MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se solicita la autorización del Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo Central Meridional (EUNAVFOR MED).
La participación española en la Operación 
consistirá en el despliegue en el Cuartel General de la Operación en 
Roma y en el Cuartel General de la Fuerza hasta un máximo de doce 
efectivos y la participación inicial de un avión de vigilancia marítima y
 sus unidades de apoyo, con un máximo de cincuenta efectivos, que tendrá
 su base en Sigonela (Italia).
Dependiendo de la evolución de la situación y el 
posible avance a las sucesivas fases de la Operación, la participación 
española podría incluir la contribución con medios marítimos, de apoyo o
 aéreos hasta un máximo de 250 efectivos. Estos medios serían definidos 
en consonancia con el objeto de la misión y según los acuerdos que se 
adopten en la Unión Europea.
La duración de la misión será de un año desde que alcance su capacidad operativa plena.
Esta misión consistirá en interrumpir el modelo 
de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personal en el 
Mediterráneo central y meridional, mediante esfuerzos sistemáticos para 
identificar, capturar y eliminar embarcaciones y medios utilizados o que
 se sospeche son utilizados por los traficantes, de conformidad con el 
Derecho Internacional.
En una primera fase se apoyará la detección y 
seguimiento de las redes de migración a través de la recopilación de 
información y las patrullas en alta mar.
En otra segunda fase, a su vez dividida en dos, 
se procederá, por un lado, al abordaje, registro, incautación y desvío 
en alta mar de las embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el 
tráfico ilícito de personas conforme al derecho internacional; y, por 
otro lado, de conformidad con una Resolución del Consejo de Seguridad de
 Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño concernido, a 
abordar, registrar y desviar en alta mar, mar territorial o aguas 
interiores del mencionado Estado las embarcaciones sospechosas.
Por último, se adoptarán todas las medidas 
necesarias contra una embarcación sospechosa y los medios relacionados, 
incluso para deshacerse de ellos o inutilizarlos, de conformidad con una
 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el 
consentimiento del Estado ribereño en su territorio.

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