CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, ha señalado que
"los palos de ciego judiciales del alcalde, José López,
nos está costando mucho dinero a los cartageneros, tanto que incluso
fuentes del Gobierno lo califican de 'sangría'".
Según una información publicada recientemente, el Ayuntamiento ha
renunciado a reclamar la devolución de cuatro millones de euros a la
Unión Temporal de Empresas Gestípolis y Sonora Producciones.
"Lo dijimos en el
análisis preliminar del borrador de los presupuestos municipales,
existían partidas que nos despertaban algunas dudas como la subvención
para El Batel que se mantenía igual a pesar de que el Gobierno local
aseguraba que iba a renegociar las condiciones de la ayuda semestral y
ahora es cuando, 100.000 euros en costas más tarde, aseguran que lo
importante aquí es revisar el contrato heredado del PP, y dejarse de
pleitos que no puedes ganar a costa de las arcas públicas", ha explicado
Manuel Padín.
Se está convirtiendo para desgracia de todos nosotros en un lugar
común, que el alcalde de Cartagena no sólo no mejore las relaciones
contractuales sino que su arbitraria e impulsiva revisión de los
contratos públicos heredados de la época en que gobernaba Pilar
Barreiro, retrase la rebaja de la cuantía que aporta el Ayuntamiento en
algunos casos y paralice la actividad de grandes inversiones en otros,
en cualquier caso, son los cartageneros los que sufren la improvisación y
la falta de cintura en las negociaciones de la máxima autoridad
municipal", ha señalado el portavoz local de Ciudadanos.
El edil de la formación naranja ha dejado claro que "tampoco nos
gusta en Ciudadanos las condiciones de esos contratos, obviamente no son
todo lo positivos que pueden ser para los intereses de Cartagena, pero
la manera en que se quiere reconducir esas situaciones debe ser meditada
e inteligente para evitar costes innecesarios a nuestras arcas".
Manuel Padín considera que "Se hace necesario impulsar medidas para
que nuestros gobernantes sean más prudentes".
"Es un derecho sagrado
acudir a los tribunales para defender nuestros intereses frente a los
abusos o los incumplimientos, pero también es nuestra obligación ejercer
este derecho con prudencia y sensatez", ha informado Padín.
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