ALICANTE.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la supuesta comercialización fraudulenta de las preferentes y la deuda subordinada
que emitió la extinta caja alicantina, según avanza el diario Información.
De esta forma se da la
circunstancia de que, aunque la Audiencia no encontró delito en la venta
de las cuotas participativas -el tribunal instó a los
afectados a reclamar individualmente por la vía civil-, los
exdirectivos de la CAM sí deban responder por las supuestas malas
prácticas que realizó la entidad para colocar estos otros valores.
En concreto, según Lamela, los acusados pudieron cometer los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas durante la comercialización y posterior gestión de estas emisiones.
En total, se calcula que unos 75.000 pequeños ahorradores compraron preferentes y deuda subordinada de la CAM pero la mayoría ya fueron compensados por el Sabadell cuando
se hizo cargo de la entidad y ofreció canjearlos por acciones del
banco. Un canje que aceptó alrededor de 97% de los afectos. Sin embargo,
el abogado Diego de Ramón en representación de algunos afectados y, posteriormente, la asociación Adicae decidieron actuar contra los directivos.
Inicialmente
la investigación incluyó las preferentes, la deuda subordinada y las
cuotas participativas pero se decidió segregar el caso de estas últimas
en una pieza separada e incluir también su venta en la
pieza principal, donde el tribunal no halló delito en su venta e instó a
los afectados a acudir a la vía civil.
Fianza mínima
Por
su parte, la pieza en la que se investigó si la comercialización de
preferentes y deuda subordinada se hizo con engaño siguió su curso,
hasta que se ha producido la apertura de juicio oral.
El abogado Diego
de Ramón (en la imagen) solicitaba inicialmente una indemnización de 11,8 millones
para los afectados pero la juez considera que no ha sabido justificar
esta cantidad, por lo que sólo reclama una fianza solidaria para Roberto
López Abad y María Dolores Amorós de 6.000 euros, de la que también designa como responsables civiles subsidiarios
al Banco Sabadell, como heredero del negocio financiero de la CAM, y la
Fundación CAM. Además, como responsabel civil directo designa a la
aseguradora Caser.
La juez también fija tres días de plazo para que la Fiscalía decida si quiere acusar y sumarse a las acusaciones particulares.
Cabe recordar que, tanto López Abad, como Amorós ya han sido condenados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la CAM, aunque la sentencia todavía no es firme ya que está recurrida ante el Supremo.
Las preferentes son valores de deuda perpetua que
la mayoría de las entidades emitieron durante los años iniciales de la
crisis para recapitalizarse ante los problemas de liquidez que muchas de
ellas empezaban a tener. Se trata de productos complejos pero, en
muchas ocasiones, se vendieron a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros para conocer sus implicaciones.
En
el caso de las cajas nacionalizadas, el Gobierno articuló un sistema de
arbitraje para compensar a los afectados mientras que en la CAM fue el
Sabadell el que organizó un canje de preferentes por acciones para que
los clientes de la entidad recuperaran el dinero. En total, el banco
catalan ofreció canjear 1.630 millones de euros.
Además
de la que se sigue contra los directivos de la CAM, la Audiencia
Nacional también tiene en instrucción otra causa por estafa por la
comercialización de preferentes de Caja Madrid. También se investigaron las emisiones de Caja Duero y Caja España, pero el caso se archivó.
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