MURCIA.- La empresa Garcerán Construcciones S.L. era un chollo  para altos cargos y destacados funcionarios del Ayuntamiento de Los  Alcázares. Y éstos, a su vez, eran un chollo para la firma constructora.  Unos se beneficiaban de los otros, y los otros de los unos, en una  especie de relación simbiótica económico-política que habría permitido  enriquecerse a todos ellos.
'La Verdad' desveló las conclusiones de informes  realizados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y  Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han sido  incorporados a las diligencias del 'caso Ninette', que apuntan a que el  ex alcalde socialista Juan Escudero, el concejal de Urbanismo Alfredo  Blanco y el secretario municipal ya jubilado, Diego Sánchez Gómez, todos  ellos imputados, habrían realizado diversas reformas en sus viviendas o  negocios, incluso tres chalés en el caso de Diego Sánchez y sus dos  hijos, cuyo coste, en todo o en parte, no habrían abonado a la  constructora Garcerán Construcciones S.L.
 
Ello no implicaba, sin embargo, que la firma citada,  propiedad del también imputado Valero Garcerán, trabajara gratis.
Esta  empresa era concesionaria de buena parte de las grandes obras  municipales, como la construcción del nuevo edificio consistorial y de  un aparcamiento municipal, el cuartel de la Policía Local y de  Protección Civil, la ampliación de la Casa de la Juventud, el nuevo  Teatro municipal..., y supuestamente se dedicaba a hinchar las facturas  para cargar al Ayuntamiento el coste de las obras realizadas al ex  alcalde Escudero, al edil Blanco o al ex secretario municipal Sánchez.
 
Como era el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de  los supuestos miembros de la 'trama Ninette', quien tenía que dar el  visto bueno a esas facturas infladas, pues éstas pasaban el filtro sin  problemas.
 
Si tales eran las conclusiones de los especialistas de la  UDEF-BLA, a similar resultado llegan los inspectores de la Agencia  Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), organismo dependiente  de Hacienda, que también están trabajando en el caso. Así, un informe de  la Delegación Especial de Murcia, remitido a finales del año pasado al  Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, insiste en las obras que  garcerán Construcciones S.L.
Realizó para Aurora de la Concepción  Martínez Zapata, mujer del ex alcalde socialista, concretamente  adecuando un local diáfano para la habilitación de una academia de  enseñanza y una residencia escolar, por importe de 273.418 euros.
 
Pese a que esas obras habrían estado finalizadas en el  año 2001, no existe en la contabilidad de la constructora ni una sola  factura librada a la esposa del entonces alcalde y sólo en el 2002  aparece una factura, por importe de 88.325 euros más IVA.
Y, además,  sólo existe constancia de que de ese dinero se abonaran realmente unos  30.000 euros, ingresados en una cuenta de La Caixa, "pero del  resto no existe prueba alguna, ya que tampoco fueron objeto de  contabilización cuando supuestamente se realizaron y no se declararon en  las liquidaciones del IVA, siendo además todos ellos anteriores a la  fecha de la factura", según los inspectores de Hacienda.
 
Serían, así pues, más de 240.000 euros los que Escudero y  su esposa no habrían abonado, supuestamente, a la constructora, aunque  ésta, según los informes policiales, los habría acabado cobrando  mediante el sistema de inflar las facturas por las obras municipales que  estaba realizando.
 
Por lo que se refiere al arquitecto municipal Mariano  Ayuso, el informe de Hacienda desvela que éste también hizo reformas en  dos locales comerciales, pertenecientes a una de sus sociedades, que  habría acometido garcerán Construcciones S.L. y cuyo coste ascendía a  623.021 euros. Además, la constructora también emite facturas por  importe de 125.000 euros al despacho de arquitectura de Ayuso, en  concepto de "asesoramiento en instalaciones de edificios".
 
Pues bien, lo que han comprobado los inspectores fiscales  es que Garcerán Construcciones S.L no llega a cobrar el total de  833.488 euros que le debía Mariano Ayuso y que la constructora se  limita, en su libro de cuentas, a eliminarlos del balance de cuentas de  pasivos. 
 
 
 
 
A ese 'regalo' se suma la transferencia de cuatro  parcelas por parte de la sociedad Promociones y Construcciones Nárcega  S.L, también propiedad de Valero Garcerán, a una mercantil, Dekema Bull  S.L., cuyo 50% pertenece presuntamente a Mariano Ayuso, aunque está a  nombre de su cuñada y supuesta 'testaferro', Inmaculada Camacho  Escudero.
Esas cuatro fincas estaban valoradas en más de 4,3 millones de  euros y sólo existe constancia de que Dekema Bull llegase a pagar 1,8  millones. Los 2,5 millones restantes no habría llegado a cobrarlos  Construcciones Nárcega, por que lo, teniendo en cuenta que Ayuso tenía  presuntamente el 50% de Dekema Bull, el regalo recibido se habría  elevado esta vez a algo más de 1,2 millones de euros.
 
Tal y como lo refieren los inspectores de Hacienda, "resulta que la empresa Nárcega transfiere de forma gratuita su  patrimonio a Dekema Bull SL, en la que participa Inmaculada Camacho y en  la que, según datos anteriores, resulta estar asimismo participada por  el arquitecto municipal y otros".
 
Los presuntos regalos millonarios realizados a Mariano  Ayuso por la firma adjudicataria de grandes proyectos municipales en Los  Alcázares son los que llevan a Hacienda a exponer que "se  aprecian indicios suficientes para presumir que estamos ante un presunto  delito de cohecho", por el que señala al constructor Valero  Garcerá, al arquitecto municipal Ayuso y a su cuñada, Inmaculada  Escudero, también imputada en el 'caso Ninette'.
 
Además consideran que Valero Garcerán ha podido incurrir  en un delito contra la Hacienda Pública, por importe de 319.148 euros,  por el dinero que una de sus sociedades, Garcerán Construcciones, dice  haber prestado a otra, Construcciones Nárcega, cuando lo cierto es que  la primera empresa no recoge en s contabilidad dichas entregas en  efectivo.