MURCIA.- La Cámara de Contratistas de Obras Públicas
de la Región de Murcia ha detectado que "algunas" administraciones
públicas no están pagando las certificaciones de obra corrientes
emitidas desde el 1 de enero de 2012, y sospecha que las empresas
proveedoras no van a ver satisfecha la deuda "en mucho tiempo", puesto
que no confía en el desarrollo de un nuevo plan de pagos.
Se trata de un hecho de "gravedad extrema" que los contratistas
exigen corregir a las administraciones públicas, según ha demandado el
presidente de la Cámara, Luis Ramón Fernández, quien ha comparecido en
rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Enrique
Fernández-Delgado, y el secretario de la entidad, José María Riquelme.
A pesar de que el Gobierno central está ejecutando los planes de
pagos puestos en marcha y cumpliendo los plazos, los contratistas creen
que no va a haber más planes de este tipo, por lo que reivindican a
partir de ahora "el pago puntual y estable" de todas las certificaciones
de obra, algo que "ya se ha incumplido en los primeros cinco meses del
año", según Fernández.
En cualquier caso, ha remarcado que, si las administraciones
públicas incumplen el pago en 2012, las empresas "son libres" de tomar
medidas y de "asumir los riesgos que crean convenientes", ya que estos
impagos son "un hecho gravísimo" que aboca los negocios "al cierre y al
despido de trabajadores".
"No invito a nadie a acudir a la Justicia, cada empresa es libre",
ha puntualizado Fernández, quien ha recordado que "también ha habido
empresas que se han adherido al plan de pagos y otras que han optado por
la vía judicial". No obstante, ha añadido que, con la ley en la mano,
las empresas pueden apelar "a la ley de contratos, que exige el pago en
30 días, o de morosidad, que amplía el plazo a 45 días".
Fernández no ha querido especificar el montante que alcanzan estos
impagos ni ha señalado las administraciones que han incumplido la ley
en estos primeros meses de 2012, algo que a su juicio "corresponde a las
empresas destapar", aunque se ha remitido a "las administraciones que
incumplieron en 2011", entre las que ha citado tanto a comunidades
autónomas como a ayuntamientos.
No obstante, ha destacado que el Plan de pago a proveedores se ha
comenzado a ejecutar la semana pasada, algo que ha considerado de "vital
importancia", pero ha reiterado su denuncia sobre la imposición que
supone "la renuncia a los intereses de demora", que podrían ascender a
unos 300 millones de euros para los proveedores de la Comunidad
Autónoma.
Esta cifra resulta de retraer el ocho por ciento que supone el
interés a los 2.700 millones de euros de deuda que tenía contraída la
Comunidad Autónoma y multiplicarlo por los dos años de atraso que
arrastraban los proveedores por término medio en el cobro de sus
facturas.
Por otra parte, Fernández ha lamentado que, últimamente, se están
produciendo "suspensiones de varias licitaciones de obra pública, tanto
de la Comunidad Autónoma como de los ayuntamientos" que alcanzan un
importe de unos 50 millones de euros, y ha citado como ejemplo, "sin ir
más lejos", las obras de las costeras de la ciudad de Murcia.
Ha estimado que sólo la paralización de las costeras, que ya
habían sido licitadas, van a suponer una pérdida de dos millones de
euros para las 298 empresas que se habían presentado al concurso, por el
coste de los avales técnicos y de los proyectos, entre otras cosas,
mientras que el Ayuntamiento habrá gastado un millón de euros.
En esta misma tesitura se encuentran, según Fernández, el
auditorio de Cehegín que supone un coste de 12 millones de euros, así
como diversas obras en Torre Pacheco y en Lorca que ya estaban licitadas
y se han paralizado.
A pesar de la disminución de la inversión por parte de las
administraciones públicas y la supresión de determinados proyectos, la
Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia aumentó
sus asociados en 2011 con diez nuevas empresas adheridas, algo que
Fernández ha considerado "hasta raro".
De hecho, del total de 85 asociados a la Cámara, Fernández ha
explicado que puede haber 20 ó 30 en situación de concurso de acreedores
por la situación económica, lo que "no quiere decir que tengan
comprometida su viabilidad".
Como consecuencia de la situación de crisis económica, la Cámara
de Contratistas ha detectado un mayor número de empresas ajenas al
sector de las obras públicas y no especializadas que acceden a las
licitaciones de las administraciones.
Ha remarcado que hace dos años hubo una reforma legal en materia
de contratación pública por la cual, todas las obras cuyo importe no
supere los 300.000 euros, no requieren la clasificación administrativa
para poder licitar.
Este hecho puede dar lugar, por ejemplo, a que empresas no
especializadas puedan concursar en proyectos de rehabilitación del
patrimonio histórico artístico algo que, según denuncia públicamente,
está sucediendo en Lorca, donde la "ausencia de exigencia" está haciendo
que cualquier compañía "pueda optar a intervenciones muy
especializadas".
A la vista de esta coyuntura y en base a sus previsiones,
Fernández no ve "signos de recuperación de aquí a final de año", y pone
en duda que la recuperación llegue en 2013, tal y como "afirma todo el
mundo".
"Sería deseable, pero tengo dudas razonables", ha zanjado.
Para lograr la recuperación, el presidente de los contratistas ha
insistido en pedir a las administraciones públicas "que ejecuten sus
partidas de inversión" y que no suspendan proyectos, al tiempo que ha
demandado a las entidades financieras "que aceleren las posibilidades de
conceder créditos y sean más flexibles".
Por lo que respecta a los indicadores más reseñables en el ámbito
de la obra pública, la Región de Murcia, tras dos años liderando los
descensos absolutos y porcentuales de licitación, queda en 2011 en un
término medio en cuanto a reducción de inversiones, si bien sigue
presentando unas cifras "tremendamente desalentadoras".
En concreto, la Comunidad Autónoma registró un 45,8 por ciento
menos de inversión que en 2010, con el consiguiente efecto de arrastre
sobre la industria auxiliar y de materias primas y materiales del
sector.
La inversión total ascendió a 250,10 millones de euros, cuya menor
cuantía "hace que este subsector prolongue una situación muy delicada,
con grave riesgo de destrucción del tejido regional de pymes que se
dedican a la obra pública, y que se acentuará por la falta de
inversiones de las administraciones en los próximos cinco años".
El descenso en la inversión no se reparte por igual entre el
conjunto de las administraciones, pues mientras los ayuntamientos lo
lideran con un 81,9 por ciento menos (44,08 millones de euros), la
Comunidad Autónoma arroja un porcentaje de descenso del 51,5 por ciento
(59,40 millones de euros), y el Gobierno central lo disminuye un 52,7
por ciento, con una cifra licitada de 146,63 millones.
