martes, 12 de junio de 2018

Montón se marca como objetivos la sanidad universal y el fin del copago farmacéutico

VALENCIA.- La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que desde el mismo día en que prometió el cargo trabaja para "intentar devolver la asistencia sanitaria de manera universal" y en eso es en lo que van a estar volcados durante el primer mes en el Ministerio. 

Montón ha dicho que el Gobierno dejará "bien claro que la salud es un derecho" y que no admite "exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa".
“Estamos hablando de decencia y un Gobierno decente no deja a nadie atrás, y una sociedad decente y solidaria como la española tampoco quiere tener una exclusión sanitaria”, ha afirmado la ministra, quien ha advertido de que para lograr este objetivo es necesaria “más de una semana”.
Montón ha destacado que no se trata de dinero, sino de salud individual y también comunitaria, ya que la comunidad también se ve perjudicada "por tener a personas que están fuera, desatendidas del sistema, por las vacunaciones por ejemplo o por enfermedades de declaración obligatoria, que son las contagiosas y se quedan sin registrar".
El pasado sábado, Montón aseguró haber mantenido sus “primeras conversaciones” en el cargo con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para ver cómo “revertir la situación” de los copagos sanitarios. 
En una entrevista en laSexta, Montón apuntó que, aunque “es más difícil construir que destruir”, va a intentar recuperar “los derechos arrebatados en 2012 con la excusa de la crisis”.
Sobre sus retos al frente del Ministerio, ha asegurado que lo que intentará hacer es "poner a las personas en el centro de todas las decisiones" y mantener diálogo, especialmente con las comunidades autónomas, que son "las que realmente se encargan de la gestión cotidiana".
“Vamos a ser facilitadores de su gestión y les vamos a ayudar a planificar mejor y establecer mejor las reglas del juego para que haya equidad y tengan los suficientes elementos para llevarlo adelante", ha manifestado, y ha defendido que “las puertas del Ministerio están abiertas”. 
Montón ha afirmado que tampoco se olvida del bienestar social y ha asegurado que la de Dependencia es "una excelente ley que aprobó el gobierno de Zapatero en 2006 y que hay que poner en vigor". 
En este sentido, ha señalado que pactarán con el tercer sector y con las comunidades esa puesta en marcha "que ha quedado rezagada", y ha añadido: "Es momento del diálogo, dialogo, diálogo, del consenso y de ponernos a trabajar a toda prisa".
“Magia este gobierno no tiene, pero lo que sí que tiene son muchas ganas de trabajar. Ha recogido la ilusión de la calle, y vocación y voluntad de diálogo la tenemos toda y esperamos empezar a cambiar las cosas, que este país bien lo necesita", ha manifestado.

El Gobierno acelerará el regreso de las autonomías al mercado


MADRID.- La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a encontrase sobre la mesa la demanda que ella misma lanzó a su Ministerio desde su anterior cargo al frente de la Consejería de Hacienda de Andalucía. Esta comunidad autónoma ha sido una de las más combativas a la hora de solicitar al Gobierno central la autorización para desprenderse del paraguas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –el instrumento creado durante la crisis para garantizar la viabilidad de la financiación autonómica– y volver a financiarse en el mercado de capitales, recuerda Cinco Días.

Con el cambio de Ejecutivo, los preparativos para el regreso a esta fórmula de financiación van a acelerarse, según señalan fuentes próximas al ministerio de Montero. “En el mercado hay mucha liquidez y hay ganas de diversificar en nuevos nombres de emisores. Las comunidades autónomas son grandes candidatas a tener un buen recibimiento por parte de la comunidad inversora”, señala Jorge Alcover, director de mercados de capitales de deuda de Goldman Sachs.
Hasta el momento, solo un puñado de comunidades han alcanzado la autonomía financiera y la solidez suficientes para lograr emitir deuda en el mercado de forma más o menos sostenible. Son Madrid, Navarra, País vasco y Castilla y León. El resto sigue dependiendo –salvo emisiones muy puntuales y de muy poca cuantía de Asturias y La Rioja – del FLA para su financiación. 
Prueba del apetito inversor es la colocación realizada la semana pasada por el País Vasco de un bono sostenible a 10 años por 500 millones de euros, que recibió una demanda que superó en tres veces la oferta.
El País Vasco, con un rating de A+ con perspectiva positiva por parte de Standard & Poor’s, tiene luz verde de Hacienda para recurrir al mercado. La condición que exige el Ministerio que ahora dirige Montero es que la colocación se haga a un coste que no llegue a superar en 50 puntos básicos el tipo al que se financia el Tesoro a un mismo plazo. Y esa prima que una emisión autonómica pagaría sobre el bono soberano es precisamente el gran atractivo que despierta entre los inversores.

El Gobierno de Sánchez eliminará el impuesto al sol

MADRID.- La carta de presentación del Gobierno de Pedro Sánchez en Europa no dejó lugar a las dudas en lo que se refiere a la política energética. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se presentó este lunes en su primer Consejo con un enfoque muy distinto al que España había defendido en los últimos años, representada por el que fuera ministro de Energía Álvaro Nadal. De la prudencia con el avance de las renovables a situarse en el pelotón de los destacados. De posicionarse junto al Consejo y en contra del Parlamento en relación con el impuesto al sol a la postura totalmente opuesta, según refleja hoy https://www.vozpopuli.com.

Fue una de las ideas que Ribera dejó más claras al resto de colegas europeos: el nuevo  Gobierno español está por la labor de acabar con el denominado impuesto al sol, la carga impositiva al autoconsumo de energía fotovoltaica para instalaciones con una potencia superior a los 10 kilowatios. Un radical cambio de postura, toda vez que España era, hasta ahora, un puntal europeo en la defensa de gravar el autoconsumo a través de esta tecnología, en línea con la opinión de Alemania.
A Ribera no le intimida el hecho de que su postura no coincida con la mayoritaria en el Consejo europeo, favorable a un impuesto al autoconsumo. Es más, se da por hecho que la derogación del denominado impuesto al sol vigente en España será una de las primeras medidas que adopte.
No obstante, no ha sido el único cambio que la representación española ha llevado hasta el Consejo europeo. Con el nuevo Ejecutivo, España pasará directamente a engrosar el grupo de países que defiende un mayor avance de la implantación de las energías renovables en el sistema como único camino para hacer posible el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la total descarbonización de la economía en 2050.
De esta forma, Ribera ha defendido el objetivo de elevar el peso de las renovables hasta un mínimo del 34% para 2030 (frente al 27% que se acordó en principio). Una postura que contrasta de forma radical con la que había exhibido hasta ahora el Ejecutivo español, más partidario de mantener la cifra que se había consensuado en un principio.
Es más, desde el departamento que dirigía Álvaro Nadal se sostenía que la meta de alcanzar un 35% de potencia instalada con energías renovables en 2030 era poco creíble. Daniel Navia, número dos de Nadal en el antiguo Ministerio de Energía, aseguró que esta cota era "totalmente inviable".
Pero Ribera no sólo mantiene la posición contraria sino que, incluso, es aún más ambiciosa, ya que también apuesta por un objetivo de eficiencia del 33%, el más elevado que se propone (tres punto porcentuales por encima del fijado inicialmente). Y, además, la ministra aboga por la introducción de una cláusula de revisión en el paquete de energía que impida que los objetivos de renovables y eficiencias puedan ser renovados a la baja.
Ribera cuenta con el tiempo como uno los hándicaps más importantes, toda vez que las negociaciones para la confección de una hoja de ruta europea para la transición energética están notablemente avanzadas.
"España ha venido a mostrar que ha dejado de arrastrar los pies en esta materia", apuntó la ministra, de acuerdo con un comunicado distribuido por el Ministerio para la Transición Ecológica. En cualquier caso, lo que no ha hecho es pasar desapercibida.

Los pesos pesados del PP apuran plazos para testar sus posibilidades en la sucesión de Rajoy

MADRID.- Mariano Rajoy dio inicio este lunes a la carrera interna por la Presidencia del PP con sólo dos condiciones: unidad al final de la meta y juego limpio. El ex presidente del Gobierno ni siquiera tuvo la tentación de abogar por una candidatura única, como reclaman algunas voces en el partido. En su discurso ante la Junta Directiva Nacional, en el que propuso convocar el Congreso Extraordinario para su relevo el 20 y 21 de julio, dio por supuesto que puede haber más de un candidato de peso, relata hoy El Mundo.

Por ahora, las dos personas que el PP contempla como posibles aspirantes -Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría- siguen guardando silencio. Aunque los dos podrían ya confirmar sus intenciones, el propósito del presidente de la Xunta de Galicia es apurar al máximo el plazo de presentación de candidaturas (del 18 al 20 de junio). 
Pese a que en el PP gallego dan por hecho que Feijóo será candidato, él insiste en que lo está pensando. Su promesa de permanecer en Galicia hasta 2020 y el hecho de que se vea obligado a decidir una rápida sucesión inquietan al líder gallego.
La ex vicepresidenta del Gobierno parece tener menos conflicto interior, pero su mutismo no deja de ser un sonido. Sáenz de Santamaría no dice nada pero tampoco descarta que pueda optar a la Presidencia del PP. En su entorno se asume que tiene una "oportunidad", por su trayectoria y por el hecho de ser mujer. 
En su contra se sitúa, según fuentes populares, la falta de sentido político exhibido al frente del Gobierno. Personas cercanas a ella han sondeado a dirigentes territoriales en busca de respaldo.
María Dolores de Cospedal, la otra posible aspirante, está inmersa en una reflexión personal, según reveló la semana pasada.
A los tres parecía hablar este lunes Rajoy en el análisis que hizo sobre el proceso. La elección de un nuevo liderazgo, reconoció, puede provocar "tensiones lógicas" dentro de una competición "natural y sana" pero lo importante es que al finalizar el PP "tendrá que estar más unido que hoy". 
Por eso, advirtió, "sean cuales sean las decisiones personales que unos y otros adoptéis en los próximos días, estoy absolutamente convencido de que sólo estarán dictadas por vuestra vocación de servicio y por el bien de nuestra formación política".
La frase parecía destinada a Cospedal, ante la sensación general en el PP de que sólo optaría a la Presidencia para frenar a Santamaría, en el caso de que ésta se presentara.
Rajoy reclamó a los suyos un "debate de altura" y "con grandeza"; la manera sutil de pedir que no se maten entre ellos. Es inevitable, dijo, que hablemos de personas, pero "hagámoslo comparando méritos y virtudes y no señalando carencias y defectos". 
Esta reflexión invitaba de nuevo a pensar en el enfrentamiento personal que mantienen Sáenz de Santamaría y Cospedal, pero también en el hecho de que en el entorno de Feijóo se atribuya a la ex vicepresidenta, y al control que ha tenido del CNI, la difusión de la fotografía donde el dirigente gallego aparecía con el narco Marcial Dorado, en aquellos años en los que éste empezaba a sonar como futuro sucesor de Rajoy. 
Pese a lo que en el PP se haya podido pensar en algunos momentos -se ha especulado tanto con sus preferencias por Feijóo como por Soraya- el presidente aseguró que no tiene "ni sucesores ni delfines". 
"No podría hacer distingos porque todos habéis trabajado mano a mano conmigo estos años". 
Lo único que quiere Rajoy es que al concluir el proceso "gane quien gane, al día siguiente deberá contar con sus rivales, porque necesitará las manos, la experiencia y la energía de todos" para afrontar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019. 
El todavía líder del PP, al igual que hizo en el Comité Ejecutivo en el que anunció su retirada, volvió a defender que pueden celebrarse elecciones generales a corto plazo por la inestabilidad del Gobierno socialista. 
"España puede volver a necesitarnos pronto". En esta circunstancia y el reconocimiento de que el proceso de elección de un nuevo liderazgo en un partido "es cualquier cosa menos fácil", Rajoy justifica que el Congreso se celebre dentro de cinco semanas.
En la línea del discurso de Rajoy, Feijóo defendió que "no pasa nada porque haya varios candidatos". Sobre él sólo dijo que va a intentar ser "responsable, como presidente de una comunidad autónoma y como militante popular". 
Con el mismo peso en sus hombros sobre el futuro del partido se siente Sáenz de Santamaría: "Es un momento muy importante que hay que afrontar con mucha responsabilidad y mucho compromiso".
La Junta Directiva se resolvió con sólo cuatro intervenciones. El ex presidente balear José Ramón Bauzá, que ha amagado con presentarse como candidato, reclamó que haya también debate de ideas, pero la sensación en el PP es que apenas trata de asegurar para el futuro su cargo de senador.

Las 10 medidas urgentes para los autónomos que se aprobarían muy pronto

MADRID.- El comité de dirección de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha definido en su última reunión un decálogo de medidas urgentes para el trabajo autónomo que considera que deben aprobarse en los próximos meses, algunas de las cuales ya están siendo objeto de debate en el Congreso, dentro del Pacto de Toledo, de la Subcomisión de Trabajo Autónomo o en el marco de iniciativas legislativas.

En concreto, ATA reclama la asimilación de la prestación por cese de actividad de los autónomos a la prestación por desempleo que perciben el resto de trabajadores, ampliando su cuantía y su duración, así como conceder a los autónomos el derecho al subsidio por desempleo y a la ayuda de 426 euros que se percibe tras agotar el paro.
En materia de Seguridad Social, pide que todos los autónomos puedan compatibilizar su trabajo con el 100% de la pensión, independientemente de si generan empleo o no; que se implante una cotización similar a la 'tarifa plana' para aquellos autónomo cuyos rendimientos netos están por debajo del salario mínimo (SMI), y que se permita a los autónomos societarios que su cotización al RETA sea considerado gasto de empresa y no un gasto del autónomo.
Según ATA, esta última medida facilitaría que muchos autónomos societarios elevaran su base de cotización y lo hicieran en función a su retribución, frente a lo que sucede actualmente, donde el 53% cotiza por la base mínima al tener que ser ellos quienes asumen la cotización y no la empresa.
En materia fiscal, la organización que preside Lorenzo Amor aboga por mantener el límite actual de módulos para sectores como el transporte y la agricultura, y por facilitar que sean deducibles los pagos electrónicos por parte de los autónomos cuando se realizan por vía telemática o por el móvil, especialmente cuando no existe un emisor de tarjeta físico en el momento del gasto (gasolineras, parkings, parquímetros). En la actualidad la Agencia Tributaria requiere factura para este tipo de pagos.
Al mismo tiempo, ATA considera urgente el establecimiento de un registro obligatorio en la Seguridad Social para los autónomos económicamente dependientes (TRADE) y su obligación de comunicar la empresa o grupo de empresas para la que prestan servicio.
La organización demanda también la aprobación en el Congreso de la proposición de ley de Ciudadanos que establece un régimen sancionador a las empresas y administraciones públicas que no cumplen con los plazos que establece la ley de Morosidad, y la puesta en marcha de un buzón anónimo de morosidad donde autónomos, pymes y resto de proveedores puedan denunciar de forma anónima a empresas o administraciones.
Por último, ATA también ve urgente el establecimiento de mecanismos que permitan una verdadera segunda oportunidad para los autónomos que fracasan y quieren volver a iniciar una actividad, y la puesta en marcha, antes del 26 de octubre, de la disposición adicional primera y segunda de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, relativa a la incorporación de las organizaciones de autónomos en el Consejo Económico y Social (CES) y a la creación del Consejo del Trabajo Autónomo.

'Navantia' a punto de lograr el primer contrato con 'Carnival' para la reforma de sus cruceros

CÁDIZ.- Navantia está ahora más cerca que nunca de cerrar un acuerdo con la compañía norteamericana de cruceros Carnival para el mantenimiento de algunos de sus barcos en Europa. De hecho, un grupo de técnicos y comerciales de la empresa lleva varias semanas en Estados Unidos ultimado un contrato para mejorar uno de estos buques en el astillero de Cádiz. El acuerdo, según ha podido saber La Voz de Cádiz, implica una importante obra de reforma del crucero 'Carnival Triumph'. Es la primera vez que Carnival contrata los servicios de Navantia.

El trabajo se llevará a cabo después del verano, sin embargo, las primeras actuaciones comenzarán en julio y agosto, ya que entre las mejoras previstas se ha incluido la construcción de una cola de pato en popa, que permite más estabilidad al buque durante la navegación. Esta estructura se fabricaría en seco y se montaría en el dique, una vez que el crucero atracara en la capital. Además, la obra incluye apertura de nuevos espacios en las cubiertas para nuevos camarotes.
Este acuerdo es clave para los astilleros españoles ya que supone el fichaje, tras cinco años de negociación, de una de las compañías de cruceros más importantes del mundo. Navantia ha realizado trabajos de transformación, mejora y mantenimiento a más de medio centenar de cruceros desde que en 2009 diversificó su actividad del área de reparaciones hacia el negocio de los grandes barcos turísticos. 
Durante estos diez años se ha hecho un hueco en el mercado, hasta entonces dominado por nórdicos, franceses e italianos, firmando acuerdos clave como el de abril de 2015 con la Royal Caribbean, principal cliente del astillero gaditano.
La Carnival Cruise Line es una empresa adscrita al grupo Carnival Corporation, al que pertenecen once compañías de cruceros, entre ellas la española Ibero Cruceros y la alemana Aida Cruise
Precisamente, Navantia ya realizó faenas de mantenimiento en abril de 2016 a uno de estos cruceros, el 'Aida Prima', que pasó por el dique gaditano para una varada técnica de mantenimiento. Sin embargo, la mayor actuación de Navantia con los cruceros la Aida Cruise tuvo lugar en junio de 2017 cuando el 'Aida Bella', atracó en el astillero de la capital con todo su pasaje a bordo para una reparación exprés en su sala de máquinas.
El buque aprovechó su escala en la Bahía para ajustar la pérdida de aceite en una de las tuberías que conectaban con las hélices. Navantia tuvo que acondicionar parte del astillero para combinar la actividad industrial con la salida de los cruceristas para las visitas a Cádiz. El astillero cumplió con éxito el plazo fijado para la reparación y marcó un hito a la hora de ofrecer sus instalaciones para varadas exprés. Este curriculum ha permitido ahora que Carnival confíe plenamente en Navantia para obras de mayor calado en el astillero gaditano.
La empresa española lleva desde 2013 negociando con los directivos de esta naviera norteamericana para firmar un acuerdo que permita reparar parte de su flota en el astillero de Cádiz.
La planta de la capital se ha convertido finalmente en un referente internacional en la reforma y modernización de cruceros. Navantia ha logrado la experiencia necesaria para liderar este negocio y cuenta, al mismo tiempo, con infraestructuras y tecnología para seguir adelante. No hay que olvidar, que la empresa también logró en septiembre de 2013 un importante contrato con Estados Unidos para reparar y mantener durante los próximos siete años los cuatro destructores que integran el escudo antimisiles, cuya base de operaciones se encuentra en Rota.
La Carnival Cruise Line es una de las grandes del sector y forma parte de las once compañías que integran la Carnival Corporation. Tiene su sede en Florida y cuenta con una flota de 23 buques repartidos en siete categorías, según su oferta. Son barcos muy característicos por su fisonomía externa y por la decoración interior, similar al estilo de Las Vegas. Su marca registrada es la chimenea de color, rojo, blanco y azul, en forma de cola de ballena. La compañía tiene una docena de cruceros que fueron construidos en la década de los noventa y, algunos de ellos, requieren obras de mejora.
 

Goirigolzarri: "La privatización de Bankia es la mejor opción para los españoles"

BILBAO.- El presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, ha insistido este martes en Bilbao, donde ha intervenido en el foro de inversión responsable ESG Global Summit, en su "clara" posición de que "la privatización de Bankia es la mejor opción para los ciudadanos españoles", según recoge Expansión

Goirigolzarri ha resaltado durante su intervención que el nuevo plan estratégico hasta 2020 busca convertir a Bankia en "el mejor banco de España", con un beneficio de 1.300 millones, un ROE de doble dígito por encima del coste de capital, un ratio de eficiencia cercano al 45% y un balance sólido y bien capitalizado, con unos ratios de morosidad por debajo del 4%.
En los próximos tres años, esta estrategia debe permitir a Bankia, según los cálculos de sus responsables, retribuir a los accionistas con más de 2.500 millones de euros.
A preguntas de los medios de comunicación sobre sus eventuales contactos con el nuevo Gobierno y los proyectos de éste para la privatización total de Bankia, Goirigolzarri ha pedido tiempo para que los responsables económicos, que acaban de tomar posesión de sus cargos, "comenten y compartan" sus planes. 
Según ha dicho, el papel del accionista y del gestor es distinto, "y somos muy respetuosos con la diferenciación de los roles".
Tampoco ha entrado a comentar la postura de Podemos a favor de que Bankia se convierta en el germen de un banco público, y la posibilidad de que esta idea cale en el equipo de Pedro Sánchez. 
La próxima semana, Goirigolzarri irá a la comisión del Parlamento, y ahí escuchará las posturas de los grupos políticos, incluido Podemos.

Defensa convoca 3.000 plazas de Tropa y Marinería

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha convocado 3.000 plazas de Tropa y Marinería. Según publica el Boletín Oficial del Estado "mediante la presente Resolución se ofertan tres mil (3.000) plazas, correspondientes al Ciclo Único de Selección, de acuerdo con la distribución que figura en el Anexo II. Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles a sesenta y seis (66)".

Los candidatos deberán tener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes. Los solicitantes de la Guardia Real deberán tener en bipedestación una talla igual o superior a 165 centímetros los hombres y a 160 centímetros las mujeres.
Además, no deberán haber renunciado a la plaza asignada o no haber efectuado la presentación, sin causas justificadas, en el centro de formación para iniciar la fase de formación militar general o no haber causado baja voluntaria durante la misma, en virtud de su participación en el último Ciclo de Selección anterior al que se solicite, con independencia de la convocatoria a la que pertenezca dicho Ciclo. Tampoco podrán encontrarse en la situación de pendiente de repetición de la fase de formación militar general correspondiente a alguno de los Ciclos de Selección de la actual o de anteriores convocatorias, salvo renuncia expresa dirigida al Director de Enseñanza correspondiente.
Otro de los requisitos es no haber finalizado el compromiso en anterior relación con las Fuerzas Armadas, como consecuencia de haber resultado no idóneo en la preceptiva evaluación previa a su renovación desde el 1 de enero del año anterior al año de publicación de la convocatoria. En anterior relación con las Fuerzas Armadas, no tener denegada la suscripción del compromiso de larga duración que establece el artículo 9 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, desde el 1 de enero del año anterior al año de publicación de la presente convocatoria. No haber causado baja en los centros de formación de militares de tropa y marinería por no superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas previstas en los planes de estudios, iniciados con posterioridad al día 17 de enero de 2010, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.
Otro de los condicionantes es no haber efectuado la presentación en el Centro de Selección asignado en la fecha indicada por el Área de Reclutamiento correspondiente para la realización de las pruebas de la Fase primera del anterior Ciclo de Selección y no haber acreditado documentalmente el motivo justificado de la incomparecencia, con independencia de la convocatoria a que pertenezca el Ciclo.
En cuanto a la estética, deberán carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas, inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo los diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de los especiales y de educación física, cuya denominación, composición, utilización y uso se recoge en la Orden DEF 1756/2016 de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, todo ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.

'Ahora Murcia' pide que la ciudad se ofrezca a acoger a refugiados del barco 'Aquarius'

MURCIA.- Ahora Murcia pide al alcalde José Ballesta (PP) que Murcia se sume a los ayuntamientos que se están ofreciendo para acoger a refugiados del barco Aquarius, que en unos días llegarán al puerto de Valencia.

La concejala Alicia Morales afirma que "como uno de los mayores municipios de España que somos, tenemos el deber de colaborar en una situación de emergencia humanitaria en la que van a participar otras entidades locales".
La portavoz de Ahora Murcia afirma que "el Ayuntamiento de Murcia debe demostrar que defiende los valores de solidaridad, compromiso y humanidad y acoger a una parte de estas personas que están viviendo una terrible odisea en aguas del Mediterráneo. Entre estas personas, además, hay niños, mujeres embarazadas y enfermos, que se requieren de una atención urgente".
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que desde esta institución se coordinen los ofrecimientos que están realizando los ayuntamientos, por lo que, señala Morales, "Ballesta debería transmitir a la FEMP la disposición del municipio de Murcia para colaborar".
Alicia Morales apunta que "ante situaciones así, tenemos la obligación de no permanecer de brazos cruzados. Es necesario implicarse, como han hecho el Gobierno de España y distintos municipios, con Valencia a la cabeza, a los que esperamos que se sume el de Murcia".

También Cambiemos Murcia ha instado al alcalde, José Ballesta, a que ofrezca el municipio para acoger a personas refugiadas como han hecho otras ciudades como Madrid, Alcoy, Barcelona o Valencia, cuyo ayuntamiento ya ha empezado los trámites junto al Gobierno de la Generalitat para que el barco de la ONG francesa SOS Méditerranée, con 629 refugiados a bordo, pueda atracar en la ciudad portuaria.
La concejal de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, ha señalado que el Ayuntamiento de Murcia se tiene que comprometer, «más allá de las palabras», a adoptar medidas efectivas, destinar más recursos en relación a la crisis humanitaria que vive Europa, y cumplir así con lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. «El Consistorio no puede permanecer impasible», ha señalado.
Guerrero ha recordado que Ballesta defendió en mayo de 2016, en el marco de una reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la necesidad de asumir su «obligación» como responsable local y «apoyar una intervención social por la defensa de los derechos de aquellos hombres, mujeres y niños que huyen de la guerra y el terror».
En esa reunión, el regidor murciano se comprometió a que Murcia formaría parte de la red de municipios de acogida a refugiados de la FEMP, lo que no se ha hecho efectivo hasta dos años después, cuando el 25 de febrero de 2018 la Junta de Gobierno dio el visto bueno a participar en esta iniciativa «como muestra de implicación y responsabilidad».
La edil ha insistido en que si el equipo de Gobierno quiere de verdad implicarse «lo tiene que hacer es ofrecer el municipio como 'ciudad refugio' para la acogida a personas refugiadas» y, al mismo tiempo, solicitar a la Comunidad Autónoma que ponga en marcha los mecanismos de ayuda necesarios y vele por el cumplimiento inmediato de los Tratados internacionales sobre asilo.
Además, ha hecho referencia a la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia correspondiente a septiembre de 2015, a propuesta de los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos, en apoyo a los refugiados, en la que entre otros acuerdos se propone la creación de la Mesa Local de Apoyo al Refugiado, que nunca se puso en marcha.
«Ahí se ve con claridad la ausencia de voluntad del equipo de Ballesta en lo que se refiere a la puesta en marcha de políticas para la acogida e integración social», ha concluido Guerrero.

López Miras, ya huérfano político, pone en marcha una 'tómbola' de promesas para el año electoral 2019

CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma de Murcia destinará más de 14 millones de euros en 2019 al fomento del empleo para las mujeres, especialmente las madres que quieren reincorporarse al mercado laboral, además de para los jóvenes y para los mayores de 45 años.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado esta mañana esos tres nuevos programas de empleo durante su intervención en el Debate del Estado de la Región que se celebra durante las jornadas de hoy y el miércoles en la Asamblea Regional de Murcia.
Apenas quince minutos tras comenzar su intervención, López Miras ha hecho los primeros anuncios en materia de empleo con tres programas, el primero de ellos, dotado con más de 6 millones de euros, para fomentar el acceso de la mujer al mercado laboral, especialmente las madres que abandonaron sus carreras, para que puedan volver a insertarse.
Un segundo programa está dirigido a la inserción de jóvenes menores de 30 años, especialmente orientado a universitarios y jóvenes con formación profesional relacionados con la innovación, el desarrollo y la investigación, y que está dotado con 4 millones de euros.
Otros cuatro millones se destinarán también a fomentar el empleo entre los mayores de 45 años, uno de los "retos más complicados", ha dicho, y que se logrará con medidas centradas en la experiencia y la apuesta por los incentivos.
Tras repasar las buenas cifras en materia de creación de empleo y crecimiento económico, López Miras ha anunciado nuevas bajadas de impuestos que se sumarán a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, del que en los cinco primeros meses del año se han beneficiado ya 23.000 personas que han ahorrado unos 100 millones de euros.
Así, sobre la ya anunciada reforma del tramo autonómico del IRPF, ha detallado que se implantará de manera progresiva en los próximos tres años y beneficiará, sobre todo, a las clases medias, a la vez que en las próximas semanas se presentará un "amplio paquete de deducciones" en la renta, que incluirán la posibilidad de deducirse los gastos de escolarización de los hijos de 0 a 3 años y nuevas deducciones por nacimiento o adopción de hijos.
También se pondrán en marcha nuevos beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para familias numerosas y discapacidad, ha apuntado.
Para apoyar directamente a la creación empresarial, se presentarán en los próximos días la segunda ley de simplificación administrativa que abreviará, principalmente, los trámites medioambientales, y en paralelo se pondrá en marcha la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente, que tiene como objetivo desbloquear los más de 6.000 expedientes actualmente paralizados en la administración regional y que están frenando la creación de unos 18.000 puestos de trabajo.
Con estas nuevas herramientas, el Gobierno no dará luz verde a todos los proyectos, pero sí que decidirá sobre los mismos "en tres meses y no en tres años", ha subrayado.
El presidente ha lanzado también un mensaje contundente contra la corrupción y ha puesto de manifiesto su compromiso con la "ejemplaridad y honestidad" a la vez que ha prometido ser "implacable con la corrupción", pero también con aquellos, ha dicho, que se aprovechan de las instituciones para "destrozar infundadamente a personas con familia y trayectoria" porque, en su opinión, "eso también es corrupción".
López Miras ha dedicado también buena parte de su discurso ha hablar de agua y se ha comprometido a llevar personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el acuerdo del Pacto Regional del Agua en su primera visita a la Moncloa para trasladarle "la voz de los murcianos" de cara al Pacto Nacional que, ha insistido, "estaba muy avanzado" antes del cambio de Ejecutivo central.
En este sentido, López Miras ha manifestado también su voluntad de diálogo y consenso con el resto de fuerzas políticas y ha subrayado que desde el diálogo serán "imbatibles" en las reivindicaciones para la región, y ha insistido en que ese acuerdo no debe retrasarse, siempre sin renunciar a los trasvases.
Tampoco debe haber retrasos, ha subrayado, en las fechas, plazos e inversiones que ya estaban comprometidos en materia de infraestructuras, y ha destacado las licitaciones previstas en los próximos meses en relación con la llegada de la alta velocidad y con diversas carreteras, así como la apertura del nuevo aeropuerto internacional de Corvera a mediados de próximo mes de enero.
La reforma del sistema de financiación autonómica ha sido otro de los temas centrales de su discurso y ha exigido que se dejen atrás los "intereses de partidos" y se llegue a un acuerdo nacional, también ya muy avanzado, para contar con un sistema justo y que corrija las deficiencias del actual, por el que Murcia percibe cada año 264 millones de euros menos que la media de comunidades autónomas.
Miras ha hecho también un repaso por diferentes medidas ya puestas en marcha por su Ejecutivo, como la inversión prevista para la recuperación del Mar Menor, los planes de mejora de la sanidad, especialmente a través del impulso a la atención primaria, el aumento de prestaciones sociales en materia de dependencia y contra la pobreza, a la que se destina ya el 8 por ciento del presupuesto.
En materia de Educación ha subrayado que el bilingüismo estará presente en todos los centros escolares de la región el próximo curso, un año antes de lo previsto, y ha recordado también las importante inversiones para la inclusión de menores con necesidades educativas especiales y en la mejora de las infraestructuras educativas.
También ha insistido en la importancia de mejorar la competitividad empresarial a través de la innovación, la inversión, la internacionalización y la incorporación del talento, y ha hecho especial mención al sector turístico, que actualmente supone en 11,2 por ciento del PIB, una cifra que espera doblar en los próximos 15 años.
El final de su discurso, que se ha prolongado durante algo más de hora y media, lo ha dedicado a analizar los "momentos de incertidumbre" que, ha dicho, atraviesa España tras el cambio de Ejecutivo y por la "inquietud" que, a su juicio" genera que la estabilidad parlamentaria venda de "fuerzas populistas", y ha pedido firmeza en la defensa del Estado y las instituciones.

La compraventa de viviendas se dispara un 50,2% en abril en la Región

MADRID.- La compraventa de viviendas se disparó un 29,7% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar 42.014 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance interanual de abril en la compraventa de viviendas contrasta con el descenso del 3,1% registrado en marzo, mes en el que se celebró la Semana Santa, mientras que en 2017 tuvo lugar en abril.
Las transacciones sobre viviendas usadas se incrementaron un 29,8% en abril en relación al mismo mes de 2017, hasta totalizar 34.909, mientras que la compraventa de viviendas nuevas avanzó un 29,3% en tasa interanual, hasta 7.105 transacciones.
El 90,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en el cuarto mes del año fueron viviendas libres y el 9,7%, protegidas. La compraventa de viviendas libres aumentó un 30,4% en abril en tasa interanual, hasta sumar 37.930 transacciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas avanzaron un 23,3%, con 4.084 transacciones.
En términos mensuales (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas avanzó un 6,2%, frente al retroceso mensual del 20,7% que experimentó en abril de 2017.
El pasado mes de abril el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (158), Madrid (130) y Baleares (126).
Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el cuarto mes del año, con 8.181 compraventas, seguida de Madrid (6.648), Cataluña (6.521) y Comunidad Valenciana (6.172).
Todas las comunidades incrementaron el número de compraventas de viviendas en abril en tasa interanual. Los mayores avances se registraron en La Rioja (+59,1%), Murcia (+50,2%) y Castilla-La Mancha (+48,7%) y los menores los protagonizaron Baleares (+13,8%) y País Vasco (+16,5%).
Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de abril alcanzaron las 161.444, cifra un 20,8% superior a la del mismo mes de 2017.
Por compraventa se transmitieron un 27,5% más de fincas que en abril de 2017, mientras las transmisiones por donación subieron un 17,4%, las operaciones por permuta repuntaron un 23,9% y las transmitidas por herencia progresaron un 23,3%.
Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas subió un 20,9% en abril, hasta un total de 12.396 operaciones, mientras que las compraventas de fincas urbanas aumentaron un 28,7%, hasta 72.083 operaciones.
En abril, el mayor número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (699), Castilla y León (612) y Castilla-La Mancha (602).

Sospechas en el PP de que hubo 'traidores comprados' en la moción de censura / José Hervás *

Las per­sonas que pueden tener más po­si­bi­li­dades de ha­cerse con el li­de­razgo del Partido Popular em­piezan a dejar en­trever que quieren com­petir a la es­pera de la de­ci­sión que adopte este lunes la Junta Directiva Nacional de PP, que fi­jará el ca­len­dario del con­greso ex­tra­or­di­nario para de­signar al su­cesor del di­mi­tido pre­si­dente Mariano Rajoy. 

Su vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, estima que la celebración del mismo será este mes de junio y, ante los enfrentamientos solapados que mantienen los partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría y de María Dolores de Cospedal, pide que se produzca sin división interna y que se plantee un proyecto político fortalecido.

Pero superar el enfrentamiento entre los partidarios de ambas va a exigir tiempo, mucho tiempo. Quienes rechazan la posibilidad de que la ex vicepresidenta lidere una candidatura, le atribuyen dos graves errores: la negociación con los independentistas catalanes, en especial la negociación para que no se celebrara el referendo del 1-0 y las negociaciones para que no hubiera moción de censura.

En ambos casos hablan de tan rotundo fracaso que les ha llevado a esta situación de situarles en la oposición y con el PSOE despegando en los sondeos, lo que no había ocurrido hasta ahora en los dos últimos años.

Añaden además un tercer error: el de no haber sabido detectar las negociaciones que se estaban produciendo a tres bandas entre nacionalistas catalanes, vascos y socialistas sin que se dieran cuenta de que, consecuencia de las mismas, conllevaría la pérdida del poder. ¿Ha habido algún desleal con el partido conservador? Entre diputados de base del PP no lo descartan. Señalan incluso al menos a cuatro. Y apuestan por que ha habido pago de por medio.

Los mismos piensan que, aunque la prioridad es elegir rápidamente al nuevo líder, ésta no puede hacer que caiga en el olvido pedirles responsabilidades y mucho menos dejar en sus manos las riendas del centro derecha.

Aunque todavía no ha aclarado si está dispuesto a coger las riendas de la derecha, las declaraciones este domingo del presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, han ido un poco más allá de lo que nos tiene acostumbrados.

Ante sus palabras evasivas decía desde Ribadavia que todos los que crean que pueden aportar algo al partido presenten su propuesta y su equipo. El sabe que cuenta con propuestas y equipo. Lo viene preparando desde hace tiempo. En estas páginas hemos descrito en varias ocasiones cómo se ha venido preparando internacionalmente.

Como el Comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, le ha venido recibiendo periódicamente en Bruselas para introducirle en la escena de las instituciones europeas, ámbito en el que se desarrolla el grueso de la política de relaciones internacionales de los países de la Unión. Y ha habido también padrino en Madrid.

Algunas fuentes comparan estos encuentros con Arias Cañete de mediador con el papel similar que habría desarrollado durante años Enrique Barón con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que habría alojado en su domicilio particular en Bruselas y presentado a los más diversos líderes de la socialdemocracia comunitaria.

En el caso de Núñez Feijóo se ha producido un paso relevante respecto de sus declaraciones previas. Si hasta ahora señalaba que no era el momento de precisar nada, este domingo desde Ribadavia, donde se celebraba el 50º aniversario de las bodegas Viña Costeira, ya admitía que ha llegado el momento de dar un paso adelante para liderar el partido, pero sin asumir que tenga que ser él quien lo lidere. Se someterá a los plazos que fije el partido que va a abrir hoy el período de presentación de candidaturas previas a la celebración del congreso extraordinario para relevar a Mariano Rajoy de la presidencia del mismo.

Si todo discurre como está previsto, en un período de entre 7 y 15 días se conocerán los candidatos y los equipos con los que cuentan, y en menos de un mes el Partido Popular contará con nuevo líder que le ayude a recuperar el rumbo.

Mientras tanto, comienza un período clave de oposición al nuevo Gobierno del Partido Socialista para lo que consideran será clave proponer enmiendas que provoquen la ruptura del voto de quienes han llevado a Sánchez a la presidencia del Gobierno. También aquí insisten en que ese liderazgo no lo puede ejercer quien se ha dejado perder lo que queda de legislatura, pese a los importantes logros conseguidos en materia económica.

Aunque en las últimas horas también se ha ofrecido para liderar el partido el expresidente de Baleares y senador José Ramón Bauzá quien se mostraba dispuesto a impulsar una corriente liberal dentro de su partido.

Ya expuso algo similar en la reunión que el grupo mantuvo en el Senado la pasada semana, pero si entonces no logró mucho eco, tampoco parece que lo vaya a conseguir en esta ocasión. A relevantes europarlamentarios del partido les suena un intento de sacar cabeza de forma equivocada por parte del exdirigente balear.

Argumentan que la mayor equivocación del líder del partido es haber permitido una fragmentación tan clara en el Ejecutivo hasta el punto de que se haya dividido claramente en dos grupos, los reunidos junto a Soraya Sáenz de Santamaría y los contrarios, unas veces liderados de Jose Manuel García Margallo y otros por María Dolores de Cospedal.

Es justo lo primero que tendrían que evitar.


(*) Periodista

Prisión para Urdangarin y triunfo del juez Castro / Pablo Sebastián *

No caben dilaciones sobre la aplicación inmediata de la condena de 5 años y 10 meses de cárcel a Iñaki Urdangarin que el Tribunal Supremo acaba de comunicar y que exige su ingreso inmediato en prisión sin demora ni favor de ningún tipo y menos aún por ser un miembro de la Familia Real, aunque sus derechos procesales se deben respetar.

Sentencia sin duda trascendente que daña el prestigio de La Corona por más que la infanta Cristina, cómplice y culpable de todo ello, se haya librado de la condena penal y se niegue a reconocerlo, a pesar de que el escándalo provocó la abdicación de su padre el rey Juan Carlos I que asumió así su responsabilidad.

Bastante hemos visto con la no entrada en prisión de Rosalía Iglesias (esposa de Bárcenas) a pesar de sus 15 años de condena aunque aún le queda el recurso del Supremo, como para que alguien imagine alguna argucia procesal o recurso al Tribunal Constitucional para retrasar el ingreso en prisión de Urdangarin.

Sobre todo porque en la jurisprudencia del TC no existen precedentes que, mientras toman una decisión sobre un recurso, dejen en libertad a un condenado a más de 5 años de cárcel, como es el caso.

La sentencia confirma la responsabilidad civil de la infanta Cristina, que ya salió bastante beneficiada en la condena penal de la que fue excluida por la Audiencia de Palma porque por administradora al 50% de Aizoon tenía responsabilidad en la gestión como lo subrayó el juez José Castro en el periodo de instrucción.

Enfrentándose el juez a fuertes presiones del aparato del Estado y en especial al lamentable comportamiento del fiscal Pedro Horrach. El que, a buenas horas, dice que de no haber sido por su inviolabilidad tenía que haber llamado a declarar al rey Juan Carlos I.

El Monarca Emérito que, indirectamente y a igual que La Corona, sale tocado de este caso con el que el rey Felipe VI mantuvo una prudente distancia, y en el que se vieron actuaciones lamentables del Gobierno de Rajoy y de ‘su’ Fiscalía del Estado (en el tiempo de Torres Dulce) y también en el Poder Judicial y en el Tribunal que juzgó el caso en la Audiencia de Palma.

Y no solo en lo relativo a la infanta Cristina sino también a políticos como Camps, Barberá y Gallardón, a los que se les libró en la sentencia de la Audiencia Provincial a pesar de los favores injustificables que desde sus Instituciones se le hicieron a la trama de Urdangarin y que sin duda ellos conocieron.

Porque ningún colaborador de tan destacados políticos podía tomar decisiones de ayudas económicas con fondos públicos a un miembro de la Familia Real, sin concurso público y sin el conocimiento de los máximos gestores de la Comunidad de Valencia y los ayuntamientos de Valencia y Madrid, máxime cuando esas peticiones procedían del rey Juan Carlos I (al que se ha querido proteger) o de su entorno político y familiar.

Regalos económicos e injustificables que se sumaban a otros de las grandes empresas del Ibex donde Urdangarin también pasó el cazo y que no quisieron sumarse a la querella evitando una condena mayor.

La sentencia del llamado caso Nóos (un título de corte mayestático con el que Urdangarin ya anunciaba el color púrpura y oro de su negocio) es en todo caso importante para España aunque se la ha querido mezclar en el tiempo con otras sentencias de Gürtel (de Madrid y Valencia) para difuminar, inútilmente, su impacto social.

Sentencia y caso que debería ser causa y motivo para liquidar todos los aforamientos políticos en España reduciéndolos a su mínima expresión y solo para cuestiones concretas, a fin de que nunca vuelva a ocurrir lo que hemos visto y vivido en el escandaloso caso Nóos.

Lo que, finalmente ha sido descubierto y condenado gracias al valor y a tenacidad del juez José Castro que califica de ‘benévola’ -y con razón- la sentencia por la exculpación penal de la Infanta y de destacados políticos. Aunque la caída de Urdangarin y su esperada e inminente entrada en la prisión debe ser considerado un triunfo, aunque incompleto, de la Justicia y en favor del precepto constitucional que proclama que todos somos iguales ante la Ley. En realidad casi todos mientras existan excepciones como los aforamientos y la inviabilidad.


(*) Periodista


Las pavesas de la crisis: Bankia y el Novo Banco / Daniel Toledo *

Son evidentes las coincidencias entre las dos grandes criaturas bancarias nacidas en España y Portugal después de la última crisis. En España, en diciembre de 2010 nació Bankia, consecuencia del proceso de reestructuración bancaria que llevó a la fusión y desaparición de 7 cajas de ahorro, entre ellas Caja Madrid y Bancaja. 

En Portugal, en agosto de 2014 el Novo Banco surgía de las cenizas del Banco Espírito Santo (BES), hasta ese momento la segunda mayor entidad financiera del país, presente en 25 países y 4 continentes. 

Las dos entidades postcrisis fueron rescatadas de entre los despojos que dejaron los excesos de la edad de oro de la banca, en palabras del presidente ejecutivo del banco australiano ANZ, Shayne Elliott. Ambas se erigieron como paradigmas de los fallos y omisiones de los órganos de control estatales, tanto nacionales como internacionales, y acabaron recibiendo el rescate de Europa y de los contribuyentes, que vienen a ser lo mismo: 11.000 millones en el caso del Novo Banco, entre inyecciones directas, responsabilidades por litigios y una garantía pública milmillonaria; 22.424 millones de euros en el caso de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), este último en manos al 100% del FROB y propietario del 45% de Bankia.

Así como Portugal tuvo su Ricardo Salgado, presidente del BES durante 23 años, banquero todopoderoso apodado O Dono Disto Tudo (el dueño de todo esto), con profundas ramificaciones políticas tanto en Portugal como en otros países de dentro y fuera de la UE, y que hoy permanece acusado de 6 delitos fiscales y económicos…; de la misma forma, en España tuvimos al difunto Miguel Blesa, el banquero de oro cuya entrada en Caja Madrid estuvo avalada tanto por la izquierda como por la derecha, amigo de los grandes barones del Partido Popular y presente en consejos de administración de medios de comunicación, empresas de construcción, eléctricas, universidades y museos.

Hace ya casi un año que Miguel Blesa se montó en la barca de Caronte por iniciativa propia. Ricardo Salgado no ha tomado decisiones tan drásticas y permanece envuelto en los más importantes casos de corrupción de Portugal de la actualidad. Según el periodista Luís Rosa, autor del libro A conspiração dos poderosos (A esfera dos libros), la investigación judicial que rodea a la caída del BES es probablemente la más complicada en la historia del país, y engloba, “por ahora, siete contenciosos, uno de los cuales lleva anexos otros 220 contenciosos nacidos de denuncias de clientes del BES (…)”.

Según Rosa, el equipo de investigación que se ocupa del caso BES está formado por “seis magistrados coordinados por el fiscal José Ranito, que recibe apoyo permanente de un equipo multidisciplinar compuesto por técnicos del Banco de Portugal y miembros de la Policía Judicial, PSP (Polícia de Seguridad Pública, similar a la Policía Nacional española), la Autoridad Tributaria, la Comissão de Mercado de Valores Mobiliários y (…) la Procuradoria-Geral da República (Fiscalía General del Estado). Existe, además, un equipo de seis magistrados que se ocupan solo de la confiscación de bienes (que pretenden asegurar garantías patrimoniales de unos 1.600 millones de euros)”.

A su vez, la fórmula que ambos países escogieron para salvar los activos buenos de las cajas de ahorro, en España, y los activos sanos del BES, en Portugal, fue la misma: la creación de un ‘banco malo’ donde verter los activos tóxicos que estaban lastrando a las entidades bancarias. En España fue el Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), que recibió desde el principio de la crisis un total de 50.000 millones en activos tóxicos de todos los bancos del país, de los que el 80% eran préstamos y créditos, y el 20% eran inmuebles. 

En Portugal, en cambio, la morralla del BES se quedó en el propio BES, al que el Gobierno portugués retiró la licencia, primero, y liquidó finalmente. El proceso generó pérdidas brutales a los pequeños inversores y accionistas y a poseedores de deuda subordinada (similar a las preferentes, pero con fecha de caducidad).

Las coincidencias se suceden si analizamos la historia del Banco Novo y de Bankia, pero existe una diferencia que sin duda invita al análisis: mientras Bankia lleva desde 2015 repartiendo dividendos entre sus accionistas (este último año serán 340 millones de euros, repartidos entre el BFA, 61%, y los inversores privados, 49%), el Novo Banco, por el contrario, continúa arrojando pérdidas mil millonarias después de casi 4 años de vida. Y para el próximo ejercicio no se espera que cambien mucho las cosas. Rita Atalaia, periodista en el diario económico ECO, asegura que “el propio Gobierno reconoce que va a tener que continuar prestando para suplir las debilidades de capital como resultado de las pérdidas que el banco va reconociendo”.

En concreto, en el último ejercicio de 2017, el Novo Banco declaró unas pérdidas récord de 1.400 millones de euros, lo que supone el 0,72% del PIB de Portugal. Según Atalaia, “el Fondo de Resolución (FdR) va a inyectar 792 millones de euros en el Novo Banco. De este montante, el Estado presta un máximo de 450 millones de euros. El resto vendrá del propio Fondo”. El FdR es un fondo al que todos los bancos privados e instituciones financieras del país tienen la obligación de contribuir para hacer frente a posibles casos de insolvencia como el que sufrió el BES. Sin embargo, la imposibilidad de los propios bancos de llegar a las cantidades exigidas por las entidades reguladores para cubrir esa garantía ha causado que sea el Estado el que tenga que prestar dinero a los bancos para garantizar la viabilidad del fondo.

¿Qué diferencias existen entre ambos procesos, Bankia en España y el Novo Banco en Portugal, y por qué uno reparte mientras que el otro sigue pidiendo? En relación con Portugal, Rita Atalaia cuenta que, a pesar de que en el momento de la resolución del BES se dejaron los activos tóxicos en la antigua entidad, el Novo Banco continúa teniendo una cartera de activos tóxicos, sobre todo de créditos dudosos”.

Fue precisamente esta la razón por la que los bancos de todo el país pusieron el grito en el cielo cuando el Estado respaldó la compra del Novo Banco por parte del fondo norteamericano Lone Star con una garantía de 3.900 millones de euros. Para la compra, firmada en octubre de 2017 y por la que Lone Star se quedó con el 75% del Novo Banco, parte de esa garantía tenían que ponerla los bancos e instituciones financieras, cosa que era imposible en aquel momento, por lo que, para cubrirla, tuvieron que pedirle esos préstamos al Estado.

“Las pérdidas registradas el año pasado”, cuenta Atalaia, “resultan del reconocimiento de cerca de 2.000 millones en ‘imparidades’ (pérdidas por deterioro del valor de los activos), que llevaron a pérdidas récord y, a su vez, a la necesidad de accionar el mecanismo (del FdR)”. Las pérdidas sufridas desde su creación (419,9 millones entre agosto y diciembre de 2014, 980,6 millones en 2015, 788,3 millones en 2016, y 1.400 millones en 2017), han degenerado a su vez en una sangría de trabajadores y oficinas. 

Desde agosto de 2014, en que fue creado el Novo Banco, y hasta finales de este año, se prevé que la entidad habrá prescindido de unos 2.600 trabajadores (existen pequeñas diferencias según las fuentes), del total de 5.297 con que contaba cuando se creó. Además, habrá cerrado como mínimo unas 120 oficinas, dentro y fuera del país, de las aproximadamente 507 que tenía.

Bankia, por su parte, realizó esta reducción de plantilla con pretensiones que incluso superaron las exigencias de Europa. Si bien el plan aprobado por la Comisión Europea implicaba una reducción del 28% del total de unos 20.000 trabajadores, ya a principios de 2015 la entidad se había librado del 35% de la plantilla, esto es, 8.200 trabajadores, entre prejubilados e indemnizados con 30 días por año trabajado. El de Bankia fue un rescate con fuegos artificiales, música de orquesta y entusiasmo desmedido.

Según Andreu Missé, periodista y fundador de la revista Alternativas Económicas, “en una de las comparecencias que ha habido en el Congreso, alguien (Jerónimo Martínez Tello, exdirector de Supervisión del Banco de España) dijo que a Bankia le habían dado 10.000 millones de más”. En efecto, como bien recuerda Missé, Martínez Tello reconoció en el Congreso el pasado 20 de marzo que la inyección de capital fue de unos 11.000 millones extra porque José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, “quiso cubrirse las espaldas. La entidad estaba abierta en canal (…) Fue la mejor decisión”. Como asegura Missé, “esto explicaría por qué un banco tiene más capacidad para repartir dividendos, porque le sanean mucho más rápido que a otro”.

O sea que Bankia, más que rescatada, fue sobre-rescatada, o rescatada por encima de sus posibilidades. Andreu Missé arroja un poco de luz a este sinsentido: “Ten en cuenta que ese banco en un 57% sigue siendo propiedad del Estado. Por tanto, los beneficios (que lleva generando Bankia desde 2015) es una forma de ir recuperando lo que se ha puesto allí”. Y continúa, esos 24.000 millones “es un préstamo a muy buenas condiciones, no estoy seguro, pero creo que al 1,5%. Ten en cuenta que el préstamo lo da el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) al FROB (Fondo de Resolución Ordenada Bancaria) para que se lo dé a los bancos, y lo que quieren ellos es que el préstamo llegue garantizado por el Estado español. El MEDE puede ir a los mercados a endeudarse a unos precios muy bajos, porque tiene el respaldo de toda la UE, y luego no tiene el objetivo de obtener beneficios”.

Tan bien le ha ido al sistema bancario español con los rescates, que la propia Lone Star, propietaria del 75% del Novo Banco (y presumiblemente del 100% antes de 2019), parece querer aumentar su presencia en España. El Novo Banco está en retirada en las plazas europeas en que el extinto BES operaba, sobre todo en Londres y en Luxemburgo, además de sus pequeñas participaciones en Italia, Venezuela o Cabo Verde. 

Sin embargo, el Lone Star ya declaró sus intenciones de mantener su presencia en España, ya que el fondo norteamericano todavía está disfrutando las ganancias de su compra de activos inmobiliarios al banco bilbaíno Kutxabank, por la que realizó una inversión de 930 millones.

 Después de comprar Neinor Homes, propietaria de la totalidad de los activos inmobiliarios de la entidad bancaria bilbaína, Lone Star colocó en bolsa el 60% de las acciones de Neinor, lo que, en menos de tres años, le retribuyó unas ganancias de 750 millones, que se suman a los 570 millones en que está valorado el 40% de la presencia que aún mantiene en la entidad inmobiliaria.

Además, el Novo Banco, es decir, Lone Star, según noticiaba El Confidencial en abril, se ha mostrado públicamente interesado en hacerse con la filial española de la Caixa Geral de Depósitos, el principal banco público portugués. Caixa Geral de Depósitos se vio obligado por la Comisión Europea a vender su filial en España, el Banco Caixa Geral (además de otras filiales en Brasil y Suráfrica, si quería recibir los 3.900 millones de inyección de liquidez por parte del Estado, en 2017), que el pasado ejercicio obtuvo un beneficio de 26,3 millones de euros. En competición con Lone Star se encuentran nada más y nada menos que otras 15 entidades, entre ellas el portugués Millennium BCP, Abanca, Liberbank, Unicaja o Kutxabank.

Resulta llamativo que la UE obligue a un banco público a vender unos activos que generan beneficios. A este respecto, Andreu Missé explica que, para intervenir en cualquier restructuración bancaria, la UE “exigía una reducción de tamaño, es decir, vender activos (…) es un problema de competencia, es decir, este banco jugaría con ventaja respecto a los otros ya que ha recibido ayuda (…) Todas las resoluciones bancarias han tenido que ser, primero, autorizadas por (la Dirección General de) Competencia de la CE, y esto ha implicado siempre reducciones de plantilla importantísimas, reducciones de oficinas, desinversiones, etc.”

Lo que ocurre en el caso de la compra del español Banco Caixa Geral por parte de, por ejemplo, un fondo norteamericano como Lone Star, es que es un banco público de un país soberano el que es obligado a deshacerse de una importante fuente de beneficios. En el peor de los escenarios, afirma Missé, “estaríamos ante un caso de prevaricación, es decir, le dan la perita buena a este banco privado. Aunque hay que ver en qué condiciones se lo darán, quizá incluso el precio es muy alto, ya que ese dinero puede servir para sanear el banco malo. Tienes que verlo desde la perspectiva de que por el hecho de darle ayudas a un banco ya estoy dañando a la competencia”.

Bankia y el Novo Banco han quedado como los remanentes de entidades centenarias ya extintas. Se quedaron con sus activos buenos y están consiguiendo deshacerse de los tóxicos, pero no sin antes pasar por un calvario de procesos judiciales, estafas a accionistas y pequeños inversores, desfalcos mil millonarios, un suicidio, orgías políticas con el poder, salidas a bolsa envenenadas y, por supuesto, una responsabilidad absoluta por la falta de confianza de los europeos en sus entidades bancarias, sus instituciones reguladoras y sus representantes políticos.  


(*) Periodista y director de La Informacion


El hundimiento del PP y la cuestión de España / Ramón Cotarelo *

Hace unos días, en otro contexto, hube de recordar La caída de la casa Usher. Me revolotea desde entonces como una forma de referirnos al prolongado, lento pero imparable hundimiento de ese inmenso aparato de poder, esa maquinaria delictiva, dicen los jueces, identificada con el Estado que es el PP. 
 
El partido de los 800.000 afiliados, según dicen y más de 800 imputados, según rezan las actas judiciales en medio país. Entre ellos rostros desconocidos, de alcaldes de pueblo y rutilantes estrellas del mundo político-mediático como Cifuentes, Bárcenas, González, Gallardón, Rato, etc. 
 
También valdría, me decía, el ocaso de los dioses. Pero de dioses no tienen nada; ni mayores ni menores, ni uno ni trino, ni siquiera dioses del mal, como ese que imaginan algunos gnósticos. Nada de dioses, ni semidioses: mortales indignos que robaban hasta los dineros de las huchas de niños, ancianos, parados, dependientes, etc. Verdaderos desalmados. Truhanes.

Las peripecias del PP para reconstruirse, no para refundarse, son pintorescas y darán mucho juego en los medios. Alguien ha dicho que se requiere un congreso extraordinario para hablar de ideología. Algo sorprendente. El PP jamas ha tenido ideología específica fuera de algunas simplezas inconcretas sobre el humanismo cristiano, los valores occidentales, el liberalismo, la familia y la importancia del individuo. Nada para masticar mucho rato. 
 
Y, en los últimos años, convertido el partido en una asociación mafiosa puesta a parasitar el Estado, la ideología había pasado a ser motivo de risa. Una asociación de malhechores solo puede tener la ideología del latrocinio. Pero no sé si esto es motivo para un congreso extraordinario o más bien para un seminario sobre prácticas de debida apropiación indebida.

El hundimiento de este retablo de las miserias vergonzantes se completa con la visión apocalíptica de la desintegración de la Patria. El mismo individuo que hace cuatro años proclamaba que, mientras él fuera presidente, no habría liquidación de la soberanía nacional se va dejando un panorama terrorífico después de la batalla: agresiones, gente en la cárcel, gente en el exilio y, no ya una, sino dos Comunidades Autónomas (Euskadi y CAT)  cuestionando la base misma de esa soberanía nacional, pidiendo autodeterminación, mientras una tercera, Navarra, exige referéndum sobre la eternamente aplazada cuestión de Monarquía/República. 

Este gobierno venía con la artillería anticatalana preparada. Y la primera andanada, la provocación de ayer del ministro Borrell, ha servido para hundir el escaso crédito que aquel pensaba ganarse hablando de diálogo y reformas de aquí y de allá. Nada de reformas; el gobierno quiere la guerra y, como no va a preocuparse mucho de cómo la lleve a cabo ni con qué medios, ha puesto al juez Marlaska de ministro del Interior, el que no ve torturas en donde los demás sí. 

Un ridículo overkill cada vez más enloquecido. La armadura del PSOE mira toda a Catalunya. Pero la retarguardia, en la que no había pensado, se le ha vuelto en contra. Ya no es solo Catalunya. También es el País Vasco, sumado a la revolución catalana y Navarra que trae otro pleito, el de Monarquía/República.  Una comunidad política democrática de ciudadanos responsables no puede tragarse una Monarquía procedente de un golpe de Estado por malas artes de camarillas y militares. Que algo tan obvio no haya movilizado a la izquierda española muestra cómo están las cosas en este territorio. Nunca es el momento de la República y, además, ahora suena a catalán. 

Pensar que un problema de este calibre puede afrontarse con 85 diputados, 169 jabalíes en contra, los 71 inciertos de Podemos y los 17 independentistas también enfrente carece de todo sentido.

Piénsese bien: dos reclamaciones de referéndum de autodeterminación en sendas CCAA y otra de referéndum estatal sobre monarquía/república que, a no dudarlo, tendrá muchas adhesiones.

Eso no se puede tratar con un plan represivo policial y judicial. Hay que desmontarlo. Tampoco con presos y exiliados políticos. Hay que liberarlos y exonerarlos. ¿Cómo? Con la misma falta de inhibiciones con que se procedió a descabezar el movimiento. Ahora que los descabezadores han perdido sus cabezas, es bueno reconocer que el movimiento independentista jamás perdió las suyas. Y ahí están. No para embestir, pues no son españolas, sino para pensar. 

Si el nacionalismo español quiere ofrecer algo que no sea la represión, tiene que abrir un periodo constituyente en mitad del trayecto de este buque de la Constitución de 1978 que hace agua por todas partes. Algo parecido a una Convención sobre cuya composición y alcance habría que ponerse de acuerdo. Altamente improbable, desde luego y más si en el gobierno prevalece la catalanofobia en todos sus matices, desde el vociferante y agresivo de Borrell, al más ladino de Robles pasando por el autocomplaciente de Ábalos. 

No basta con que cambien su visión de Catalunya. Tienen que cambiar su visión de España.

 
Decía Palinuro ayer:
y eso que todavía no ha entrado en acción el aparato Borrell. Acaba de hacerlo, en la televisión y en plan bronca, agrediendo y mintiendo. Todos los catalanes, y él lo es, saben que Catalunya no está al borde de ningún enfrentamiento civil. Él, en concreto, sabe que la única violencia en Catalunya viene de los nacionalistas españoles oriundos o que allí se desplazan. Y lo sabe porque es uno de los que los alientan cuando se manifiesta con ellos y con lo más reaccionario de la España franquista. 

Lo sabe de sobra cuando sostiene que los actos públicos del bloque nacional español, con Societat Civil Catalana a la cabeza no han generado violencia alguna, siendo así que hay docenas de vídeos que muestran lo contrario y también puede mirarlo en los libros de Jordi Borràs, testimonios gráficos inapelables de un tiempo y un país. 

Por lo demás, estas provocaciones públicas a cargo de matones ultraespañoles, las bandas "descontroladas", solo se hacen ver a base de armar camorra, esa que sirve al ministro para vender la idea del "enfrentamiento civil". En cuanto convocan a algo, se reúnen dos docenas, todo lo más cuarenta abanderados del Imperio, como los que ayer fueron a dar la matraca a TV3, a pedir que la cierren. 
 
Definitivamente, esos grupos y bandas de provocadores no son un verdadero riesgo de enfrentamiento civil de una población que ha dado muestra de una convivencia pacífica ejemplar. Y todavía lo serían menos si no estuvieran funcionando los vínculos mas o menos ocultos entre los "incontrolados" y los que los controlan. No, no hay más riesgo de enfrentamiento civil que el que traigan unos gobernantes autoritarios y represores, dirigidos por un pirómano, quien ya amenazaba hace unas fechas con que llegaremos a las manos.

Borrell no es un político adecuado para un gobierno que pretenda, como dice, dialogar con Catalunya. Su intransigencia, su visceralidad y su altanería, que concentra todo el anticatalanismo de la vieja guardia socialista, darán al traste con los esfuerzos reformistas de sus compañeros de equipo, algunos de los cuales le parecerán vendepatrias por lo dialogantes.

Es el caso que el nacionalismo español, incapaz hasta la fecha de abordar el conflicto catalán con inteligencia y sentido democrático se encuentra ahora con una duplicación de tarea que no por esperable ha de resultar menos complicada para la conducción del Estado. También, una cadena humana de más de cien mil personas cubrió los 220 kms que separan las tres capitales vascas, en demanda del derecho a decidir de los vascos. Los vascos que se han hecho catalanes. La vía catalana que llega a Vasconia.

Catalunya no ha estado nunca al borde de un enfrentamiento civil y quienes sí lo estuvieron, los vascos, han dejado atrás esa etapa y se han sumado al carro de la revolución catalana. O han puesto el suyo en marcha pari passu para que no se pique nadie. Y el movimiento vasco trae pinta de ser tan transversal como el catalán. Esa cadena organizada por la plataforma Gure Esku Dago ("está en nuestras manos") tiene el apoyo de todos los partidos nacionalistas, incluido el PNV así como de las instituciones vascas. Es un movimiento tan amplio, profundo y coordinado como el catalán.

Si en el gobierno creen que cabe seguir con la respuesta represiva judicial y unos retoques (por lo demás imposibles) de la Constitución es que no saben en dónde están. Esto no es una crisis de funcionamiento con unos conflictos de partidos sin más alcance. Es una crisis constitucional que pone en cuestión la estructura misma del Estado. Y no va a arreglarse con más policía, más represión, más jueces y menos todavía teniendo que dividir las fuerzas en el doble frente vasco-catalán.

En estas condiciones todo cuanto se diga del gobierno de Sánchez, incluso lo que el mismo gobierno dice al hablar de su duración, será a beneficio de inventario de unas elecciones generales anticipadas inevitables. Un panorama interesante, teniendo en cuenta que el govern tiene cuatro años por delante...en principio. Verdad es que el central puede axfisiar de tal modo al catalán que fuerce elecciones anticipadas en Catalunya. Pero también lo es que el independentismo puede hacer caer el gobierno socialista igualmente votándole en contra o absteniéndose.

En esas elecciones generales la cuestión interesante que se plantea al independentismo catalán es si participar en ellas o no. Pero eso será un poco más adelante y mientras se va viendo cómo toman los herederos del Imperio la segunda amenaza separatista.
 
 
Se agradece que la ministra Batet se exprese como las personas normales, llame a las cosas por su nombre (pues habla de "conflicto catalán") y se muestre presta a dialogar con la Generalitat. Se agradece. Siempre es mejor que contemplar los gestos adustos, altaneros de quienes creen que la respuesta al "reto" catalán es enviar a la Guardia Civil.

Otra cosa es la viabilidad de lo vagarosamente anunciado como si fuera una concreción: una reforma federalista de la CE para que Catalunya sea más feliz dentro de España. Es una linda esperanza, pero también desesperada. Pretende disfrazar la negativa a reconocer a Catalunya el derecho a decidir si quiere seguir dentro de España o no. Porque el problema está ahí, en el presupuesto que legitima la hipotética reforma de la CE. 
 
Si los catalanes tienen o no derecho a la autodeterminación, esto es a decidir si quieren ser "más felices" dentro de España y su Constitución o "más infelices" fuera de ellas. Los alambicados castillos conceptuales armados para dilucidar tan compleja cuestión se vienen abajo con el soplo escocés.

No obstante, aun no estamos en esa casilla sino en el puro comienzo. Hablar de reforma de la CE con 85 diputados es poco realista. Y aunque fueran muchos más. Esta Constitución está redactada de tal modo que su reforma necesita complicados trámites y mayorías parlamentarias cualificadas que hoy por hoy está muy lejos de reunir. 
 
El frente antirreformista vendrá además reforzado por la reacción de las CCAA que objetarán a las relacioness bilaterales Estado-Catalunya. No se olvide que esta es la Constitución del "café para todos".  

La encomiable disposición del gobierno al diálogo viene ensombrecida por la existencia de presos y exiliados políticos. Y eso que todavía no ha entrado en acción el aparato Borrell. La inercia y la anterior complicidad con la política represiva del gobierno del PP, incluido el apoyo al 155, hacen que ahora el PSOE considere adecuado hablar de "normalizar" la situación pero sin poner fin a la persecución judicial del independentismo, sin liberar a los presos políticos ni permitir el regreso de los exiliados. 

Pero tal cosa no es realista. En un Estado de derecho no puede haber presos políticos. 

En esos términos encara la Generalitat la negociación con el gobierno. Al saber de la propuesta de reforma constitucional de Batet, Torra ha contestado que da la bienvenida a todas las propuestas, pero el govern "parte del 1-O". Qué quiera decir esto se verá en poco tiempo pero, en principio, supone una referencia al mandato de independencia resultado del referéndum del 1-O que el gobierno central no pudo ni supo impedir sino solo reprimir con tan insólita brutalidad que deslegitimó la causa que decía defender. Y, para dejar clara la idea, la CUP emplaza al govern y a los partidos independentistas a recuperar la vía unilateral.

Como en las historias de venganzas heredadas de familias que trasmiten enfrentamientos cuyo origen se ha olvidado, aquí unos gobiernos heredan conflictos que arrancan de situaciones también olvidadas. Y sin embargo, se trata de un asunto simple, como aquí: admítase un referéndum de autodeterminación en Cataluña como los que se celebraron en Quebec y Escocia. Nada más. 

Y todo quedará resuelto. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED