En vez de aprobar la comisión de investigación sobre la desalinizadora
de Escombreras, que nos puede costar un millón de euros al mes hasta
2034, o la del aeropuerto de Corvera, con sus 22.000 euros de intereses
al día, Podemos, PSOE y Ciudadanos acordaron en la Asamblea Regional
priorizar la del caso del Auditorio de Puerto Lumbreras, impulsado por
el presidente Sánchez con una subvención de 6 millones de euros.
No es
el perjuicio económico para los ciudadanos lo que primó ayer, sino el
interés partidista de quienes quieren hacerse una fotografía mediática
antes de las generales en el interior del inacabado edificio y desgastar
así a un adversario directo en activo. Con una investigación judicial,
ya iniciada y que debe llegar hasta el final, caiga quien caiga, poco
van a poder aclarar sus señorías mientras la instrucción esté bajo
secreto sumarial. Pero eso qué más da, ¿no?
(*) Director de 'La Verdad'
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