MADRID.- La Región de Murcia ha recibido 4.284,1 millones de euros de liquidez 
extraordinaria concedida por el Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2014
  a través del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) y
 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que representa el 4,6 por 
ciento de los 93.103 millones de liquidez concedida en total a nivel 
nacional.
Así consta en el 'Informe de fiscalización de las actuaciones 
desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en 
relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de 
reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de
 Pago a Proveedores'.
En el documento, el
 organismo fiscalizador analiza la evolución de los mecanismos 
extraordinarios de financiación autonómica que se han puesto en 
funcionamiento a lo largo de esta legislatura: el Fondo para la 
Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA).
Entre ambos, Hacienda ha aportado 93.103 
millones de euros a los gobiernos regionales, de los que el 34,24% se 
han ido a Cataluña (37.878,5 millones), el 22,05% a la Comunidad 
Valenciana (20.525,93 millones) y el 17,6% a Andalucía (16.389,97 
millones).
El Tribunal destaca asimismo que estos fondos han "contribuido de 
manera significativa a inyectar liquidez a empresas y autónomos, a la 
reducción de la morosidad de las administraciones públicas, al 
sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y, a través de los
 planes de ajuste asociados al mecanismo, a la mejora de la situación 
financiera y presupuestaria de las administraciones adheridas".
Además,
 reconoce que las medidas adoptadas en los planes de ajuste que se 
exigían para acceder a este dinero fueron "consistentes y coherentes" 
con los planes económico-financieros, por lo que no fue necesario tomar 
medidas adicionales.
Sin embargo, dado que todas las comunidades 
incumplieron sus objetivos de déficit entre 2012 y 2014, el Tribunal 
cree que los planes de ajuste sólo recogían medidas relacionadas con las
 condiciones de seguimiento, remisión de información, reordenación del 
sector público, reducción del periodo de pago de deuda comercial y 
reformas estructurales para el crecimiento y el empleo, pero no "medidas
 de ajuste extraordinarias", como habría sido necesario.
Con respecto a los 39.586,7 millones del FLA puesto en marcha en 
2012, al que se adhirieron nueve regiones, fueron a pagar 24.592,1 
millones en vencimientos de principal de deuda financiera, 259,9 
millones en liquidaciones negativas de 2008 y 2009, 1.418,5 millones de 
gastos por intereses, y 13.316,3 millones de proveedores y acreedores. 
En total, 679.458 facturas de 51.184 proveedores.
Del total de 
dinero del fondo, el 52,35% de las facturas eran de pymes (62,25% del 
importe total), frente al 40,75% de grandes empresas (36,72% del dinero)
 y el 6,9% de personas físicas (1,03% de los fondos). Además, el 56,6% 
respondía a gasto social, el 9,2% a educación, el 9,7% a servicios 
sociales y el restante 24,5% a otros sectores.
 El fondo se 
prorrogó en 2013 para las mismas nueve comunidades (Andalucía, Asturias,
 Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y 
Comunidad Valenciana) con un total de 23.215,3 millones de euros, que se
 utilizaron para los mismos fines: vencimientos de deuda y liquidaciones
 negativas de 2008 y 2009 abonadas directamente por las comunidades 
(10.359,7 millones), gastos por intereses (773,8 millones) y proveedores
 y acreedores (12.081,7 millones).
 
 
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