, donde Hitler era aclamado por muchedumbres que luego fueron violentos nazis que provocaron la segunda guerra mundial.
Y es que hasta en el saludo de Artur Mas se asemeja al de Adolf. Qué pena. Generaciones de dejadez de los sucesivos gobiernos han permitido que desde esa parte de España sus ciudadanos, muchos, millones quizá, se sientan no españoles. Y no se den cuenta de que durante más de treinta años han soportado a unos políticos que se han dedicado a hacer fortuna robando, como el ex honorable Jordi Pujol. Pura sociedad hipócrita que consentía el famoso tres por ciento denunciado por el President Pascual Maragall hace diez años en sede parlamentaria.
Que cientos de alcaldes acompañen a Artur Mas en su paseillo hasta el Tribunal Superior de Justicia para declarar ante el juez instructor, por su responsabilidad en la consulta el 9 de noviembre del pasado año, también nos recuerda cuando el exministro socialista José Barrionuevo, un 11 de septiembre del 1998, ingresaba en la cárcel de Guadalajara por su inculpación en los crímenes del GAL.
También fue acompañado por una multitud, unas siete mil personas, entre los que se encontraban altos cargos socialistas capitaneados por el propio Felipe González. Parece que la Justicia no se intimidó y el exministro pasó algunos meses entre rejas, hasta que el gobierno de Aznar lo indultó abandonando la cárcel el 24 de diciembre de ese mismo año.
Pues eso. En Cataluña, desde hace muchos años, se respira un enrarecido aire fascista donde no tenían cabida los que no seguían la hoja de ruta marcada por los hombres de la Generalidad. A comienzos de siglo me tocó crear, por encargo de una empresa editora vinculada a un constructor, poner en marcha un diario en papel y digital para la zona de Santa Coloma, en Barcelona.
Aquel diario, El Barcelonés, se editó en castellano a pesar de las amenazas verbales y a gritos de las autoridades que nos indicaban que debíamos desterrar el lenguaje del reino, en favor del catalán. Como las amenazas nos las pasamos por ese sitio, pues ya se encargaron, desde el gobierno de la plaza de San Jaime, circular entre los posibles clientes de la zona que no consideraban adecuado que insertaran publicidad en El Barcelonés.
En determinados ambientes de Cataluña, desde hace muchos años, se vive un ambiente enrarecido, fascista y dictatorial defendiendo una hoja de ruta rupturista con España. Y como en cualquier dictadura, ha contado con la complicidad de medios informativos que han apoyado sin fisuras la postura oficial. A cambio, eran regados con millones de publicidad institucional, sin la cual a lo mejor no habrían sobrevivido a la pasada crisis de la prensa.
Y gracias a ese lavado de cerebro en colegios y universidades, durante varias generaciones, tenemos a cientos de miles, millones, de catalanes que, como en la Alemania de Hitler, están convencidos de que su futuro está ligado a los dictados de iluminados como Artur Mas y su banda de políticos que llevan decenas de años acumulando millones de comisiones en paraísos fiscales. Una banda de políticos corruptos que en última instancia no quieren ser llamados a declarar por la Audiencia Nacional, en Madrid, que no en Barcelona, donde jueces y fiscales están en su nómina.

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

Hagan juego / Ramón Cotarelo *

Hay que remontarse a las elecciones de 1977 y 1979, casi como de otra era, para encontrar un panorama de ofertas tan abierto como el de ahora. La gente tiene en donde elegir; tanto que parece algo desconcertada.Y los partidos, las ofertas, ultiman sus preparativos en zafarrancho final de escuderías.

Sánchez ha fichado o pescado a Irene Lozano para la lista por Madrid y como asesora directa suya. Es un salto tan prodigioso que nadie se ha atrevido a llamarlo transfuguismo, quizá por pensar que eso solo se da en el orden municipal o porque, en realidad, la legislatura está acabando. Pasar de número dos de UPyD, camino del ocaso de los dioses, a casi número dos del PSOE y hasta ministrable y por teléfono es signo de los tiempos de las telecomunicaciones. Añádanse esas confusas declaraciones sobre las intenciones del PSOE con la reforma laboral y se entenderá que hay mar de fondo en el partido o en lo que quede de él. Las redes lo prueban. Cunde el temor de que el PSOE está tirando de los votantes del PP en preparación de una coalición con la derecha civil, la incivil o, incluso, las dos. Probablemente esta perspectiva tranquiliza a los mercados que desean deshacerse de Rajoy al precio que sea y cuanto antes pero no quieren aventuras por las izquierdas.

Perdidas las ilusiones de una alianza con los barandas de la izquierda de Podemos, Garzón se lanza a la constitución del baluarte Ahora en común que está edificado sobre otros anteriores, primero IU y, más abajo, el PCE. Tres capas en total. Le faltan para llegar a las nueve de la vieja Ilión, pero todo se andará con el paso del tiempo. El joven dirigente se pronuncia en contra de la política espectáculo. Debe de referirse a la abundante presencia mediática de sus rivales. No creo que se refiera a la sociedad del espectáculo, de Guy Debord porque su queja, me malicio, no es por el hecho del espectáculo en sí sino porque lo representan otros y no él.

Los amos del espectáculo, los de Podemos, lo son tanto que han acabado confundiendo los medios con los fines. Los fines son ahora los medios, estar en los medios, vivir literalmente en ellos en una especie de reality show, a punto de convertirse en una serie, algo así como vidas rebeldes. Pero el principio de la realidad, armado con una temible piqueta, está afectando la escasa solidez de una estructura sostenida tan solo en la esperanza de triunfos arrolladores, convertidos en resultados mediocres o catástrofes sin paliativos, como la catalana. Los sondeos les son tan desfavorables que se han sacado uno propio como premio de consolación. Su reto ahora es llegar a diciembre, no como una opción de gobierno sino de mera alianza parlamentaria.

El PP es un desbarajuste de camarote de los hermanos Marx. Los diputados se insultan en el hemiciclo; los ministros se ponen de chupa de dómine; cada cual va a su bola; el presidente viaja por la estratosfera machacando el inglés; y los cargos intermedios están buscando sitio desesperadamente ante un resultado que los deje con la mitad de la representación. Adios cargos, sueldos, sobresueldos, dietas, subsidios y otras gravosas cargas del servicio público. Cómo estará la cosa que han ido a preguntar a C's las condiciones de una posible coalición y Rivera, como Herodías, ha pedido la cabeza del Bautista Rajoy.

Con permiso del PSOE, C's resulta ser el comodín. Por eso, la pelea real es entre estos dos partidos. Los otros tres irán de outsiders, uno por la derecha y otros por la izquierda. PSOE y C's tienen muchos elementos en común. Los iconográficos son obvios: Sánchez y Rivera se parecen, siendo uno como el otro unos años antes o después. Los otros tres se diferencian bastante de estos y entre sí. Rajoy parece sacado de un Blanco y Negro de primeros del siglo XX, Iglesias recuerda un grafitti y Garzón semeja un camafeo.

En cuanto a los discursos, hay menos parecido, pero lo habrá porque ambos lo buscan. C's no tiene programa digno de tal nombre, sino una sarta de propuestas inconexas pero de cierto impacto social y vistosidad. El PSOE parece inclinado a adoptar igual actitud: mensajes breves, claros, aislados. Nada de un cuerpo de doctrina, un programa que nadie lee y solo te lo sacan cuando lo incumples. Frente a esta alada ligereza, las otras tres propuestas son tres fracasos casi avant la lettre. La de Podemos porque lleva pinta de ser un mazacote indigesto cargado de ideología. La de IU porque nadie la entiende. La del PP porque, aunque todo el mundo la entiende, nadie la cree.

De todas formas lo anterior es hablar por hablar. En dos meses pueden pasar muchas cosas. Y pasarán. Por ejemplo, es de esperar que haya más información sobre C's, que es un partido oscuro y rodeado de misterio. Los catalanes lo conocen hace ya nueve años y suelen sostener que es igual que el PP o peor. Pero ha duplicado su representación en el Parlamento. O sea, no lo conocerán tan bien. La cuestión es si el partido puede repetir en las elecciones generales la hazaña catalana. Para decidir algo aquí hace falta mayor información. Y esa mayor información puede influir en sus expectativas de voto en un sentido o en el otro. 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Murcia, la región española con más personas en riesgo de pobreza tras la africana Ceuta

MADRID.- Las tasas del  indicador europeo AROPE alcanzan al 44,9 % de la población censada en la Región de Murcia y al 47,9 % en la ciudad autónoma de Ceuta, frente al 14,5 % de Navarra o el 15,3 % del País Vasco.

13.657.232 personas viven en España en riesgo de pobreza y/o exclusión social (el 29,2 % de la población) y de ellos, 3,2 millones están en situación de pobreza severa y más de un millón se encuentran en la peor situación económica y social posible.

Estos son los principales datos del V Informe "Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2014", de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado hoy en rueda de prensa.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales del INE, pone de relieve que el indicador europeo AROPE llega a un 29,9 de los españoles, lo que sitúa a España en el segundo puesto de la Unión Europea en pobreza infantil y desigualdad.

Este indicador mide tres factores de desigualdad: pobreza relativa, privación material severa y baja intensidad de trabajo en el hogar.

El riesgo de pobreza y exclusión es similar en hombres y mujeres, pero hay diferencias entre los grupos de edad. Así, afecta a 3 niños de cada 10.

La situación es heterogénea a nivel territorial como consecuencia del PIB regional diferente, pero sobre todo de las políticas sociales y de protección de cada comunidad autónoma, según el informe.

De este forma, las tasas de AROPE alcanzan el 44,9 % en Murcia y el 47,9 % en la ciudad autónoma de Ceuta, frente al 14,5 % de Navarra o el 15,3 % del País Vasco.

Este índice "divide a España de norte a sur", ha señalado el presidente de EAPN España, Carlos Susías, quien ha explicado que "todo el norte está por debajo de la media nacional y todo el sur por encima".

Del total de la población en riesgo de pobreza, un 2,3 % sufre los tres factores de desigualdad. Se trata de 1.075.741 personas, que son "la parte más dura de la pobreza severa", ha indicado Susías.

Los 3,2 millones de españoles que viven en pobreza severa están por debajo del umbral del 30 % de la media de renta (332 euros mensuales para el hogar de una sola persona), mientras que otros 3,3 millones sufren privación material severa.

Nuevamente, la infancia y la juventud sufren las tasas más altas, al igual que los hogares monoparentales.

En 2014 ha subido 3 puntos el porcentaje de quienes no pueden calentar adecuadamente sus casas.

El tercer indicador (hogares con baja intensidad de trabajo) afecta a un total de 6,1 millones de personas.

A este respecto, el presidente de la ONG ha destacado que "personas que tienen trabajo no consiguen salir de la pobreza por la mala calidad del empleo".

El estudio revela también un alto nivel de desigualdad, dado que el 10 % de la población con ingresos más altos tiene 14 veces más renta que el 10 % con ingresos más bajos. Más aún, el 10 % más rico posee el equivalente a la mitad de todo el ingreso de la población.

La Red defiende un sistema estatal de rentas mínimas, como factor de activación de la economía desde abajo, y empleo de calidad con salarios por encima del umbral de la pobreza.

"La pobreza no es un castigo divino, sino consecuencia de las políticas" de los gobiernos, ha asegurado Susías, quien ha rechazado la teoría de la lluvia que hace que al final todo se moje porque "lo que estamos viendo es que los de arriba se están ahogando de agua y los de abajo siguen secos".

Sánchez arranca a la ministra agua desalada para los regantes de la Región a 30 céntimos el m3

MADRID.- El Gobierno regional murciano, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y los regantes murcianos han alcanzado hoy un “acuerdo histórico” para abaratar de forma excepcional el precio del agua desalada, a través de ayudas que ascienden a ocho millones de euros para subvencionar un total de 50 hectómetros cúbicos de agua desalada.

Este acuerdo es el resultado del compromiso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió con el jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, y los regantes murcianos, como consecuencia de la sequía que atraviesa el regadío regional.

Tras la reunión, Pedro Antonio Sánchez indicó que este acuerdo, que beneficiará a 146.000 usuarios del trasvase Tajo-Segura y a más de 200 empresas y cooperativas de la Región, “garantiza el agua a agricultores y regantes y aporta más seguridad y más futuro, al permitir que puedan disponer de recursos complementarios mientras dure la sequía y mantener 100.000 empleos en el sector”.

El jefe del Ejecutivo regional y representantes de la Mesa del Agua se reunieron hoy en Madrid con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para abordar “medidas de carácter extraordinario ante una situación que es excepcional”, dijo el presidente de la Comunidad, quien añadió que esta medida “ayuda a minimizar el impacto de la sequía en la Región mientras no se recuperen los embalses de cabecera del Tajo para autorizar nuevos trasvases”.

En base al acuerdo adoptado hoy, se subvencionarán con ocho millones de euros un total de 50 hectómetros cúbicos de agua. De esta cantidad, seis millones se destinarán a subvencionar 30 hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Torrevieja, y los dos millones restantes a subvencionar 20 hectómetros cúbicos en la de Valdelentisco.

En el caso la desaladora de Torrevieja, sus usuarios pagarán el precio del metro cúbico de agua a 30 céntimos de euro, mientras que a los de Valdelentisco se les aplicará una rebaja de 10 céntimos de euros en el precio que hasta ahora pagaban por metro cúbico.

El jefe del Ejecutivo regional destacó que “ésta es la primera vez que se subvenciona el precio del agua desalada”, y subrayó que “ha sido Mariano Rajoy el primer presidente del Gobierno en España en adoptar una medida que es el mejor ejemplo de la solidaridad interterritorial”.

“No obstante -dijo- se trata de medidas provisionales que no pueden desviarnos de nuestro objetivo, que es la puesta en marcha del Pacto Nacional del Agua que resuelva de forma definitiva el problema del agua”, remarcó.

En sus primeros cien días de Gobierno, han sido diversas las reuniones que el jefe del Ejecutivo murciano ha mantenido con representantes de la Mesa del Agua, del Ministerio y con el presidente Mariano Rajoy. En todas ellas, Pedro Antonio Sánchez ha trasladado la “preocupante” situación que vive el regadío murciano y la necesidad de adoptar medidas excepcionales que ayuden a paliar la sequía que sufre la Región de Murcia.

Estas medidas de emergencia serían complementarias a las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, “vitales” para la agricultura, “un sector estratégico” que supone el 5,3 por ciento del PIB regional (más del doble que la media nacional) y para mantener la capacidad exportadora (el 30 por ciento de las frutas y hortalizas de España).

La cuenca del Segura se encuentra en situación de emergencia por la sequía que sufre desde el pasado año hidrológico, lo que ha permitido adoptar medidas excepcionales para conseguir recursos hídricos de diferentes fuentes. Estas medidas temporales han permitido movilizar recursos no asignados de aguas subterráneas y procedentes de la desalinización, la utilización de los volúmenes laminados en episodios de lluvias y la utilización de infraestructuras del Estado para la conducción de los nuevos recursos hasta las zonas de riego.

Entre las medidas aplicadas están la utilización de volúmenes laminados en episodios de lluvias en los embalses de defensa contra avenidas, la puesta en marcha de sondeos propios existentes y de sondeos ajenos, así como contratos de cesión de derechos, entre otras actuaciones que suman un total de 148,24 hectómetros cúbicos.

Además, como complemento, también se aprobó un crédito extraordinario de 30 millones de euros para acometer una serie de obras de emergencia. Entre ellas, se encuentra la conducción de agua desalinizada a los regadíos del Valle del Guadalentín desde la desaladora de Águilas, que es la de mayor importe económico con un presupuesto de 20 millones de euros. En la actualidad, están en ejecución 21 actuaciones de emergencia por importe de 29,2 millones de euros.

En misma línea de trabajo, y tras las enmiendas propuestas por el presidente Pedro Antonio Sánchez, se ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado contemplen una partida de 20 millones de euros que van a permitir contar con más infraestructuras hidráulicas, como aumentar la capacidad de almacenar y distribuir agua, con las nuevas presas de Lébor y las Moreras, así como el recrecimiento de Camarillas, con una capacidad de 130 hectómetros cúbicos de agua.

El presidente de la Comunidad indicó que con este acuerdo se cumple otro de los compromisos adquiridos en la reunión mantenida en septiembre en el Palacio de la Moncloa con el presidente Mariano Rajoy.

“Había dos compromisos claros”, recordó Pedro Antonio Sánchez, “por un lado la ampliación del Decreto de Sequía, aprobada recientemente; y por otro lado, abaratar el precio del agua desalada. Algo que muestra que lo que prometemos, lo cumplimos”, apostilló.

En este sentido, Pedro Antonio Sánchez indicó que “hemos asumido como propias las reivindicaciones de agricultores y regantes y seguimos trabajando en una agenda conjunta con el Gobierno de España para asegurar el agua”.

El dilema diabólico / Ángel Montiel

A ver: ¿qué partido político quiere cargar con la responsabilidad de que los funcionarios de la Comunidad no recuperen el 40% de la paga extra de Navidad de 2012? 

Ahí está el pulso. Ciudadanos anuncia que no votará a favor de la subida del techo de gasto para los Presupuestos de 2016 si el PP no rompe su acuerdo de gobierno en Mazarrón con grupos liderados por políticos imputados, un reclamo que deduce de su pacto con el PP para la investidura de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad. Pero el Gobierno aguanta, pues el montante de la subida del techo de gasto para Murcia, 21 millones de euros que ha concedido el ministro Montoro, es prácticamente equivalente al pago del porcentaje de la extra aplazada cuyo abono, con pretensiones claramente electoralistas, ha prometido Rajoy.

Si no se aprueban los Presupuestos de 2016 habrá que prorrogar los de 2015 y no se dispondrá de dinero para hacer frente al pago de la extra. El PP desviará la frustración de los funcionarios hacia Ciudadanos, a pesar de que éstos intentaban forzar al Gobierno a que adelantara el compromiso de la paga a diciembre en vez de esperar a enero. Pero de benefactores pasarán a ser señalados inmediatamente como irresponsables, capaces de someter las expectativas navideñas de consumo de miles de empleados públicos por un ´simple formalismo´: separar de la influencia en la gobernación de un Ayuntamiento a unos políticos bajo sospecha que ni siquiera son del PP, aunque éste gobierne gracias a ellos.

Véase a Podemos, partido al que a pesar de que se le supone una posición más radical frente a los proyectos presupuestarios del Gobierno popular, sin embargo no ha decidido aún su posición de apoyo o rechazo al techo de gasto. En ese partido, donde abundan los funcionarios y conocen el paño, son tal vez muy conscientes del dilema envenenado a que los somete el Gobierno. Hoy hablarán con el consejero de Hacienda, quien probablemente les explicará la jugada: si votan en contra serán responsables de la suspensión de la extra. Y el Gobierno, encantado políticamente: habría cumplido su promesa sin tener que pagar un euro.

Ante este esquema diabólico parecía predecible que Ciudadanos diera hoy marcha atrás, a pesar de su rotunda posición que podría revisar con alguna otra condición o exigencia, pero el teletipo de la corrupción es siempre inoportuno, y ayer cantó la noticia de que la alcaldesa popular de Torre Pacheco, Fina Marín, había sido imputada por contratar a dedo a una interventora provisional que cubría la plaza del interventor saliente, condenado por prevaricación junto al alcalde anterior. Imposible dar el paso atrás.

Ya no hay margen. El PP deberá exigir de inmediato la dimisión de la alcaldesa de Torre Pacheco para cumplir, ya sin ningún pretexto, el pacto de investidura con Ciudadanos, y de paso poner orden en Mazarrón. Aunque ya veremos. La ´limpieza´ significaría la pérdida de esas dos plazas, en la primera quizá a manos de un pacto PSOE-Independientes, por lo demás ya germinal antes del acontecimiento de la imputación. 

Pero la credibilidad del Gobierno respecto a la tolerancia con las irregularidades está en juego una vez más y, en esta ocasión, también la estabilidad presupuestaria. La cuestión Torre Pacheco ha restado valor a una carta que el PP creía que podría usar poniendo a la oposición en una situación complicada ante los funcionarios. 

Hacer frente al pago del porcentaje de la extra estará, no obstante, a la mano del Gobierno en cualquier circunstancia siempre que disponga del apoyo del ministerio de Hacienda, pero el rodeo para hacerlo sería el recurso extremo para mientras tanto macerar a la oposición, ya casi metidos en campaña electoral. Sin embargo, la reproducción de sucesos-sorpresa como el de Torre Pacheco más los ecos de supuesta corrupción procedentes de la etapa anterior, ponen en constante brete a un Gobierno que no termina de encontrar un camino despejado.

Y esto sin que aún seamos capaces de manejarnos con ciertas señales: si el aumento del techo de gasto se agota en la paga atrasada a los funcionarios ¿de dónde va a salir el dinero para la apertura de quirófanos, atención a la discapacidad y efectos de las rebajas impositivas anunciadas? Por ejemplo.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/10/15/dilema-diabolico/684417.html 

Josefina Marín rechaza dimitir como alcaldesa de Torre Pacheco y niega que contratara 'a dedo'

TORRE-PACHECO.- La alcaldesa de Torre Pacheco, Josefina Marín Otón, del PP, ha asegurado que es "rotundamente falso" que ella o nadie del Consistorio "procediera a contratar a nadie a dedo", y ha desmentido que el nombramiento de la interventora accidental se efectuara "sin seguir ningún procedimiento concreto", por lo que ha rechazado dimitir.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "habiéndose cesado al interventor del Ayuntamiento, se tuvo que proceder al inmediato nombramiento de la persona que hubiera de sustituirle, de forma provisional, teniendo en cuenta que la falta de interventor podía provocar un colapso en el Ayuntamiento".

Todo ello, "hasta que se cubriera la plaza, lo que se hizo en fecha 13 de abril de 2015, en que se cubrió la plaza por la habilitada nacional", según han informado fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

En segundo lugar, ha destacado que no es ella la persona encargada de tramitar ningún procedimiento. "Para eso está la Secretaría General que es la que supervisa el ajuste a la legalidad de todos y cada uno de los procedimientos tramitados en el Ayuntamiento", ha ratificado.

Asimismo, ha ratificado que el nombramiento de la interventora en esa ocasión se efectuó "de forma idéntica a la multitud de ocasiones -unas veinte- en las que con anterioridad se había nombrado a esa misma persona y, lógicamente, se había comunicado".

Además, la alcaldesa ha explicado que, habiéndose denunciado que no se realizó concurso público alguno, "se da la circunstancia de que el denunciante ocupó la plaza de interventor accidental, cuando la suya era de administrativo, desde el 1 de enero hasta el 4 de agosto de 2002, para lo que tampoco se realizó concurso público alguno".

"Obviamente, en aquel momento no le pareció relevante ese dato al ser él la persona nombrada", destaca la alcaldesa.

Por último, ha dejado constancia de su "irrevocable decisión" de ejercer "cuantas acciones, tanto civiles como penales, pudieran proceder" en defensa de sus derechos y de su honor, "contra todos aquellos que, de forma absolutamente cobarde y pretendiendo esconderse entre la masa, han realizado comentarios, entre otros en 'Facebook' y otras redes sociales, gravemente atentatorios contra mi imagen, mi honor y mi reputación".

C's se mantendrá firme en la votación del techo de gasto la semana que viene "si la situación no varía"

CARTAGENA.- El diputado de Ciudadanos (C's), Juan José Molina, ha asegurado que su partido se mantendrá firme en la postura adoptada de rechazar el techo de gasto "si la situación no varía".

En ese sentido, el parlamentario ha advertido que el Gobierno regional ha retirado el documento del techo de gasto, que se iba a debatir esta tarde en la Asamblea Regional, "porque sabían que no estábamos de acuerdo y que había un problema de imputados".

Molina cree la decisión del Gobierno regional se debe a que "querían más tiempo para analizar la situación" porque fue ayer por la tarde cuando se conoció la imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco por un delito de prevaricación.

Los de la formación naranja sí creen que al Gobierno le dará tiempo a presentar los presupuestos en el parlamento regional, ya que el plazo máximo para que entren en la Cámara es el último día de este mes.

Por otro lado, ha explicado que Ciudadanos no está de acuerdo del techo de gasto establecido por el Gobierno porque entienden que el sistema de financiación perjudica a la Región, "los presupuestos de 2015 se inflaron mucho", hay un déficit de más de 7.000 millones de euros y la inversión del Estado ha descendido un 22 por ciento.

"Pedro Antonio Sánchez no ha tenido fuerza política para negociar con Madrid y eso nos va a complicar mucho la vida", ha concluido.

Ciudadanos, el partido que votó la investidura de Pedro Antonio Sánchez como presidente, se niega a apoyar el techo de gasto propuesta por el Gobierno hasta que el Partido Popular deje de gobernar en Mazarrón con tres ediles imputados y exija la dimisión de Fina Marín, alcadelsa de Torre Pacheco. La regidora acaba de ser imputada por un delito de prevaricación administrativa por la designación supuestamente 'a dedo' de una interventora municipal.
Se trata de un hecho sin precedentes, ya que desde que se aprobó en 2012 la ley de estabilidad presupuestaria que establece la necesidad de que el Parlamento autonómico apruebe el techo de gasto antes de elaborar los presupuestos, este siempre había salido adelante.

'Podemos' considera "inadmisible" la retirada "improvisada" del documento del techo de gasto

CARTAGENA.- El diputado de Podemos, Antonio Urbina, considera "inadmisible" la retirada "improvisada" del documento del techo de gasto por parte del Gobierno regional para evitar que esta tarde fuera rechazado en la Asamblea Regional.

Urbina se ha mostrado "sorprendido" de la retirada esta tarde del documento. "Nos sorprende mucho la retirada y la trivialidad del Gobierno", ha afirmado.
Aunque Podemos había repetido en varias ocasiones que iban a escuchar la exposición del consejero de Hacienda sobre el techo de gasto establecido para la Comunidad para el próximo año antes de decidir su voto, Urbina se ha mostrado contrario del límite de 4.099 millones de euros porque "es insuficiente".
El parlamentario ha recordado que la Comisión Europea ha dicho que los presupuestos de España incumplirán el objetivo de déficit, por lo que ha expuesto la alternativa de que el Gobierno nacional "retire los presupuestos y deje que sea el próximo gobierno el que los haga antes de obligarles a tener que recortar entre 7.000 y 10.000 millones de euros".

El PSRM asegura que la retirada del techo de gasto "evidencia un gobierno inestable"

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM y portavoz de este partido en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, ha asegurado esta tarde, tras conocer la noticia de que el Gobierno ha retirado el documento del techo de gasto, que debía haberse debatido hoy en el parlamento regional que esto "evidencia un gobierno inestable".

El socialista ha achacado al Partido Popular que "está más preocupado por sus problemas internos que por los problemas de la ciudadanía". Tovar ha hecho así referencia a la reciente imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco en un delito de prevaricación.
Para el portavoz del PSRM, "clama al cielo la falta de regeneración democrática del PP". Además, de eso ha criticado que la Administración regional "no puede ser refugio de alcaldes que han renunciado".
Desde el PSRM también han informado de que el PP no les ha pedido opinión sobre el techo de gasto, aunque esperan que "recomponga una situación muy difícil cambiando de actitud porque no pueden tener la misma actitud política que en las últimas legislaturas".
Por otro lado, el diputado del PSRM Ángel Rafael Martínez ha asegurado que "el techo de gasto es una sinrazón" y considera que el PP ha de elaborarlo "sabiendo si quieren cumplir el 0,3 por ciento de déficit". Ha echado en falta objetivos por parte del Gobierno regional. "Va a salto de mata y a resolver lo que acontece en el día a día", ha apostillado.

El Gobierno regional retira el techo de gasto ante la falta de consenso para su aprobación

CARTAGENA.- El Gobierno regional ha retirado esta tarde el documento del techo de gasto de la Comunidad Autónoma, que estaba programado debatirse hoy en la Asamblea Regional.

El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, no defendió finalmente esta tarde el techo de gasto del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016 en la Asamblea Regional, tal y como estaba previsto. La negativa de Ciudadanos y del resto de grupos parlamentarios a respaldar la propuesta del Gobierno, que constituye el paso previo para la elaboración del presupuesto para el próximo año, ha hecho desistir a Carrillo, que evita así el voto en contra de los tres grupos de la oposición.

La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, ha explicado que este gesto responde a "un acto de responsabilidad del Gobierno porque se ha entendido que no existía el suficiente consenso" para su aprobación en el parlamento regional.

Según Pagán, si se hubiera debatido el techo de gasto en la Asamblea Regional y se hubiese rechazado por la Cámara, como era previsible que ocurriera, el Gobierno hubiera tenido que elaborar un nuevo techo de gasto. "No se puede presentar otro porque obedece a criterios técnicos y no hay otra forma de poder calcularlo", ha dicho.

La titular de Presidencia ha apuntado también a que el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del año 2016, cuya cifra asciende a cerca de 4.100 millones de euros, "es necesario para sacar adelante los presupuestos".

Además, ha añadido que el Gobierno regional intentará que el techo de gasto se pueda debatir la semana que viene en la Asamblea Regional.

UIDM exige a la alcaldesa de Mazarrón que "deje de ponernos como excusa y explique la verdad sobre el cuatripartito"

MAZARRÓN.- Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) ha exigido a la alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, que "deje de ponernos como excusa para justificar el pacto al que ha llegado con los nuevo concejales que componen su equipo de gobierno y sobre el que tiene que decir la verdad de por qué lo ha hecho".

 
Considera que "no cabe tal moción de censura pues nunca vamos a negociar con algunos de los concejales de la actual corporación municipal".

Campillo también le ha recordado que dieron su apoyo a la lista más votada en su investidura y "nunca hemos pensado en una moción de censura". En todo caso, "son los partidos con los que ha pactado los que le han presionado con la sombra de la moción y por ello, una vez más, le ha faltado 'cintura política' a la alcaldesa".

Desde UIDM han criticado "la incapacidad política que está mostrando la alcaldesa" pues, como ha explicado Ginés Campillo, "cuando nosotros hicimos el cuatripartito fueron todo críticas. Ahora lo hace ella y es bueno, no pasa nada. Así que ya está bien de hipocresía, de mentiras y de ponernos de pantalla para justificar absolutamente todo".

También espera que en los próximos días "se desbloquee la situación que ha llevado a suspender la votación sobre el techo de gasto para los Presupuestos regionales".

 

La Comunidad Autónoma inicia las actuaciones para evitar posibles riesgos en el vertedero de Abanilla

MURCIA.- La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha iniciado los trabajos para eliminar posibles riesgos en el vertedero que la empresa Proambiente tiene en Abanilla.

Además, promueve los expedientes administrativos para avanzar en la recuperación integral del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Sierra de Abanilla.

Estas actuaciones se llevan a cabo tras la revocación, el pasado 25 de septiembre, de la Autorización Ambiental Integrada de la ampliación del vaso número 3 y el acuerdo de incautación de las fianzas depositadas por la empresa, con el fin de garantizar la ejecución de la restauración ambiental.

Los técnicos de la Dirección General, tras inspeccionar la zona el pasado 6 de octubre, constaron la necesidad de llevar a cabo, de manera inminente, una serie de actuaciones para eliminar posibles riesgos derivados del incumplimiento por parte de la empresa de la ejecución del proyecto de restauración, conforme al cronograma aprobado por la Dirección General.

Posteriormente, el 7 de octubre se dictó una resolución para la "ejecución forzosa subsidiaria" por parte de la Administración del proyecto de restauración, que se realizará con cargo a la empresa Proambiente. Al respecto, se están acometiendo los trabajos de retirada de lixiviados, que son trasladados mediante camiones cisternas a gestores autorizados.

Al mismo tiempo, se están diseñando las próximas actuaciones, así como los estudios necesarios tendentes a garantizar la restauración del vertedero de residuos sólidos urbanos en el paraje La Solana Sierra de Abanilla y su adaptación al Real Decreto 1481/2001, así como la ejecución del programa de medidas compensatorias del LIC para la recuperación de la integridad de este paraje de la Red Natura.

Los ediles de AS ponen sus delegaciones a disposición de la alcaldesa de Mazarrón para no obstaculizar los presupuestos regionales

MAZARRÓN.- Los concejales integrantes de la lista Alternativa Socialista por Mazarrón, Francisco García Méndez y Juan Miguel Muñoz Blaya, han decidido poner las delegaciones que ostentan a disposición de la alcaldesa, Alicia Jiménez, con la intención de que su presencia "no sea ningún obstáculo para la aprobación de los próximos presupuestos autonómicos".

Los concejales han tomado esta decisión después de que Ciudadanos anunciara que votaría este jueves en contra del techo de gasto de la Comunidad Autónoma si el PP "no elimina los imputados del gobierno de Mazarrón".

Los concejales han dejado constancia de su decisión "en el lugar y a las personas oportunas para que se inicien los procedimientos legales establecidos", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.
Posteriormente, la alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, ha aceptado la renuncia manifestada por los concejales de Alternativa Socialista, en aras de "no entorpecer la aprobación de los presupuestos regionales, imprescindibles para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma".

En próximas fechas se dará a conocer la nueva composición y la reasignación de las delegaciones que los citados ediles asumían: Personal, Patrimonio, Parques y Jardines.
El equipo de Gobierno, informa el Consistorio, "seguirá trabajando con la premisa de asegurar la mejor gestión posible en beneficio de los vecinos de Mazarrón".

El Pleno de la Asamblea aprueba por unanimidad una declaración institucional sobre la pobreza

CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha procedido a la lectura y aprobación por unanimidad de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza que ha puesto en pie a las doscientas personas que abarrotaban el Patio de las Comarcas y que han ovacionado a los diputados regionales.

La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, no ha dudado en calificar de "mágico" y "emocionante" ese momento por la sintonía total entre los ciudadanos y sus políticos que reflejaba. "Ver casi doscientas personas y a los diputados todos de pie aplaudiendo, ha sido un momento realmente emocionante, porque estábamos señalando que a veces es posible, y por tanto, debería ser posible siempre, esa sintonía entre lo que los políticos aprueban y los ciudadanos piden. Ha sido un momento mágico y a mi me gustaría que se repitiera más veces".

La declaración aprobada por los diputados de los cuatro Grupos Parlamentarios: Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, recoge en su preámbulo la obligación de los poderes públicos de garantizar "mediante el desarrollo de una política económica y social progresiva, el desarrollo humano y democrático, la inclusión social y la participación ciudadana".

El texto aprobado recoge que "el aumento de la desigualdad, revela que la crisis ha golpeado con mayor intensidad y dureza a los grupos sociales más desfavorecidos (personas con discapacidades, minoría gitana, personas sin techo, inmigrantes, personas con adicciones, entre otros colectivos) también a la clase media, y explicita la debilidad de las políticas sociales implementadas hasta ahora, ya que no han conseguido frenar el avance de la pobreza ni reducir la desigualdad social".

Los diputados ponen de manifiesto que nuevos grupos de población han caído bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social, incrementando intensamente las demandas de ayudas de subsistencia, como ropa, medicinas, pañales, dinero para hacer frente a créditos, pagos de luz, alquileres, etc; y exponen que la "pérdida del empleo, o la alarmante cifra de empleos de baja remuneración que se han generado en los últimos años, ha dejado a estos hogares en una posición difícil, y muy especialmente si tienen que hacer frente a gastos de vivienda (alquiler o hipoteca)."

En la declaración institucional aprobada hoy se puede leer que "la tasa de riesgo de pobreza, el porcentaje que mide la falta de ingresos, se sitúa en la Región de Murcia en un 37,2%, este porcentaje de murcianos y murcianas ingresan menos de 7961 euros al año, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada en mayo de 2015".

Y la tasa de pobreza infantil en el 37,7 por ciento, de acuerdo con el informe sobre la infancia en España 2014, elaborado por UNICEF; al tiempo que se denuncia la existencia en la Región de Murcia de "zonas geográficas en las que se da una concentración espacial de la pobreza, produciéndose la segregación territorial de las poblaciones más vulnerables y bolsas de pobreza".

"El Banco Mundial, así como otros organismos internacionales, en sus estudios y proyecciones a largo plazo, insisten cada vez más en que más allá de los costes sociales que pueda tener el apoyo a las personas excluidas, el gran coste, que ninguna sociedad se pude permitir, es la pérdida de oportunidades que significa tener a tantas personas al margen del sistema productivo (especialmente si se tienen en cuenta las previsiones demográficas)", destaca el manifiesto.

"Los problemas sociales, si no se abordan a corto plazo, no solamente suponen un mayor coste económico en el medio plazo, sino que deterioran la imagen de las ciudades y los territorios y en definitiva les hacen menos atractivos para la inversión, el turismo, etc", según indica el texto aprobado por la Asamblea.

En la parte resolutiva de la declaración, el Pleno de la Asamblea Regional hace suyas tres grandes propuestas: garantizar un sistema de ingresos mínimos que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza, teniendo en cuenta la composición familiar; medidas específicas de reducción de la pobreza infantil, mediante acciones globales de apoyo integral a las familias y acciones específicas de garantía de acceso a los derechos básicos (educación, sanidad, vivienda, ect.) y medidas específicas de apoyo a la inserción social y laboral de los grupos vulnerables, estableciéndose objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de este grupos.

Tras la aprobación de la declaración institucional por el Pleno de la Asamblea, los asistentes a la sesión plenaria se han concentrado ante la fachada de la sede parlamentaria, donde han procedido a la lectura del Manifiesto elaborado con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, en el que reivindicaban que la lucha contra la pobreza y la desigualdad se sitúe en el centro de la agenda política y la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión en España y en el mundo.

Denuncian la reactivación del Plan Parcial para la urbanización de Cala Reona, junto al Parque Regional de Calblanque

CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Asociación para la Defensa de Cabo de Palos (ADECA) denuncian la tramitación por el Ayuntamiento de Cartagena del Plan Parcial de Cala Reona, para el desarrollo de un proyecto urbanístico ampliamente rechazado por la ciudadanía, que afectaría a parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila, y que está amparado por un Plan General anulado por los tribunales.

El proyecto urbanístico de Cala Reona, una cala colindante al Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Aguila, fue iniciado en 2010 por la anterior corporación municipal del Ayuntamiento de Cartagena, que recuperó un Plan Parcial de la década de los 80 durante la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Esta reclasificación fue objeto de una fuerte oposición ciudadana, que se expresó en el envío de 15.000 firmas en contra de la urbanización y una marcha en la que participaron más de un millar de personas. La notable oposición tuvo como resultado la imposición de un estricto condicionado por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que impedía la urbanización de la fachada litoral de Cala Reona.

La Comunidad Autónoma ha remitido a ANSE la documentación ambiental del Avance del Plan Parcial de Cala Reona (Sector NCP Cabo Palos), dentro del procedimiento de consultas institucionales, continuando así con los trámites administrativos para permitir la urbanización de la zona iniciados por la anterior corporación municipal del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por Pilar Barreiro.

El proyecto de conjunto residencial-turístico está promovido por el Ayuntamiento de Cartagena a partir de la petición de los propietarios mayoritarios de la zona: E.I. Atamaría S.L., La Solana de Carrascoy S.L., Duerna, S.A. y Costa Paradiso, S.A., (propietaria de buena parte de la fachada costera de Calblanque). Se desarrollaría sobre una superficie de 650.000 m2 con una edificabilidad de 0,15 m2. El sector de Suelo Residencial ocuparía casi 200.000 m2, y el Hotelero más de 65.000 m2, además de otros equipamientos como carreteras, aparcamientos, y una zona comercial en primera línea de playa.

El Plan Parcial deriva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que clasifica el suelo como Suelo Urbanizable sin Sectorizar. Este Plan General fue aprobado por la Comunidad Autónoma en 2011, pero que ha sido anulado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por considerar que el documento aprobado presentaba múltiples y graves defectos.

ANSE y ADECA opinan que el Plan Parcial incumple también las determinaciones del PGMO anulado por el TSJ, ya que indicaba para Cala Reona, a petición de la Comunidad Autónoma, que "Se preservarán de transformación urbanística las zonas con fuertes pendientes, especialmente las vertientes que dan al Mar Mediterráneo comprendidas entre el límite del Parque Regional y la carretera de acceso a la playa". Sin embargo, el Plan Parcial  prevé la transformación urbanística de una amplia zona comprendida entre el límite de Calblanque y la carretera de acceso de la cala, con usos turístico-hoteleros y residenciales.

El Plan Parcial pretende establecer una instalación turístico-hotelera casi en primera línea de playa, acoplada a un Equipamiento Libre Privado que llegaría hasta el mismo Dominio Público Marítimo Terrestre, y un vial con dos carriles en cada sentido para acceder a la Cala. La actuación supondría la destrucción física y paisajística del entorno montañoso de Cala Reona, con graves efectos ambientales sobre el límite Este del Parque Regional de Calblanque, en  una actuación propia de un modelo de desarrollo caduco, más parecido al del "hotel El Algarrobico" (Almería) que al límite de un Parque Natural.

La documentación ambiental recibida por ANSE reconoce por primera vez que el Plan Parcial incluye 9,71 ha del Parque Regional de Calblanque, que pasaría a formar parte del Sistema General de Protección Natural Mejora de Parque, y del que se obtendría edificabilidad para las zonas residenciales limítrofes. Esta inclusión de terrenos protegidos en el ámbito del Plan Parcial respaldan la ilegalidad de este proyecto urbanístico.

Las organizaciones demandan al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena que asuma la sentencia que anuló el Plan General de Cartagena (que contó con los votos en contra de PSOE y Movimiento Ciudadano) e inicie los trámites para elaborar una nueva planificación urbanística que subsane las deficiencias del documento aprobado, y que evite diferentes desarrollos urbanísticos como el de Cala Reona. Ambas organizaciones anuncian que adoptarán todas las medidas legales a su alcance para evitar la urbanización de este emblemático espacio costero.

No más vertidos al Mar Menor

Por otra parte, el PSRM logró hoy aprobar por unanimidad en la Asamblea una moción para pedir la paralización de los vertidos de la rambla del Albujón en el Mar Menor, al incluir propuestas del resto de los grupos parlamentarios en el texto inicial.
on su moción, los socialistas quieren que la Comunidad Autónoma tome las "medidas correctoras necesarias con carácter urgente" para acabar con los vertidos del Mar Menor procedentes de dicha rambla. Además de esto, el PSOE quiere que se inste al Gobierno nacional a que la Confederación Hidrográfica del Segura también tome las medidas necesarias en este sentido.
Durante su intervención, el socialista Antonio Guillamón achacó al Gobierno de "20 años" del PP "olvidar esta joya de la corona, ya que no ha hecho nada por impedir su deterioro y sigue habiendo vertidos en esa rambla de El Albujón a pesar de que la laguna tiene cinco figuras de protección".
A su vez, plantearon que se podría crear una comisión especial del Mar Menor para que se acabe con los vertidos y que la Confederación Hidrográfica del Segura, "cuyo presidente rehuye comparecer en la Asamblea y está imputado por el caso Novo Carthago, tome las medidas correctoras necesarias, con carácter urgente, para acabar con los vertidos".
Los grupos como el PP, con su diputado Jesús Cano, planteaban que esto se llevara a cabo a través del Plan de vertidos 0 al Mar Menor. "Y que se lleven a cabo de actuaciones necesarias para garantizar la salubridad de los baños", manifestó el popular, que también incidió en que habría que recoger las aguas residuales, depurarlas y reutilizarlas para regadío.
A esto Podemos le añadió que se desarrolle desde la Consejería de Agricultura un programa de medidas agroambientales "para que se reduzca la excesiva fertilización de los cultivos y la inadecuada gestión de los residuos procedentes de las explotaciones ganaderas". Ellos recordaron que se vierten 2.000 toneladas al año de nitrógeno y 60 de fósforo.
Por su parte, desde Ciudadanos se pidió acceder a la información que tiene el Gobierno regional sobre la tramitación, solicitud y concesión de la iniciativa territorial integral aprobada por el Mar menor y que este proyecto se publique en la web. "Queremos que se especifique en qué actuaciones se van a materializar los 45 millones de euros que destinó la Unión Europea para realizar acciones específicas en el Mar Menor", apostilló.

El PSOE no descarta la moción de censura a Ballesta si el PP sigue sin cumplir las mociones aprobadas

MURCIA.- José Ignacio Gras, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, acompañado por los concejales socialistas, ha hecho balance de los cuatro meses de Gobierno municipal durante un desayuno informativo. El resumen para Gras pasaría por "algo se ha hecho y los ciudadanos casi no aprecian cambios", o lo que es lo mismo: "palabras muchas, hechos muy pocos", según adelanta en su edición digital 'La Opinión'.

En cuanto a la labor del alcalde de Murcia, José Ballesta, el socialista ha manifestado que "ha utilizado muchos anuncios y promesas" que no han servido para nada.

Asimismo, destacó todas aquellas mociones que se han aprobado en los distintos plenos, pero que el Equipo de Gobierno no ha ejecutado.

Ante esto, Gras aseguró que se ha dado un margen de confianza, pero, de cara a 2016, "su no hubiera respuesta positiva, claro que habría que plantearnos la moción de censura".

Miguel Sánchez (C's) dice que el PP quiso negociar los presupuestos, pero "no les dejamos que abrieran la carpeta"

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha confirmado este jueves que hace unos días recibieron una visita del PP para negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma, "pero no les dejamos que abrieran la carpeta". Para Sánchez, "los murcianos no podemos tener a un presidente que incumpla promesas".

El portavoz de la formación naranja se ha referido de esta manera al pacto que hizo el PP en Mazarrón con partidos de la oposición con imputados en sus listas para poder formar gobierno y a lo que se ha sumado la reciente imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco por un presunto delito de prevaricación. Estas situaciones harán que Ciudadanos vote esta tarde en contra del techo de gasto de la Comunidad para el próximo año.

El portavoz de Ciudadanos ha advertido en repetidas ocasiones al PP que solo se sentaría a negociar con ellos si eliminaba los imputados del Gobierno de Mazarrón, a lo que se suma la solicitud de que destituyan a la alcaldesa de Torre Pacheco, ya que en el pacto suscrito con el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, para posibilitar su investidura, exigía eliminar a los imputados de las listas del PP.

Sin embargo, a primera hora de esta mañana, Sánchez aún no tenía constancia de que se haya sacado a los imputados del Gobierno de Mazarrón, como él mismo ha confirmado. "Han roto con el pacto y con el acuerdo de regeneración democrática y a lo de Mazarrón se le ha unido la desagradable y vergonzosa circunstancia de que la alcaldesa de Torre Pacheco ha sido imputada", ha apuntado.

El líder de Ciudadanos ha insistido en que esta tarde votarán en contra del techo de gasto porque "no estamos en consonancia con los partidos que protegen la corrupción", a lo que ha añadido que hace tiempo que no le ha llamado el presidente de la Comunidad Autónoma para hablar, "nos ha demostrado que es un presidente incumplidor de palabras".

Martínez (PP): "No se puede supeditar el interés de los murcianos a una circunstancia excepcional de un municipio"

CARTAGENA.- El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, ha afirmado esta mañana en relación a la decisión de Ciudadanos de votar en contra del techo de gasto de la Comunidad Autónoma que "no se puede supeditar el interés de los murcianos a una circunstancia excepcional de un municipio".

Martínez ha recordado a los diputados de Ciudadanos que en la aprobación del techo de gasto se incluyen cuestiones como el plan plurianual de las universidades, el pago de la paga extra de los funcionarios del año 2012 o el de la ley de dependencia.

El popular ha pedido que "se analice el techo de gasto, que es lo que se va a votar" y que afecta al millón y medio de ciudadanos de la Región. En ese sentido, les ha pedido que "no supediten el interés de los murcianos para hacer política" y les ha recordado que su grupo "está dispuesto" a alcanzar acuerdos.

Tovar (PSRM) exige la "renovación" al PP por recolocar "por la puerta de atrás" a imputados que han dimitido

CARTAGENA.- El portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, ha exigido este jueves la renovación política y ha criticado al PP por recolocar "por la puerta de atrás" a imputados que han dimitido.

Tovar ha hecho estas declaraciones sobre la reciente imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco, Josefina Marín Otón, por un delito de prevaricación. Según el socialista, "sabe que si dimite, será recolocada como asesora, como ha pasado con el resto de alcaldes que se retiraron, que el PP los ha vuelto a meter por la puerta de atrás".
El socialista pide la "renovación política" para evitar que la desafección política "sea cada vez mayor" . Asimismo, el socialista ha asegurado que "no permitiremos que haya imputados" y ha aludido al 'caso Auditorio' de Puerto Lumbreras, donde "la jueza busca el responsable político. Todo el mundo piensa que el elemento central es Pedro Antonio Sánchez", ha añadido.

Urralburu ('Podemos') afirma que el problema de la corrupción "es estructural"

CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha afirmado que el problema de la corrupción en la Región "es estructural" y considera que la solución pasa por "mandar al PP al banquillo, al rincón de pensar para que se regenere".

Urralburu ha hecho alusión de esta manera a casos como la reciente imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco por un delito de prevaricación y el 'caso Auditorio'. Para él, la Región "no puede permitirse un presidente en periodo de preimputación".
Podemos piensa que "se ha jugado al escondite con la ciudadanía" y cree que es "inevitable" que a principio del año que viene, el juzgado "impute" al presidente de la Comunidad por el 'caso Auditorio'.
"Es una lástima haber perdido tantos meses para haber abordado un nuevo modelo de gobierno en la Región de Murcia y de regeneración", ha añadido.