MADRID.- Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos ajustándose a una regla de gasto adaptada a la normativa europea, y serán sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los criterios de "reincidencia" y la "gravedad" del incumplimiento.
Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que el Gobierno planteará el martes a las CC.AA.
Según Sáenz de Santamaría, todas las comunidades tendrán que ceñirse a esa regla de gasto a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus posteriores presupuestos autonómicos. "Será un elemento clave para cumplir el objetivo de déficit", ha señalado la portavoz.
Así y siempre que se ajusten a dicha regla, cada comunidad elaborará sus propias cuentas y decidirá a qué quiere destinar sus presupuestos sin que el Gobierno interfiera en los mismos. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos y la implementación de sanciones si es necesario.
Los mecanismos correctores, según la portavoz, podrían ser reducciones "mínimas y obligatorias" referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho.
Por su parte, las sanciones tendrán en cuenta los criterios de "reincidencia" y "gravedad", aunque Sáenz de Santamaría no ha explicado que tipo de 'castigo' se puede poner a las comunidades que no cumplan los objetivos fijados.
Además, la norma reforzará los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, tal y como hace el Estado, y deberán recoger información adicional sobre niveles endeudamiento y organismos y empresas públicas, entre otras cosas.
Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.
Estas son las principales líneas del anteproyecto de Ley que el Gobierno llevará el martes al CPFF y después a la Comisión Nacional de Administración Local para buscar "el máximo acuerdo y consenso" entre todas las administraciones.
Según la portavoz, la futura Ley va a ser un "elemento clave" para el control de déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad son "esenciales" a la hora de construir una plataforma que permita avanzar en la senda del crecimiento y del empleo.
Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir.
De hecho, el Ejecutivo ha incluido el concepto "sostenibilidad" en el nombre de la Ley porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural. "Hay que trasladar un mensaje de compromiso con el control de déficit público general y permanente", ha dicho.
La portavoz ha repasado la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las comunidades gobernadas por el PP, a las que trasladó la necesidad de cumplir los objetivos fijados y la voluntad del Gobierno de trabajar para poder ofrecer soluciones a problemas puntuales de tesorería y liquidez.
Además, ha dicho que Montoro también ha hablado ya con los consejeros económicos de otras comunidades autónomas para preparar la reunión del próximo martes, en la que se abordarán todas estas materias. De hecho, se analizará la situación de tesorería de cada comunidad para trabajar "todos" en la resolución de los problemas.
De la misma forma, se abordará la reducción del sector público en las comunidades, ya que las primeras informaciones de los ministerios no llegarán hasta finales de mes, la parte que corresponde al ámbito del Estado.
Con todo, Sáenz de Santamaría ha trasladado la "voluntad decidida" del Gobierno de llegar a acuerdos porque se trata de asuntos que afectan a "todos".
"Los ciudadanos reclaman un esfuerzo de contención y austeridad", ha recordado, tras mostrarse convencida de que se alcanzarán "acuerdos importantes" que permitirán volver a la senda de crecimiento económico.
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