CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda en la
Región de Murcia. La propuesta, impulsada por colectivos sociales y
respaldada por más de 16.000 firmas, ha contado con el apoyo del PSOE y
el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV), pero ha sido rechazada con los
votos en contra del PP y Vox.
La ILP incluía, entre otras
medidas, compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación
de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de
que el suelo público siga siendo público. Los grupos favorables
consideran que la actual legislación autonómica es inaplicable por falta
de desarrollo reglamentario y acusan al Gobierno regional de abandonar
sus competencias en materia de vivienda.
Desde el Grupo
Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel Ortega ha defendido
el voto favorable asegurando que "la ciudadanía merece respeto, y esta
iniciativa legislativa popular es una muestra clara de que hay miles de
personas que exigen una política de vivienda efectiva".
Ortega ha criticado que "el PP solo ha legislado contra la ocupación,
que apenas afecta al 0,05% de los casos, y no ha construido ni una sola
vivienda pública en los últimos ocho años".
Además, ha anunciado que el
PSOE volverá a registrar la iniciativa en septiembre y trabajará
"coordinadamente con la Plataforma por la Vivienda para corregir los
fallos técnicos y garantizar que esta ley pueda debatirse y mejorar lo
que haga falta".
En la misma línea, la diputada de Podemos,
María Marín, ha denunciado que "despreciar una iniciativa ciudadana es
un atentado contra las familias, la juventud y la clase trabajadora de
esta tierra".
Marín ha reprochado al PP y Vox que "en media hora, en un
tórrido mes de julio, hayan decidido enterrar la voz de más de 16.000
personas", y ha advertido que "mientras no se haga justicia, habrá
lucha".
Por parte de Izquierda Unida-Verdes, José Luis
Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en el componente
democrático de la ILP. "Hoy no estamos debatiendo solo de política de
vivienda, sino de democracia.
Esta Cámara no puede despreciar el trabajo
de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han recogido firmas para
que se debata aquí", ha afirmado. "No tenemos derecho a dejar esta
propuesta en un cajón", ha sentenciado.
Desde Vox, el diputado
Ignacio Arcas ha justificado el voto en contra señalando que "el texto
ha sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica
legislativa y contiene errores que dificultan su aplicación".
Ha acusado
a los grupos promotores de "engañar a los ciudadanos con una propuesta
imposible de ejecutar" y ha defendido que "la solución no está en
medidas ideológicas, sino en ampliar suelo, reducir trabas y fomentar el
alquiler de larga duración".
Por su parte, el diputado del
Partido Popular, Antonio Landáburu, ha negado que votar en contra
suponga despreciar a nadie.
"Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía", ha dicho, y ha defendido un modelo "equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada".
Según Landáburu, la ILP "no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos".
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