MURCIA.- En plena emergencia por la DANA Alice, que está provocando inundaciones y
graves incidencias en varios municipios del Campo de Cartagena,
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha denunciado esta mañana
la "situación crítica" del servicio de Atención de Llamadas del '1-1-2',
"cuya saturación y falta de medios ponen aún más en evidencia el
fracaso del modelo privatizado del Gobierno de López Miras".
La formación de izquierdas ha comparado la respuesta del Ejecutivo
murciano con la del PP de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, donde
las lluvias han desbordado la capacidad del sistema de emergencias tras
años de recortes y externalización de servicios esenciales.
En este contexto, IU-Verdes advierte que "el deterioro del '1-1-2' no es
un problema aislado, sino el resultado de un modelo ineficiente y
mercantilizado, después de conocerse las denuncias de las coordinadoras
del servicio y la confirmación de que la empresa concesionaria, Ilunion
Emergencias (Grupo ONCE), ha comunicado su intención de no prorrogar el
contrato vigente, que expira el próximo 14 de noviembre".
IU-Verdes ha exigido al Gobierno regional la reinternalización
progresiva del servicio y la contratación directa del personal,
alertando de que el modelo externalizado "ha fracasado" y pone "en
riesgo la atención ciudadana ante emergencias".
La
coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido que los
propios informes internos del 1-1-2 confirman un "deterioro real" de la
calidad del servicio. Según esos datos, en septiembre se registraron
102.579 llamadas entrantes, de las cuales 1.023 quedaron sin respuesta,
lo que representa un 1,47 por ciento de llamadas perdidas, superando el
límite contractual del 1,20 por ciento.
"Estamos hablando de
un servicio esencial que atiende emergencias sanitarias, incendios o
accidentes, y que ya supera el límite de llamadas perdidas permitido por
contrato", ha señalado Luna.
"El 112 está al borde del colapso por
culpa de un modelo privatizado que trata la atención ciudadana como si
fuera telemarketing. No se puede gestionar un servicio que salva vidas
con la misma lógica que un call center", ha añadido.
Asimismo, ha denunciado que el servicio solo cuenta con un coordinador
por turno, cuando el volumen actual de llamadas "exigiría al menos dos",
y que las trabajadoras y trabajadores no pueden realizar sus descansos
reglamentarios por la sobrecarga.
"Lo que está ocurriendo en
el 112 no es un problema puntual: es el resultado de años de recortes,
falta de previsión y precarización. Desde Izquierda Unida exigimos su
gestión pública directa, con personal suficiente, formación adecuada y
condiciones laborales dignas", ha concluido la coordinadora.
Por su parte, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis
Álvarez-Castellanos, ha responsabilizado directamente al Gobierno de
López Miras del deterioro del sistema de emergencias, que considera "una
consecuencia directa de la política de privatizaciones del Partido
Popular".
"El 1-1-2 está en crisis por culpa de la
privatización. El contrato con Ilunion, adjudicado por casi siete
millones de euros, no ha garantizado ni condiciones laborales dignas ni
calidad en la atención", ha afirmado.
"Ahora la empresa
anuncia que no continuará porque el contrato no le resulta rentable.
Esto demuestra que el modelo está agotado: cuando el servicio depende
del beneficio privado, la calidad y la seguridad se resienten", ha
añadido.
Álvarez-Castellanos ha reclamado al Ejecutivo
autonómico que garantice la continuidad inmediata del servicio sin
deteriorar su calidad, que refuerce las plantillas y que recupere la
figura del segundo coordinador por turno, actualmente eliminada.
Además,
ha instado al Gobierno regional a iniciar un plan de reinternalización
progresiva para devolver el 1-1-2 "al control público directo y a la
transparencia institucional".
"Las emergencias no pueden
depender del margen de beneficio de una empresa. Es hora de que el 1-1-2
vuelva a ser un servicio público, estable y al servicio exclusivo de la
ciudadanía", ha subrayado el diputado.
Izquierda
Unida-Verdes ha recordado que la gestión privada del servicio "no solo
pone en riesgo la atención ciudadana, sino que deteriora las condiciones
de trabajo de quienes atienden las llamadas de emergencia, muchas veces
en jornadas sin pausas y con estrés acumulado".
"No hay
calidad en la atención sin dignidad laboral", ha sentenciado Penélope
Luna, subrayando que el Gobierno regional debe elegir entre seguir
externalizando o garantizar "un servicio público eficaz, estable y
humano".
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