ALICANTE.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Alicante  ha acordado su inhibición en favor de la Audiencia Nacional de la  denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho,  representada por el abogado oriolano José Luis Mazón, contra la cúpula de la Caja  de Ahorros del Mediterráneo (CAM) destituida por el Banco de España.
   Según el auto dictado el pasado 10 de diciembre, la asociación acusa a la antigua directiva de la  caja de ahorros de presuntos delitos societarios, falseamiento de  cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.
   La asociación pide a los jueces que investiguen porque "falsear  las cuentas de una caja no puede ser solo obra de la directora general  de la misma, sino que exige un concurso más amplio de voluntades y deben  ser investigados otros responsables, como el anterior presidente y los  altos directivos".
   La denuncia se remitirá al juez de la Audiencia Nacional Fernando  Grande-Marlaska, que el pasado mes de noviembre admitió a trámite otra  denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón contra la exdirectora  general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito  societarios y falsedad documental.
   Además, Mazón considera que la antigua cúpula de la CAM tomó  "acuerdos abusivos en materia de blindaje de indemnizaciones y  pensiones, en detrimento de los depositarios y a cuenta de partícipes".
   El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la  Audiencia Nacional está pendiente de recibir un informe de las presuntas  irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración  Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención  del pasado mes de julio.
   Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también mantiene abierta  una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM por estos  hechos, que. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso,  dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y  Anticorrupción.
   Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los  interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la  intervención, que reflejan que los responsables de la caja valenciana  comunicaron unos beneficios de 38,9 millones de euros en marzo de 2011  cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136  millones de euros. 
   Además, se investigan las causas del despido disciplinario  impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a la  exdirectora por haber pactado con el expresidente de la caja, Modesto  Crespo, una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una  revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040  euros. 
   María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en  noviembre de 2010, y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la  entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus  competencias, si bien hasta su despido disciplinario seguía cobrando su  sueldo.

 
 
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