
Los presidentes de las cuatro entidades han manifestado su "satisfacción" por participar en un proyecto que supondrá la creación del tercer grupo español de cajas de ahorros. El acto de signatura ha tenido lugar esta misma tarde en Madrid.
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
Los presidentes de las cuatro entidades han manifestado su "satisfacción" por participar en un proyecto que supondrá la creación del tercer grupo español de cajas de ahorros. El acto de signatura ha tenido lugar esta misma tarde en Madrid.
Así lo han anunciado, al término de la reunión de la Comisión de la FMRM, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte; y el alcalde de Murcia y presidente de la FMRM, Miguel Ángel Cámara, en una rueda de prensa a la que también asistió la primer edil de Cartagena, Pilar Barreiro.
Y es que, la propuesta del jefe del Ejecutivo regional de actuar de aval para que los ayuntamientos dispongan de esta línea de crédito tiene que salvar una dificultad derivada del Real Decreto que aprobó el Gobierno de la Nación, mediante el cual se prohíbe a las entidades locales acudir a créditos para financiar inversiones a partir del 1 de enero de 2011.
Por tanto, el objetivo de esta reunión "urgente es impulsar las modificaciones legislativas precisas que permitan que las CCAA concedan avales crediticios que alivien la situación de asfixia financiera de los ayuntamientos".
Esta medida es una de las incluidas en el Plan de Rescate para los 45 ayuntamientos murcianos que anunció el presidente Valcárcel en el Debate sobre el Estado de la Región y que, aunque "no es la solución definitiva que requieren los consistorios, que es que se aborde de una vez por todas la financiación local por parte del Estado, pues se pretende que se les dé estabilidad a largo plazo", ha incidido Reverte.
Dicho plan de rescate es "a la carta" atendiendo a la situación financiera particular de cada municipio; en definitiva, ha manifestado la portavoz del Ejecutivo regional, "una ayuda adicional y un paso más que se dará desde dicho Gobierno, ya que la situación de los 45 ayuntamientos no es la misma".
De esta forma, ha adelantado que se mantendrá reuniones bilaterales de la Comunidad con cada ayuntamiento al objeto de que los planes sean individualizados.
Así, la Comunidad asesorará a los ayuntamientos para reducir sus gastos, reduciendo costes en sus facturas de proveedores, luz y agua, y en cualquier otro tipo de ahorro. Se trata de que los ayuntamientos hagan sus propios planes de ahorro financiero y tengan mayores recursos.
Como ejemplo orientativo, los municipios cuya población supera los 50.000 habitantes podrían disponer de hasta 15 millones de euros cada uno, en función de las necesidades económicas que precisen, según Reverte.
Otra de las medidas que se incluyen en el referido plan es la de fijar un fondo "incondicionado" para los ayuntamientos de los presupuestos correspondientes a la Consejería de Presidencia, que contemplan algo más de 100 millones de euros al año.
Y es que, actualmente los ayuntamientos reciben de la Comunidad fondos por dos vías: del capítulo 4, para gasto corriente; y del capítulo 7, para gastos de inversión; de tal forma que "las cantidades que les lleguen por esos capítulos de gasto exclusivamente se pueden gastar para esa finalidad".
Sin embargo, lo que se hará respecto al presupuesto correspondiente al ejercicio de 2011 será "incondicionar esos fondos, para que el Ayuntamiento sea el que decida si lo destina a inversión o a sus propios gastos corrientes".
En segundo lugar, del dinero que los ayuntamientos reciben de otras consejerías se analizará qué parte de ese importe podrán recibir de forma incondicionada. Así, Reverte ha indicado que "se está en negociación con los distintos departamentos para que los consistorios puedan utilizar ese dinero y hagan frente a la deuda que tienen con los proveedores y para lo que decidan".
La creación de este fondo incondicionado se suma a otras medidas facilitadas por el Gobierno regional ya en vigor, como el incremento de la dotación destinada a gasto corriente de los ayuntamientos --que se ha duplicado con respecto a 2009-- y la eliminación de la cofinanciación municipal en determinadas actuaciones, de tal modo que obras subvencionadas por la Comunidad no tengan que contar también con fondos locales.
Por último, el alcalde de Murcia ha criticado que "en momentos donde los ayuntamientos ven como el Gobierno de la nación nos va dejando de lado, en los dos últimos ejercicios se ha registrado un 20 por ciento menos de transferencias corrientes a éstos".
Es decir, ha puntualizado, se habla de que en 2009 y este año "los ayuntamiento en el conjunto nacional han recibido 6.000 millones de euros menos en comparación con el ejercicio de 2008", por lo que no ha dudado en afirmar que "es un Gobierno que no está ni se le espera a la hora de echar una mano a los ayuntamientos".
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
En un escrito de 45 folios, los familiares de dos comandantes fallecidos en el accidente solicitan la declaración de un total de 22 militares españoles en calidad de testigos.
Entiende esta parte que el testimonio de todos ellos servirá para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003", en especial del vuelo UKM 4230, "que carecía como el resto de cualquier tipo de control por parte de la Defensa o la contratista Chapman Freebrorn", un hecho que terminó con el luctuoso acontecimiento.
Entre las testificales, solicitan un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, la queja remitida por el teniente coronel del CISET Javier Marino.
El primero ya declaró en la Audiencia Nacional que no tenía constancia de que el escrito llegara a Trillo, mientras que el segundo indicó también en sede judicial que la queja fue cursada con toda seguridad al ministro.
Igualmente, esta parte solicita la comparecencia en la Audiencia Nacional de 15 civiles también en calidad de testigos, entre ellos varias personas que volaron antes del accidente con las tropas destino a Afganistán en aviones ex soviéticos, así como intervinientes en el contrato de los vuelos.
Interesan también la declaración de militares chilenos e italianos testigos de los últimos momentos con vida de los 62 fallecidos. Estos testigos coincidieron con los militares durante la última escala que éstos hicieron en la base aérea militar de Manás (Kirguizistán), y según esta parte son testigos de llamadas a España para solicitar un cambio de avión o la espera de un día para emprender el regreso.
Además, las familias piden al juez que requiera hasta una treintena de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia, a las empresas Iberia Air Europa, RTVE, Cadena Ser, Cope, Onda Cero y al Juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso.
El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.
El tribunal rechazaba de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares.
En su auto, el tribunal sostenía "las alegadas malas condiciones" en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 "no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas", que "cedieron" a la agencia Namsa "la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas", y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, "resultan igualmente ajenas al ámbito penal".
El presidente de la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic), Jesús Banegas, indicó hoy que el hecho de que el Gobierno haya priorizado el currículum del nuevo cargo por encima de otras cuestiones políticas transmite tranquilidad y confianza en el sector.
"Bernardo Lorenzo es la quintaesencia del funcionario de Estado que aúna un excelente nivel profesional y un alto conocimiento del oficio", indicó Banegas, quien recordó que, en cualquier caso, la elección de Lorenzo, que desde abril de 2008 era director general de Telecomunicaciones, es una decisión que compete al Gobierno.
Respecto a Francisco Ros, que ocupaba el cargo hasta el pasado viernes, Banegas valoró su labor al frente de la Secretaria de Estado, en la que ha tenido que lidiar con una "etapa brillante", derivada del Plan Avanza 1, y con un periodo más "complicado" debido a la segunda edición de dicho programa, que cuenta con un presupuesto más bajo.
"Su labor ha sido francamente buena, y a nivel europeo cuenta con un gran reconocimiento, que ha redundado en un mayor prestigio para el sector en España", manifestó el presidente de la patronal TIC.
El organismo que preside Modesto Crespo ha acordado su incorporación al contrato de integración de aclaraciones que posibilitan que el banco resultante sea gestionado conforme a prácticas de buen gobierno, ha indicado la CAM en un comunicado.
El Consejo de Administración de la caja valenciana ha alcanzado este acuerdo tras valorar las ventajas que la constitución de uno de los grupos de cajas de ahorros con mayor fortaleza y proyección de España supondrá tanto para los clientes, como los empleados y la sociedad en general.
De hecho, la SIP dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.
Tras esta decisión del Consejo de Administración, el equipo directivo de la CAM dijo estar "muy satisfecho" por la culminación de este proceso "que permite a la entidad alicantina formar parte de uno de los SIP más potentes del mercado financiero español".
"El buen hacer y la flexibilidad de las cajas participantes han posibilitado un acuerdo propio de una entidad moderna, fuerte, solvente y bien posicionada para competir en el actual contexto financiero, y que está llamada a liderar el sector", indicaron desde la dirección de la caja.
Por su parte, Modesto Crespo dijo estar "muy satisfechos" con el acuerdo alcanzado y recordó nuevamente que se convertirán "en el tercer grupo de cajas de este país".
El Banco de España convocó el pasado día 16 una reunión de urgencia para abordar este SIP y dio de plazo hasta el martes para tratar de reconducir la situación después de que el día anterior el consejo de administración de la CAM aceptara la 'fusión fría' pero no ciertos aspectos relativos al Gobierno corporativo.
En concreto, la caja valenciana se negó a aceptar la delegación de funciones en el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP. En este sentido, el consejo de la caja reafirmó la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas "la reciba y administre el Consejo de Administración del banco y, a través de éste, el Consejero Delegado".
Por su parte, Cajastur respondió a la CAM que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre ambas cajas, Caja Extremadura y Caja Cantabria se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza.
Tras estas discrepancias sobre el modelo de gobierno corporativo, el acuerdo alcanzado permite la 'fusión fría' que la CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron crear el pasado 24 de mayo para dar lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.
El presidente de Caja de Extremadura, Víctor Bravo, ha calificado hoy de "estupendo" que el consejo de la CAM se haya decidido a favor del SIP, que también acogerá a Cajastur y Caja Cantabria.
Por otra parte, el Consejo de Administración de la caja murciano-alicantina conoció los resultados del primer semestre del año, que la CAM cerró con un resultado atribuido al grupo de 103,5 millones de euros, un 18,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 495 millones de euros mejorar las coberturas de activos vía provisiones, según ha informado la entidad.
El margen de interés del negocio alcanzó los 474 millones de euros, situándose en niveles previos al inicio de la crisis. En este sentido, la CAM ha subrayado que lo "excepcional" que resultó 2009, en el que el índice aumentó un 46% interanual por efecto de la evolución de los tipos de interés.
El organismo que preside Modesto Crespo mejoró en 0,1 puntos porcentuales su coeficiente de solvencia, que se sitúa en el 11,5% y que supone un exceso de capital sobre requerimientos mínimos de 1.790 millones de euros, un 44%. Durante este semestre, la CAM fortaleció también su estructura de solvencia con un Tier 1 del 9,2%, 0,2 puntos porcentuales por encima de junio de 2009.
Además, durante estos primeros seis meses del año, la entidad siguió manteniendo niveles de morosidad y de cobertura que mejoran la media sectorial. De este modo, el índice de morosidad se sitúa en el 4,6%, un punto porcentual por debajo de junio de 2009 y 0,5 puntos porcentuales mejor que la media del sector de cajas, mientras que el ratio de cobertura se eleva al 81%, 26 puntos mejor que hace un año.
En el capítulo de liquidez, las reservas de CAM le permiten cubrir los vencimientos de deuda de los próximos cuatro años, ya que en lo que resta de 2010 CAM no tiene ningún vencimiento pendiente.
Por otra parte, CAM ha reducido en 2.900 millones de euros la financiación recibida del Banco Central Europeo (BCE) hasta alcanzar la cifra de 2.518 millones en junio de 2010. En Caja Mediterráneo, la financiación del BCE supone un 3,5% sobre el total de activos, frente al 4,1% de media de las cajas y el 5,2% de media de los bancos.
El volumen de recursos en balance de la entidad se situó en 65.810 millones de euros, mientras que los recursos minoristas --equivalentes al negocio básico-- experimentan un incremento del 11% y se sitúan en 32.938 millones de euros, con 3.250 millones más que hace un año. Por el contrario, se observa una reducción del 13% en la financiación mayorista.
El crédito gestionado fue de 58.013 millones de euros, un 4% menos que en 2009, si bien en el trimestre repuntó en 485 millones de euros. El 69% del crédito está cubierto con garantías reales.
En este primer semestre de 2010, la caja valenciana ha formalizado 53.317 nuevas operaciones de crédito por importe de 3.580 millones de euros. Caja Mediterráneo expresó su apoyo a las líneas de financiación públicas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a través de las cuales ha formalizado más de 8.600 operaciones crediticias por importe de 486 millones de euros.
Durante este semestre, CAM ha continuado desarrollando su política de eficiencia con la reestructuración de su red de oficinas al nuevo escenario económico. A junio de 2010, la red comercial de CAM se compone de un total de 997 oficinas, tras aplicar una reducción de 94 oficinas desde junio del año pasado.
Dos años después del inicio de su cotización en Bolsa, las cuotas participativas CAM siguen mostrando un buen comportamiento en comparación con la media de las entidades financieras cotizadas. En lo que llevamos de año, la cotización de las cuotas CAM se ha revalorizado un 10,43%, muy por encima de los principales índices bursátiles.
"Para los asuntos que ahora se aprueben, los afectados y cualquier murciano que pretenda alegar o presentar recurso administrativo sólo tendrán un mes de plazo. Si ya el plazo de un mes para alegar o recurrir un plan parcial, una expropiación o una modificación del Plan General Urbano resulta insuficiente para asegurar una defensa digna, si ese mes es agosto nos encontramos ante la imposibilidad de defensa alguna.
Según las entidades denunciantes, los murcianos afectados por las abundantes actuaciones urbanísticas con los que va cargado este Consejo Rector van a encontrarse con las notificaciones en pleno agosto, y en esa fecha les va a resultar imposible consultar expedientes de centenares de folios, encontrar un profesional que estudie su caso y les aconseje y después, presentar su alegación o recurso administrativo.
El tribunal del Convenio de Aarhus dependiente de la ONU ya ha condenado esta práctica del Ayuntamiento de Murcia por la falta de participación y el ataque a la transparencia que supone la aprobación de asuntos como estos en época vacacional, pero por lo visto, parece que los intereses que mueven al consistorio murciano y en concreto al concejal de urbanismo están muy por encima de lo que dice el mencionado tribunal de la ONU. Huermur y pro-patrimonio van a exigir al Estado Español y a la ONU que se actúe contra el Ayuntamiento de Murcia por hacer caso omiso a las recomendaciones hechas desde el tribunal internacional y van a solicitar que se revisen las subvenciones, acuerdos y premios otorgados al Ayuntamiento de Murcia.
Debido a que el contenido del Orden del Día del Consejo no es demasiado explícito, las asociaciones han realizado unos breves comentarios, desde su punto de vista, a algunos de los asuntos que probablemente van a ser aprobados:
El primero es el expediente 141/09 que trata de la modificación puntual nº 115 del Plan General que afecta al cementerio de Llano de Brujas. Con esta actuación se propone cambiar la calificación de una estación de bombeo que se encuentra en la fachada del cementerio, lo que no se dice en la memoria de esta modificación es que, además afecta a una franja de terreno rústico de huerta no urbanizable que discurre junto a la tapia del cementerio, y que se va a convertir en vial para dar acceso a futuras edificaciones residenciales. Parece ser que con la excusa de arreglar la situación del cementerio las asociaciones sospechan que se beneficia a algún promotor para crearle accesos y viales donde el Plan General de Ordenación Urbana no los ha previsto. HUERMUR presentó alegaciones a la aprobación inicial de esta modificación pero el Ayuntamiento no ha contestado.
Respecto a los Planes Parciales y los Especiales que se van a tratar en el Consejo, llama la atención que se encuentren todos en “aprobación definitiva”, ya que esto significa que no hay posibilidad de alegar y que lo único que resta por hacer a los afectados es recurrirlos en el plazo de un mes, después habrá que ir a los tribunales de justicia.
Según las entidades denunciantes, estas aprobaciones definitivas consolidan los derechos de los promotores, ya que una vez aprobado definitivamente pueden vender el Plan Parcial y especular con él.
Entre los nueve planes parciales que se aprueban de golpe en este Consejo Rector se encuentra el ZM-Ed1 en Espinardo, que limita por el sur con la urbanización Joven Futura donde se hallaron importantes restos arqueológicos, que por Orden de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales se obligó a conservar “in situ”.
Es importante señalar que en la aprobación inicial de este Plan se presentaron alegaciones, ya que no se tenía en cuenta la posibilidad de que al comenzar a remover terrenos se encontrasen restos arqueológicos de la misma importancia que en la urbanización vecina de la que tan sólo le separa un carril de tres metros de ancho. Sin supervisión arqueológica no se puede autorizar este Plan Parcial. El Ayuntamiento tampoco ha respondido a las alegaciones presentadas.
Resulta curioso para las entidades murcianas, que junto al anterior Plan también se apruebe la modificación del Plan Parcial ZA-Ed3 correspondiente a la urbanización Joven Futura, donde se aprueban una serie de cambios en el planeamiento en un vano intento de solucionar las graves deficiencias que este Plan Parcial arrastra y que son objeto de casi una veintena de procesos judiciales vivos, y que se espera comiencen pronto a resolverse en los juzgados después de más de cinco años de espera por parte de los vecinos.
Dentro de las modificaciones introducidas en el Plan Parcial ZA-Ed3 hay que destacar una que deben conocer todos los propietarios de esa urbanización. Se trata de la determinación de aumentar un 5% la edificabilidad del sector para compensar los gastos que los propietarios han tenido que sufragar por la excavación arqueológica y la conservación de los importantes hallazgos. Ese aumento de edificabilidad supone que ahora los propietarios de los pisos deben recibir el importe equivalente al 5% de las 1390 viviendas que componen la urbanización, que resulta ser de 69.5 viviendas adicionales que el ayuntamiento autoriza a edificar para compensar con su venta los gastos arqueológicos.
Según la publicidad de la promotora sobre la venta de las viviendas, el precio a las que las vende es de 154.866,90 euros cada una. Por lo tanto con la venta de las 69 viviendas ahora autorizadas la promotora obtendrá la cantidad de 10.685.816´10 euros. Descontado el coste de la edificación el beneficio de la venta de esos pisos cubre los cuatro millones de euros que aproximadamente costó la excavación arqueológica y por la que cada propietario de piso en Joven Futura ha tenido que pagar 3.000 euros adicionales que ahora la gestora de la cooperativa podrá devolver a los jóvenes.
Huermur también considera importante comentar la rápida tramitación del Plan Parcial ZM-Ac1 en Aljucer, que en este Consejo se aprobará definitivamente, ya que el plazo para presentar alegaciones a la aprobación inicial finalizó hace aproximadamente dos meses. Este plan afecta a vecinos del centro del pueblo de Ajucer, entre los que se encuentran ancianos pensionistas y varias familias propietarias de pequeñas viviendas, que sin entender lo que ocurre, porque no son capaces de creer que alguien va a decirles que se tienen que marchar de sus casas, se ven dentro de estos inhumanos procesos urbanísticos donde, si nadie lo remedia, acabarán con la expropiación de los más débiles incapaces de enfrentarse a los especuladores.
Otro de los asuntos sobre los que conviene meditar, según Huermur, es sobre la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación Forzosa de las viviendas de los afectados por la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7 en el Puntal. Se trata de siete familias entre las que se encuentran varios pensionistas que van a ser expulsados de sus casas para construir lujosas viviendas al borde de la Avenida Juan Carlos I.
Lo más sangrante es que el Plan ZM-Pn7 tiene unas deficiencias tan graves que dio lugar a que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo solicitase la revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva de dicho Plan, sin que dicha revisión se efectuase por parte del Ayuntamiento.
Para las entidades Pro-patrimonio resulta curioso que algunas de las actuaciones que ahora se aprueban definitivamente fueron iniciadas en la época en la que Joaquín Peñalver Motas era el jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en la Gerencia. Este funcionario está siendo investigado por diferentes delitos relacionados con la Administración Pública y el enriquecimiento personal, tras denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Este motivo debería ser suficiente para que el concejal de urbanismo no continúe la tramitación de aquellas actuaciones donde exista una intervención directa de dicho funcionario a través de informes.
Desde HUERMUR se anima a los afectados por los procedimientos urbanísticos del municipio de Murcia que, pese a la crisis económica que los hace inviables siguen tramitándose con el objeto de consolidar los derechos de los especuladores ante el temor de un futuro cambio en el planeamiento general, a que se defiendan, aleguen y recurran porque cuando un Ayuntamiento pone en práctica el ardid de aprobar asuntos como los de este Consejo Rector en plena época vacacional no es por casualidad, es simplemente porque entre esa avalancha pretende camuflar algunos que posiblemente son muy turbios y se pretenden que pasen desapercibidos".
En concreto, piden la delimitación de espacios para uso familiar, con unas normas que garanticen "el respeto a los demás usuarios, el amparo de la infancia y la protección del medio ambiente"; el fomento en estos espacio de actividades deportivas al aire libre, especialmente dirigidas a las familias; o la organización en estos espacios de actividades culturales al aire libre -teatro, cine, música, esculturas de arena- dirigidas a las familias.
También promueven la eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y la mejora de accesos a la playa a mayores, bebés y discapacitados, así como la promoción de campañas publicitarias destinadas a dar a conocer a las familias la existencia de dichos espacios para su disfrute.
Así lo anunció el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes, quien aseguró en rueda de prensa que los sectores principales en los que se incrementa esta práctica en Murcia son en construcción, hostelería y limpieza, "ya que son tres actividades donde los puestos de trabajo no son fijos".
Además Fuentes señaló que ya se ha actuado en una empresa (grupo de cuatro sociedades) con 69 trabajadores que cobraban la prestación por desempleo indebidamente, "quienes deberán devolver el dinero percibido", y se han iniciado actuaciones penales contra los responsables de las empresas.
En concreto, la Inspección ha dado cuenta de que durante el año 2010 ha detectado un total de 281 situaciones irregulares en materia de desempleo. De ellas, 82 corresponden a perceptores de prestaciones a los que se ha identificado mientras trabajaban en el curso de visitas de inspección.
Otros 75 perceptores han causado baja en las prestaciones por anulación de altas en Seguridad Social al haberse comprobado que simularon las relaciones laborales para poder acceder indebidamente a las prestaciones. Y a otros 124 se les han anulado las altas antes de que hubieran solicitados las prestaciones por el mismo motivo que los anteriores. A lo anterior se suma que han hallado a 160 personas extranjeras sin autorización para trabajar.
Además se ha programado una conjunto de sesiones informativas y controles de presencia en las distintas oficinas de empleo y en la D.P. para informar, asesorar de las posibilidades que ofrece el portal REDTRABAJ@ en lo referente no solo a las prestaciones por desempleo sino las potencialidades que ofrece dicho portal para buscar trabajo.
Como consecuencia de estas actuaciones se han iniciado más de 4.000 procedimientos sancionadores que pueden suponer en algunos casos hasta la extinción de la prestación por desempleo.
En este sentido, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha informado que en los seis primeros meses del año han sido inspeccionados 4.825 centros de trabajo. En algunos de ellos han sido detectadas irregularidades que han dado lugar a la liquidación de cuotas impagadas de Seguridad Social por un importe de 26.724.897 euros.
Entre ellas, considera muy preocupante la cantidad de actas levantadas a empresas con 1.321 trabajadores sin dar de alta en Seguridad Social.
A este respecto ha señalado que "estas personas han pasado de la economía irregular a una actividad acogida a todos los derechos que se derivan de la legislación laboral española y de las cotizaciones de cara a sus futuras pensiones" y ha criticado también la competencia desleal de los empresarios que cometen estas irregularidades respecto a aquellos que respetan y cumplen con las normativa laboral.
González Tovar ha informado que, durante el primer semestre el año 2010, se han pagado en la Región de Murcia 507.220.184 euros en prestaciones por desempleo por sus distintas modalidades: prestaciones contributivas, subsidios, Renta Activa de Inserción y Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. En total han sido 709.715 los perceptores que han tenido derecho de acceso a estas ayudas.
En cuanto a las prestaciones realizadas con cargo al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), es decir, el cobro de 420 euros durante un periodo de seis meses, se han beneficiado en este primer semestre de 2010 un total de 18.481 personas.
González Tovar ha recordado que a dicha ayuda pueden acceder aquellas personas en paro, menores de 65 años, que habían agotado la prestación por desempleo y subsidio, no tienen rentas superiores al 75 por ciento del SMI y el compromiso de participación en itinerarios activos de inserción profesional.
En cuanto a la Renta Activa de Inserción, han sido 1.675 los beneficiarios en este primer semestre del año además de 805 personas con minusvalía, 423 víctimas de violencia de género y 9 de violencia doméstica. También se han aportado prestaciones por retorno voluntario de extranjeros a 261 personas.
En el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 1.059.094.569 euros a los pensionistas de la Región de Murcia que en total suman 237.224 perceptores (4.599 más que en el primer semestre de 2009).
De ellos 221.041 pensiones son gestionadas por el INSS, entre los que 32.139 son perceptores por incapacidad permanente, 121.874 por jubilación; 57.782 por viudedad; 8.626 por orfandad y 620 por favor de familiares.
A los anteriores se suman 14.409 perceptores de pensiones mínimas no contributivas. Por su parte el Instituto Social de la Marina gestiona las pensiones del Régimen especial del Mar, al que están adscritos 1.999 pensionistas.
En la Región de Murcia el 42,8% son perceptores de pensiones mínimas (101.593), de los que el 5.9% (14.184) recibe pensiones no contributivas.
La pensión media en la Región de Murcia es de 686,24 euros, y el último incremento en 2009 ha sido del 3,3% (22,43 euros de media de aumento).
González Tovar ha recordado que entre 2004 y 2010 la pensión media ha aumentado un 34,33 por ciento en la Región de Murcia, la subida más importante que este colectivo ha conocido en sólo 6 seis años. Sin embargo, ha subrayado que en ese mismo periodo el incremento mayor se ha producido en las pensiones mínimas, que han aumentado un 47,3 por ciento.
También durante el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 101.862.047 euros en la Región de Murcia a los 24.670 perceptores de subsidios reconocidos en el periodo. De éstos 7.116 personas los han recibido por Incapacidad Temporal (45.774.840 euros); 318 por Lesiones Permanentes No Invalidantes y 2.030 por subsidios por Defunción.
En este apartado se incluyen los distintos subsidios abonados en apoyo de la familia en la Región de Murcia, que en el periodo del primer semestre de 2010 asciende a la cantidad de 56.004.104,16 euros, habiéndose estimado que el beneficio de los mimos ha llegado a más de 15.206 familias murcianas.
Los representantes de los trabajadores han informado que han remitido este lunes a Modesto Crespo y al director general de CAM, Roberto López, un escrito, en el que trasladan "la inquietud de la plantilla de la CAM", ante las últimas negociaciones que, en su opinión, conducen "a la desaparición" de CAM.
En el documento enviado a la dirección de la entidad alicantina, CGT-CAM reitera su postura contraria a la integración en el SIP o 'fusión fría' con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, por repercusiones negativas, a su juicio, en las plantillas de las cajas implicadas.
En concreto, CGT apunta a la destrucción de puestos de trabajo, precarización de las condiciones laborales, externalización de servicios, pase de redes de oficinas y departamentos centrales a la banca, entre otros.
"En el caso de aprobar hoy dicha integración, deben saber que la plantilla de la CAM, siempre, ha cumplido con suficiencia y profesionalidad todos los objetivos emanados de la dirección general y aprobados por el consejo de administración", han explicado los representantes de los trabajadores.
Por uno de estos acuerdos se indica a los acreedores de la constructora "Juconsa 2001" que en la secretaría pueden consultar el plan de liquidación de los bienes y derechos de la misma.
Otra resolución judicial indica que ha sido declarada en concurso de acreedores la mercantil "Valencia Construcciones, S.A.", para la que se ha nombrado administrador judicial a Carlos Conesa Fontes, abogado.
En cuanto al expediente que afecta a la empresa "Segur Hispania, Sistemas de Seguridad" se ha acordado la designación como administrador concursal del economista Carlos Briones.
Por otros dos acuerdos judiciales han sido declarados en concursos voluntarios el "Restaurante Ranga, S.L." y la cooperativa "Verduras Selectas del Campo de Cartagena".