"Este Montoro es un irresponsable. Solo nos faltaba eso. Parece que hayamos entrado en fase demolición". El Madrid político respiraba así después de que se conociera este miércoles que el juez Pablo Llarena había requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informara sobre cuál era la base para afirmar que no se había destinado ni un euro a la organización del referéndum del 1 de octubre. 

Ahí es nada: una pelea de pesos gallo con el ring abierto al público y vociferando ora contra Llarena ora contra Montoro. Es evidente que algo se ha desencajado en este tamizado complot para inventarse un golpe de estado que no existió y unas acusaciones tan graves de rebelión y malversación.

El delito de rebelión lo ha tumbado la justicia de Alemania y acabará teniendo un camino idéntico, seguramente, en Reino Unido, Bélgica y Suiza. El de malversación, que también está siendo seriamente cuestionado en Europa, lo está tumbando en España un político no menor como es el ministro de Hacienda que está desnudando una parte muy importante de la instrucción realizada por Llarena y el relato construido. 

Montoro, que no se amilana normalmente, mandó por la tarde al Congreso de los Diputados a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, a mantener en sede parlamentaria el mismo relato que el pronunciado por el ministro. Quizás un día, ministro y juez nos expliquen por qué ha estallado en este momento -el más delicado para el juez del Tribunal Supremo- este litigio público.

Pero, mientras tanto, hay que preguntarse algunas cosas aunque no obtengan respuesta. ¿Por qué el juez Llarena le hace ahora al ministro este requerimiento cuando su posición era pública desde hace meses y no se lo había pedido? ¿Ha dado todos los pasos de la instrucción con los únicos informes de la Guardia Civil y sin haber contrastado, aunque solo fuera para su mayor seguridad, con los servicios del Ministerio de Hacienda? Si fuera así sería de una enorme gravedad teniendo en cuenta las penas que se han pedido y el calado de las acusaciones. 

Porque lo más sorprendente es que la posición del ministro, que acaba siendo por extensión la del gobierno de España, es cuando menos llamativa ya que desmiente abiertamente lo que sostiene el juez. Y, en este caso, tiene, además, un factor añadido: aunque el control de las finanzas de la Generalitat fue total y absoluto a partir de septiembre de año pasado, desde 2015 ha habido una cierta tutela de las mismas que se traducía en una vigilancia cuando menos parcial. Que, además, fue in crescendo con el paso de los meses y la incomunicación política entre los dos gobiernos.

Montoro ha enseñado parte de las vergüenzas del sumario del 1-O y ha dado munición suficiente para que todos los letrados de la quincena de procesados por el Tribunal Supremo, nueve en las cárceles de la Comunidad de Madrid y seis en el exilio dispongan de una carta muy valiosa. El juez Llarena tiene un problema con la verdad. Y ya no solo se lo dicen los procesados sino que se lo dice Europa y Cristóbal Montoro.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia