MADRID.- Las comunidades autónomas se han subido en los últimos
meses a la ola de la electricidad verde, siguiendo la estela de los
centenares de ayuntamientos españoles que desde hace años exigen en sus contratos de electricidad certificados de origen 100% renovable.
En
lo que va de año, Andalucía, Catalunya, Madrid, Galicia, País Vasco,
Galicia, Región de Murcia y Extremadura han sacado a concurso o
anunciado su intención de adjudicar contratos de suministro eléctrico
con la exigencia de que la electricidad suministrada tenga origen verde.
Estas
ocho regiones concentran el 68,5% de la población española (más de 32
millones de habitantes) y su territorio genera el 68,5% del PIB y el
66,7% del consumo eléctrico en España, por lo que puede decirse que este
tipo de contratos empieza a ser norma en la administración autonómica.
Los
contratos de este tipo que han licitado esos gobiernos regionales a lo
largo de este año suman un importe cercano a los 580 millones de euros,
lo que da idea del negocio que mueven.
El último
contrato fue adjudicado el pasado jueves a Iberdrola, la elegida en el
concurso que sacó a licitación en octubre el Gobierno de Íñigo Urkullu
para, por primera vez en la historia de Euskadi, cubrir su consumo con
electricidad procedente de fuentes renovables. La eléctrica vasca se ha
adjudicado los dos lotes por un importe (sin contar el IVA) de
51.185.241,32 euros.
Ese requisito 100% verde también
figuraba en la mayor licitación de electricidad convocada este año en
España, para abastecer a los más de 5.000 puntos de suministro de los
organismos públicos adheridos a la Red de Energía de la Junta de
Andalucía (REDEJA).
El contrato, valorado en 238,2
millones (el importe de facturación estimado es de 500 millones), tiene
una vigencia de dos años (prorrogable por otros dos) y fue adjudicado el
24 de septiembre a Endesa, que suministrará "en torno a 950 GWh
(gigavatios hora), el equivalente al consumo de las ciudades de Almería y
Jaén en todo un año", tal y como destacó la Junta en octubre.
Las
últimas en sumarse a esta moda han sido Extremadura y Madrid, que
también en octubre anunciaron su intención de sacar a concurso sendos
contratos de suministro con esa cláusula. La Junta extremeña todavía
tiene pendiente licitar el suyo. Según anunció
el 10 de octubre, incluirá "como condición obligatoria que el cien por
cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y
cogeneración de alta eficiencia".
Dos días antes, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, anunció
también que los 2.273 edificios públicos y centros dependientes de la
Comunidad de Madrid consumirán energía eléctrica cien por cien renovable
a partir de 2020. El contrato, con un presupuesto de 98,95 millones,
está pendiente de adjudicarse. El plazo de recepción de ofertas se cerró
el pasado lunes.
También en Madrid, la institución
ferial Ifema, que estos días acoge la conferencia climática COP25 (y
cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara
de Comercio y la Fundación Montemadrid), adjudicó hace unos meses a
Iberdrola un contrato de suministro eléctrico 100% verde por 7,31
millones.
Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia
También
ha exigido electricidad 100% renovable Galicia, que el 21 de noviembre
adjudicó a Naturgy por 82,6 millones el contrato de suministro eléctrico
a 1.790 puntos de consumo de la Xunta con un consumo estimado de 264,7
GWh anuales.
Esta empresa también resultó
adjudicataria en julio del contrato de suministro a los edificios de la
Junta de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (excluidos los
centros del SESCAM), que estaba valorado en 45,7 millones y exigía
también electricidad verde. Esa cláusula también figuraba en el contrato
que el Servicio Murciano de Salud adjudicó en junio a Endesa, valorado
en 15,6 millones.
La ola renovable en los
ayuntamientos empezó en Catalunya, y también ha ocurrido lo mismo a
escala autonómica. A principios de año, la Generalitat adjudicó a Nexus
por 26 millones un contrato de suministro de energía 100% renovable para
1.678 puntos de consumo con una demanda de casi 170 GWh "que significa
el 86% de los puntos de suministro de la Generalitat", según destacó
entonces la empresa.
Y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también
adjudicó a principios de año otro contrato a Endesa con un presupuesto
cercano a los 9 millones también con cláusula de 100% verde.
Cabe
recordar que la ley catalana de Cambio Climático (2017) establecía que
"en 2020 un mínimo del 70% del consumo de energía eléctrica total del
conjunto de los departamentos de la Generalitat y los organismos
dependientes debe proceder de fuentes renovables", porcentaje que fija
para el 100% en 2030. La norma apuesta por el modelo "cien por cien
renovable a largo plazo, con el horizonte de 2050".
La
certificación del origen de la energía que suministran estas
comercializadoras se realiza a través del sistema de garantía de origen
que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
para acreditar la procedencia 'verde' de la electricidad que compran en
el mercado para venderla a sus clientes.
Hay quien
cuestiona estos anuncios ante la imposibilidad de discriminar el origen
de los electrones que llegan al cliente y el hecho de que la producción
de las renovables no puede cubrir toda la demanda eléctrica. Pero sus
defensores argumentan que estas cláusulas tienen un "efecto arrastre" en
la demanda de energías limpias, ya que las comercializadoras
certificadas por la CNMC se comprometen a adquirir la
electricidad contratada a instalaciones de energía renovable.
Los
contratos de este tipo se han multiplicado en los últimos años, tanto
en el sector público como en el privado, por el compromiso de muchas
empresas de reducir su huella climática. "A este paso, llegará un día en
que no haya garantías de origen para tantos contratos verdes", dice una
fuente del sector eléctrico.
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