CARM y UPCT suscriben un convenio para rehabilitar depósitos mineros y valorar sus recursos minerales

 CARTAGENA.- La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han suscrito un convenio dedicado a promover el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la rehabilitación de los depósitos de residuos mineros.

El convenio, aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno el pasado 23 de diciembre, servirá de marco de referencia jurídico para desarrollar iniciativas y actuaciones en dos líneas prioritarias de acción, según informaron fuentes de la Comunidad y de la UPCT en sendas notas de prensa.

"La primera incluye el desarrollo de guías y normativas con la rehabilitación de estos depósitos para facilitar una mejora en la redacción y ejecución de los proyectos, así como en el control y seguimiento por parte del Gobierno regional de la relación de estas instalaciones con posibles riesgos ambientales y sociales", ha detallado el consejero del ramo, Juan María Vázquez.

En esta línea se incluirían la definición de los contenidos, la evaluación de su estabilidad, el diseño de las medidas correctoras y de control y el mantenimiento de las instalaciones una vez rehabilitadas.

La segunda línea de acción que promueve el convenio es "avanzar en el conocimiento de las sustancias minerales recuperables de estos depósitos que pudieran aprovecharse, tanto para limitar los volúmenes inmovilizados como para mejorar la capacdad de suministro de minerales estratégicos que demanda la Unión Europea".

El de este martes es el segundo convenio firmado entre ambas instituciones en menos de seis meses para avanzar en su colaboración, tras el rubricado en julio del 2025 y que sirve ya de hoja de ruta para la descontaminación de antiguos depósitos mineros.

"Queremos disponer de la experiencia y conocimiento de los expertos universitarios a la hora de proponer acciones para el desarrollo estas líneas de actuación, pero también para organizar de forma conjunta de actividades de información, comunicación, divulgación y difusión sobre la importancia de los minerales y el conocimiento de los residuos minerales y de sus tratamientos", ha añadido el consejero.

El convenio también recoge como compromiso "el intercambio de información entre las partes, recursos bibliográficos y datos relacionados con las materias primas, explotaciones mineras y residuos minerales".

Asimismo, el texto incluye como compromiso de la Administración regional "la difusión de los resultados de los proyectos y trabajos desarrollados por la UPCT", así como adaptar la normativa que estos trabajos pudiera derivarse, además de colaborar con la universidad "en la búsqueda de la financiación que pudiera ser precisa para el desarrollo de proyectos y propuestas de investigación".

Por su parte, la UPCT se compromete a la búsqueda activa de investigadores relacionados con el objeto del convenio y a identificar organismos, instituciones y empresas que puedan sumarse a las propuestas que ambas partes elaboren y a buscar propuestas de proyectos de investigación tanto nacionales como europeas.

El convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables, y al igual que el de suelos contaminados, contempla la constitución de una comisión de seguimiento, compuesta por tres representantes de cada parte.

Estará presidida por el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, quien estuvo presente en el acto de rúbrica junto al investigador principal del grupo de Geotecnia y Métodos de Explotación de la UPCT, Emilio Trigueros.

La universidad estará presente en la comisión a través de un catedrático --que actuará como secretario--, un investigador doctor y un tercer miembro a su elección.

"En el contexto actual, la relevancia estratégica de las especialidades que se imparten en nuestra Escuela de Caminos y Minas es cada vez más importante y se demuestra en el incremento anual del 70% de matriculaciones de estudiantes de nuevo ingreso que esta escuela ha registrado en los dos últimos años", ha resaltado por su parte el rector de la UPCT, Mathieu Kessler.

El plan de control de industrias e instalaciones mineras de la Región se amplía

 MURCIA.- La Dirección General de Industria, Energía y Minas, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, va a llevar a cabo más de 8.000 actuaciones de control, inspección y verificación en establecimientos industriales y mineros, así como de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico. 

Estas actuaciones se enmarcan en un plan de auditoría que este año se amplía e incluye 30 inspecciones a supermercados, otras tantas a instalaciones frigoríficas con amoniaco como refrigerante, 40 en instalaciones de recarga eléctrica y una veintena de auditorías energéticas.

El plan de control e inspección contempla tanto las fases de inscripción y legalización como las de mantenimiento de las instalaciones, con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para el resto de la población.

Las actuaciones previstas para las instalaciones que usen sustancias peligrosas -como los simulacros de emergencias, entre otras- suman 1.432, a las que se sumarán las de análisis documental y comprobación de subvenciones autonómicas y europeas para alcanzar las 8.000 previstas por el 'Plan de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros, y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico'.

En la actualidad se están tramitando las propuestas correspondientes al Plan de Inspecciones del año 2024. Como indicador, señalar que de los datos de las campañas del Plan de Inspecciones de 2023 se abrieron un total de 83 expedientes administrativos, de los que resultaron 53 propuestas de expediente sancionador. De estas propuestas, la mayor parte (40) corresponden a la campaña de industrias no inscritas.

Las cuantías de las sanciones previstas por la Ley de Industria oscilan entre las leves, con multas de hasta 60.000 euros; a las muy graves, con multas de hasta cien millones de euros, pasando por las graves, con sanciones de hasta seis millones.

Llamamiento a los familiares de los mineros de Mazarrón de los últimos 70 años

 MAZARRÓN.- El Ayuntamiento de Mazarrón, en colaboración con la Comisión Organizadora del Monumento a los Mineros, está recopilando un listado de todos los mineros que trabajaron en las empresas MINOFER, ASTURIANA DEL ZINC y TÁRRAGA durante los últimos 70 años. Este listado servirá para honrar su memoria con un monumento conmemorativo que será inaugurado a comienzos de 2025.

Hacemos un llamamiento a los familiares y amigos de estos mineros para que colaboren en esta iniciativa aportando los nombres de los trabajadores. Para ello, pueden dirigirse a las Casas Consistoriales de Mazarrón, de lunes a viernes en horario de mañana.

El plazo máximo para realizar estas aportaciones será hasta el próximo 30 de diciembre. Una vez completado, el listado final será inscrito en el monumento, rindiendo así un homenaje público y duradero a todos aquellos que dedicaron su vida al trabajo en las minas de Mazarrón.

Carmina Fernández: "El Gobierno regional se enfrenta a otra investigación por su inacción con los residuos mineros"

CARTAGENA.- La vicesecretaria general del PSRM y diputada regional ha advertido en relación a los últimos datos conocidos sobre el arrastre de residuos hacia los cultivos agrícolas en la zona de El Llano del Beal, que éstos podrían suponer un riesgo para la salud de la ciudadanía.

"El Partido Popular no ha hecho nada durante más de veinte años para garantizar el sellado de los depósitos de residuos de la Balsa Jenny y esto supone un grave riesgo para la salud de las vecinas y vecinos de El Llano de Beal y las poblaciones cercanas. Esta inacción solo encubre y protege los intereses de algunos en este nuevo escándalo ambiental", ha indicado.

La diputada socialista se ha referido en este sentido a la inversión de 6'5 millones de euros que el Gobierno regional ha renunciado a reclamar a los empresarios que debieron limpiar y asegurar esos depósitos "porque no quiere molestarles. Es evidente que, en esta Región, contaminar y poner en riesgo la salud de los ciudadanos sale gratis, por la inacción de la Administración en la reclamación a los propietarios".

Carmina Fernández ha afirmado que después de más de veinte años consintiendo esta situación de contaminación una vez finalizada la actividad minera y tras gastarse 6,5 millones de euros, la balsa Jenny sigue vertiendo contaminación a las ramblas que finalmente deriva al Mar Menor. "Este es el resultado de la gestión medioambiental del Partido Popular en la Región".

"El Gobierno regional se ha negado a actuar en la balsa Jenny y no ha hecho el sellado ni la restauración definitiva que lleva años prometiendo. Después de tantos años de gestión negligente ahora pasa la pelota al Ministerio, demostrando una vez más su incapacidad e irresponsabilidad", ha afirmado la vicesecretaria general del PSRM.

La dirigente socialista ha asegurado que la política ambiental del Partido Popular es inexistente dado que "la contaminación de nuestros suelos y acuíferos no les importa y se han dedicado a desmantelar los servicios de vigilancia de la Comunidad Autónoma para que no haya testigos ni control de la escandalosa dejación de funciones del gobierno de López Miras".

Fernández ha explicado que, después de tantos años sin hacer nada, la irresponsabilidad de los gobiernos del Partido Popular es absoluta y que sólo se han producido avances en el control y sellado de los vertidos y depósitos cuando así lo ha requerido la justicia.

En la misma línea ha criticado el silencio que, sobre la situación de la balsa Jenny y el depósito de Corta Los Blancos, mantiene Noelia Arroyo.

"Son la Fiscalía y el SEPRONA quienes obligan a actuar a López Miras, que sigue cruzado de brazos mientras Noelia Arroyo continúa callada sin velar por la seguridad y la salud de las vecinas y vecinos de El Llano, ni está haciendo nada por la desastrosa imagen que está dando de Cartagena", ha finalizado.

Transición Ecológica convoca ayudas para la seguridad minera por 1,6 millones

MADRID.- El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado ayudas para impulsar proyectos de seguridad minera por un importe total de 1,6 millones de euros, según publica hoy el BOE.

Las ayudas financiarán hasta un 20 % la inversión en materiales de seguridad minera y hasta el 100 % de las actuaciones de formación en esta materia.

Podrán acogerse a las ayudas empresas privadas, agrupaciones de empresas e instituciones sin ánimo de lucro del sector minero no energético.

El objetivo de las ayudas, que pueden solicitarse de forma electrónica a lo largo del próximo mes, es reducir la siniestralidad de la actividad minera y contribuir "eficazmente" al crecimiento sostenible.

Podemos pide un orden de prioridades en la intervención en las balsas mineras de Mazarrón

CARTAGENA.- Podemos pide un orden de prioridades en la intervención en las balsas mineras de Mazarrón. Andrés Pedreño, diputado regional, ha explicado que esta jerarquización de actuación en las medidas debe tener como base los riesgos sobre la salud pública. Este orden de prioridades debe estar dentro de un plan urgente de intervención en la zona de los suelos contaminados del Cerro de San Cristóbal que también incluya la restauración medioambiental y de integración paisajística en esta zona.

Pedreño ha explicado que el gobierno del PP vuelve a mostrar "ausencia de planificación y la improvisación, puesto que se ha empezado por una balsa minera, la San Cristobal, en Mazarrón, que no es de las más urgentes. Y además se está haciendo sin que haya un proyecto técnico solvente y consensuado con la población".

Lo que Podemos demanda es establecer una jerarquía de prioridades de acción que lleven a la descontaminación de aquellos emplazamientos mineros más cercanos al núcleo urbano de Mazarrón, "que se está viendo afectado por la inmisión de estos residuos tóxicos y peligrosos provistos de una altísima concentración de metales pesados".

El diputado de Podemos ha detallado que este Plan debe definir todas las acciones y medidas necesarias para alcanzar la correcta restauración ambiental, así como valoración económica, calendario de implantación y definición de los ámbitos competenciales de todos los agentes u organismos afectados.

Cristina Navarro, del Círculo Podemos en Mazarrón, ha querido dejar claro que ante el conflicto vecinal que se ha dado en el pueblo, Podemos pide medidas de integración en el paisaje por lo que habrá que tener en cuenta "que no se podrá descontextualizar de los elementos que conforman el patrimonio histórico minero en el ámbito del Bien de Interés Cultural del Cerro San Cristóbal y Los Perules tratando de recrear los espacios intervenidos".

Asimismo, Andrés Pedreño ha recordado que las balsas mineras en el cerro de Mazarrón, por su proximidad, podrían estar "envenenando a la población y de ahí que sea prioritario aplicar medidas para garantizar la salud pública. La Consejería de Salud, a Medio Ambiente y a Educación que extienda las medidas protectoras a la población por contaminación por metales pesaos a Mazarrón".

Pedreño ha hecho hincapié en que lo primero de ser adoptar medidas cautelares en los centros escolares como el de La Cañadica y el IES Felipe II así como en las zonas de recreo, comunes y juego infantil situadas a escasos metros de las inmediaciones de los antiguos depósitos de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de la minería metálica de sulfuros y de los suelos potencialmente contaminados por éstos.

Por último, Podemos exige, entre otras medidas, abrir espacios a la participación social en la salud comunitaria de las poblaciones de Mazarrón, incluyendo el funcionamiento de los consejos de salud de área y de zona, para el diseño de medidas de prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria.

La Comunidad Autónoma ordena la clausura de casi una treintena de instalaciones mineras

MAZARRÓN.- La instalación de residuos mineros San Cristóbal II, ubicada en el municipio de Mazarrón, es una de las 29 identificadas por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera en la Región que requieren diversas actuaciones para su clausura y restauración en condiciones de seguridad para la sociedad y para el medio ambiente.

Para ello, la Consejería de Empresa incluyó en los Presupuestos del presente ejercicio una partida de tres millones de euros. Está destinada a cubrir de forma subsidiaria parte de los gastos no asumidos por los dueños de las instalaciones que requieren de dicha rehabilitación, que por ley están obligados a hacer frente a los costes de las distintas actuaciones.

De esta manera, la Consejería va a desarrollar un plan de actuación para el periodo 2018-2022 enmarcado en el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).

El fiscal De Mata pide datos a la CARM sobre depósitos mineros

MURCIA.- Además de haber impulsado las investigaciones sobre la antigua balsa Yenny, por petición del abogado Diego de Ramón, y de indagar sobre la contaminación por metales pesados del colegio público de El Llano del Beal, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el estado de decenas de balsas mineras abandonadas en la Región de Murcia. 

A instancias de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, que tiene su sede en Madrid, el fiscal especial de Medio Ambiente de la Región, Miguel de Mata, está analizando si la Comunidad Autónoma actúa de forma diligente para garantizar la seguridad de estos antiguos depósitos -situados en su mayoría en La Unión, Cartagena y Mazarrón-, en lo relativo a la protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

De Mata explicó a 'La Verdad' que ha solicitado datos a la Comunidad, para conocer el grado de aplicación de la legislación sobre Medio Ambiente y Minas, en cuestiones como el sellado, la restauración y la vigilancia de las balsas.

Una de las cuestiones que preocupan al Ministerio Público es si, más allá de disponer de informes sobre estas instalaciones, o de encargar nuevos estudios, la Administración regional se muestra firme en el cumplimiento de sus obligaciones y competencias para realizar de forma subsidiaria obras en los depósitos, si las empresas que explotaron estos almacenes al aire libre no atienden en un plazo razonable los requerimientos para clausurar y revegetar los terrenos.

La Fiscalía aún no ha decidido si solicitará a los juzgados la apertura de diligencias penales en relación con alguna de las balsas, pero en todo caso ejerce su labor de prevención de posibles accidentes, tanto por deficiencias en el mantenimiento como por fenómenos naturales (por ejemplo lluvias torrenciales y terremotos) y otros factores. 

El Gobierno regional, al que la Asamblea Regional pidió también en 2017 medidas similares y especial atención a colegios e institutos, anunció anteayer que trabaja en un plan de restauración de 29 zonas mineras.

La UPCT desarrolla la primera patente mundial para reducir los riesgos ecológicos en zonas de minería

CARTAGENA.- Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han desarrollado la primera patente mundial que permite la restauración efectiva de las zonas de minería metálica. En la Región de Murcia, esta nueva tecnología podría aplicarse a los distritos mineros de Cartagena-La Unión, y de Mazarrón. La UPCT ha transferido los derechos de explotación a la empresa regional Astesa Gestión de Residuos, S.L., para su explotación y comercialización.

“Nos encontramos ante la primera tecnología eficaz para reducir la contaminación, por metales pesados y otros elementos como arsénico, proveniente de estas zonas mineras, a un bajo coste y de una forma ecológicamente aceptable”, señala el investigador responsable, el profesor Gregorio García, investigador responsable del grupo de Ingeniería de la Tierra y de los Recursos Geomineros de la UPCT. García es el autor de esta invención junto al joven investigador José Manuel Gómez-Ros.

El investigador destaca que la aplicación de la tecnología patentada en los distritos mineros de Cartagena-La Unión, y de Mazarrón “supondría una mejora de la calidad de vida y de la minimización de los riesgos a los que están expuestos una población superior a los 200.000 habitantes, gran cantidad de cultivos y ecosistemas, además del propio Mar Menor”.

Según las conclusiones de los trabajos de investigación de la Ingeniería de la Tierra y de los Recursos Geomineros de la UPCT, “esta tecnología reduce de una forma eficiente la contaminación por elementos contaminantes tóxicos provenientes de la actividad minera, a un bajo coste y de una forma ecológicamente aceptable”.

“El problema con estas zonas ha sido que las restauraciones y sellados realizados hasta la actualidad han sido extraordinariamente ineficientes, al no cumplir con las funciones que supuestamente debían desempeñar”, añade García. 

A esta situación “hay que unir una cierta dejación por parte de las empresas explotadoras y de la Administración competente, lo cual puede deberse en parte al desconocimiento que hasta ahora ha existido sobre la gravedad del impacto que estos residuos tienen sobre la salud ambiental de sus entornos”, agrega el investigador responsable.

El desarrollo de la patente ha sido posible gracias a la financiación pública en investigación, en concreto del Ministerio de Educación y Ciencia, conjuntamente con la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

A su vez, al haber sido transferidos los derechos de explotación de esta patente al sector industrial de la Región, se puede considerar que estamos ante un claro ejemplo de I+D+i, resalta el investigador responsable.

Los sedimentos de la antigua laguna de El Almarjal revelan contaminación de metales pesados muy anteriores a época romana en Cartagena

CARTAGENA.-La revista científica Environmental Science and Pollution Research publica los resultados de una investigación realizada en el actual Ensanche de Cartagena, según la cual la contaminación del subsuelo por metales pesados en la zona del Ensanche, en Cartagena, comenzó mucho antes de la época romana. 

Ésta es una de las conclusiones a las que ha llegado un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, el Museo Arqueológico de Cartagena y la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha participado el profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Ignacio Manteca, especializado en yacimientos minerales y en la historia minera de la Sierra de Cartagena.

El proyecto, denominado 'Carthago-Nova. Topografía y Urbanística de una urbe mediterránea privilegiada' dirigido por el doctor Sebastián Ramallo Asensio de la Universidad de Murcia, descubre, entre otras muchas cuestiones, que el origen de la contaminación de los suelos por metales pesados en el entorno de Cartagena se remonta a hace 4.500 años, un resultado que contrasta con la creencia existente hasta ahora, que exponía que el origen de este tipo de contaminación coincidía con la fundación de la ciudad portuaria hace unos 3.000 años.  

" Hemos comprobado que la contaminación por metales pesados es mucho más antigua de lo que se creía. Hasta ahora pensábamos que tuvo un auge con la actividad minera de los romanos, pero no, el origen es muy anterior", asegura el profesor Ignacio Manteca.

Durante más de un año los investigadores han estudiado el entorno del Ensanche-Almarjal, una laguna que durante siglos ocupó la zona al norte del casco antiguo. 

En este sentido, y mediante la técnica del carbono 14,  han establecido que la antigua laguna El Almarjal se formó hace unos 8.400 años.  "Los sedimentos de esta laguna, que hemos reconocido mediante sondeos, son como un gran archivo donde han quedado registradas los cambios de las condiciones medioambientales de la zona a lo largo de miles de años".

Según este investigador,  los contenidos de metales varían con la edad de los sedimentos. Con anterioridad a los 4.500 años los sedimentos de la laguna tienen "bajos valores" de metales, y  es a partir de los 4.500 años de antigüedad cuando "aparecen fuertes incrementos que indican que ya había una actividad industrial minero-metalúrgica, aunque de carácter discontinuo". 

Posteriormente  a partir de los 3.550 años de antigüedad  esa actividad industrial se hizo más contínua y produjo una contaminación más alta, con valores en los sedimentos del orden de los 2.000 ppm (partes por millón) de plomo e incluso superiores, prolongandose hasta finales de la época romana.

Los puntos en los que han encontrado mayor contaminación estaban en los bordes de la laguna  junto a la ciudad, y concretamente frente a la desembocadura de las  pequeñas ramblas que drenaban la antigua urbe. Una de estas ramblas desembocaba entre el monte Sacro y El Molinete, y otra  entre el Cerro del Molinete y el de La Concepción. 

Esto demuestra que algunas industrias metalúrgicas contaminantes debían estar en la propia ciudad; lo que  hace suponer que sus habitantes  probablemente debían tener  graves problemas de salud".

Los investigadores también han comparado el resultado de su proyecto con otro muy similar llevado a cabo en Huelva, en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. "En la zona de Huelva la actividad minera también comenzó hace 4.500 años, esto confirma nuestras conclusiones sobre la minería de Cartagena;  probablemente  eran  comunidades  que iban de un lado a otro,  entre los yacimientos de Río Tinto y los de Cartagena", añade Manteca (en la imagen inferior).

Un ingeniero de la UPCT analiza la viabilidad de las minas de hierro de Cehegín

CARTAGENA.- Extraer cada año de Cehegín dos millones y medio de toneladas de magnetita con un contenido de hierro de más del 60%, es el objetivo que defiende como "viable y rentable" el Trabajo Fin de Grado (TFG) en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía de José F. García Del Real en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según informan fuentes de la institución docente en un comunicado.

El proyecto, que ha sido distinguido como el mejor de los presentados el pasado curso por los ingenieros de minas de la UPCT, incluye un análisis financiero que augura una "alta rentabilidad y un bajo periodo de retorno" para la inversión necesaria, que se estima en unos 51 millones de euros, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

"En cuanto se recuperen los precios internacionales del hierro, que han caído por la crisis pero que lo normal es que tiendan a subir, la explotación podría ser muy rentable si se confirma unas reservas mínimas de 25 millones de toneladas", mantiene García Del Real, quien ha evaluado numerosos proyectos mineros en todo el mundo desde que en 1998 terminó en la Politécnica de Cartagena los estudios en Ingeniería Técnica de Minas. "El potencial de la zona es de 100 millones de toneladas", aventura.

Los depósitos de magnetita en Cehegín ya han despertado el interés de una empresa minera canadiense, pero este estudio parte de la iniciativa del alumno de la UPCT y su director de TFG, el profesor Emilio Trigueros. "En los estudios preliminares, no se había analizado a fondo cómo explotar el mineral, integrando en el proyecto el transporte y el uso del Puerto de Cartagena para la comercialización internacional del mineral concentrado", comenta el autor del trabajo.

El ingeniero por la UPCT ha calculado el coste del transporte por carretera desde la mina hasta Escombreras estimando éste en unos 15 céntimos por tonelada y kilómetro, y considera que se podrían abaratar los costes aún más si se utiliza el transporte ferroviario desde Calasparra hasta la propia dársena. "Es viable que el Puerto de Cartagena tenga su propio muelle de ferrocarril y sería muy positivo para la Región", añade García Del Real.

"La naturaleza del yacimiento, con depósitos que afloran en superficie, facilitaría la explotación a cielo abierto y en distintas cotas", añade el ingeniero por la UPCT, que ha llegado a desgranar en su estudio la maquinaria que sería preciso adquirir, los turnos de trabajo en la mina, las voladuras y perforaciones necesarias y hasta las instalaciones de almacenamiento y carga en Escombreras.

'Equo' se manifiesta contrario a la reanudación de la minería a cielo abierto en Mazarrón

MURCIA.- La pretensión de reabrir las explotaciones mineras en Mazarrón por parte de la Dirección General de Minas, dependiente de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, constituye un despropósito, según el partido verde 'Equo', por el alto impacto ambiental que va a suponer para la zona. 

"De nuevo se pretende realizar una actividad extractiva, que tuvo su momento de auge en los siglos XIX y XX, pero esta vez con una modalidad, la minería a cielo abierto, que produce un impacto sobre la salud mucho mayor, por los gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaría y explosiones, que pueden afectar a los habitantes próximos a estas minas, en forma de enfermedades respiratorias o del sistema nervioso. 

Además, el medio ambiente se verá afectado de manera muy negativa por la contaminación de las aguas subterráneas, la eliminación de la cubierta vegetal, la remoción de suelos, la acumulación de residuos en escombreras o el uso de metales pesados en el proceso", dice en un comunicado.

Por ello, Equo RM insta a la Consejería de Industria "a no permitir los estudios preliminares para averiguar los recursos mineros, pues abren la puerta a esta actividad extractiva, sobre todo en un periodo post-electoral en el que nos encontramos, en el que aún no se ha definido el futuro gobierno regional. La prudencia debería guiar las acciones de esta Consejería, absteniéndose de otorgar permisos de investigación en estos meses". 

Por el contrario, Equo aconseja "que se inicie un cambio decidido de modelo productivo, basado en los empleos verdes, bastante alejados de este tipo de actividades, que no producen impactos ambientales y que son fuente de puestos de trabajo de gran calidad".