MAZARRÓN.- La Guardia Civil ha instruido diligencias contra seis vecinos de
Mazarrón como presuntos autores de los delitos contra la
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio
histórico y el medio ambiente, por promover obras de construcción en
suelos catalogados de especial protección.
Especialistas del
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita
abrieron la operación 'Hormigón' a principios de año y realizaron una
serie de inspecciones con el objetivo de detectar posibles
construcciones ilegales en terrenos protegidos, según informaron fuentes
del Instituto Armado en un comunicado.
En Mazarrón, los
efectivos hallaron seis construcciones acometidas en terrenos protegidos
cuya ejecución carecía de legalidad.
En concreto, las actuaciones
denunciadas correspondían a una vivienda unifamiliar en construcción, la
reforma y ampliación de otra, el acondicionamiento y vallado de un
terreno para la construcción de un camping y el acondicionamiento y
desmonte de una zona con la finalidad de realizar actividad agrícola.
En otra finca inspeccionada en el mismo municipio se había realizado
la extracción de áridos para la habilitación de un camino.
Todas las obras se encontraban en suelos de especial protección,
teniendo las protecciones entorno BIC (Bienes de Interés Cultural),
protecciones paisajísticas por las directrices del litoral y
protecciones arqueológicas y protección por riesgo a la minería, entre
otras.
Ninguna de estas obras podría ser objeto de
legalización y, además, estos hechos están recogidos como infracciones
muy graves a la ley 13/2015, de 30 marzo, de la Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia.
Los guardias civiles
comprobaron que estas actividades atentaban contra la naturaleza del
suelo y vulneraban la normativa urbanística donde, según los informes
técnicos, los terrenos afectados por las obras ejecutadas resultaban
incompatibles con el planeamiento, conforme al Plan General Municipal de
Ordenación.
Cabe recordar que el Código Penal, en sus
artículos 319 y 320 sobre delito de ordenación del territorio y
urbanismo, establece que se impondrán las penas de prisión de un año y
seis meses a cuatro años, salvo que el beneficio obtenido por el delito
fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será tanto
al triple del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial
para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.
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