MADRID.- La magistrada instructora del Tribunal
Supremo (TS) Ana María Ferrer ha confirmado el auto que dictó el pasado
octubre para acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, investigada en el caso Púnica.
En
un auto rechaza el recurso de reforma que la Asociación de Abogados
Demócratas para Europa (Adade) presentó contra el archivo y dice que
"la precariedad de los indicios acumulados contra Barreiro justifica el
sobreseimiento provisional acordado de conformidad con lo solicitado
por el fiscal".
Indica
que Adade discrepó en su recurso de la valoración hecha por la
instructora de las pruebas aportadas a las diligencias y propuso la
práctica de otras.
Sobre lo primero, comenta Ferrer que Adade no aporta nada que aconseje una nueva valoración,
sino que "simplemente proyecta su particular óptica interpretativa
sobre los datos obtenidos", por lo mantiene la hecha en el auto
combatido.
Señala que la
versión de descargo de la exalcaldesa, defendida por los letrados
murcianos Raúl y José Pardo-Geijo y que negó haber utilizado fondos
públicos para una campaña de mejora de su imagen pública, fue
corroborada por el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán.
Ferrer
no considera procedente la petición de Adade de incorporar a estas
diligencias las que constan del caso en el Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desde el que se elevó la
exposición razonada que les dio origen.
Tampoco
accede a incorporar lo declarado en el Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia por el expresidente autonómico Pedro Antonio
Sánchez y su entonces colaborador David Conesa en la Consejería de
Educación que ocupaba.
En esas
diligencias se investigaba la presunta comisión de los delitos de
fraude, revelación de secretos y cohecho por los contactos mantenidos
por ambos con el empresario Alejandro de Pedro, investigado en el caso
Púnica, para concertar una campaña.
Sobre
ese asunto, Sánchez ha mantenido siempre la existencia de esos
contactos, aunque ha negado que se aprobara finalmente compromiso alguno
o que se pagara ningún servicio de ese tipo con fondos públicos.
El
auto de Ferrer rechaza el recurso de reforma de Adade pero admite el
subsidiario de apelación, que deberá resolver el Alto Tribunal.
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