MADRID.- «Vamos a plantearnos acciones como hicieron los franceses, que lograron doblegar al Gobierno en su intención de poner impuestos a la circulación por carretera».
Así se expresan en privado los conductores de camiones autónomos, cuya actividad está ya en el límite de la rentabilidad debido al incremento de los precios de combustibles que se ha producido en los últimos meses. «Un impuesto por circular por carreteras y autovías sería la puntilla para nuestro sector», afirman en La Razón.
Las asociaciones del sector se muestran más comedidas, pero advierten que no descartan acciones contundentes como bloqueos de carreteras o denuncias en los tribunales si la propuesta sigue adelante.
«Ya basta de machacarnos, no podemos más», reconocen en el sector. La patronal de las empresas del sector del transporte de carretera, Fenadismer, aunque comparte la preocupación de los conductores autónomos, no quiere, «por el momento», amenazar con este tipo de medidas de presión y prefieren continuar con el camino de la negociación, si bien se muestran molestos con la actitud que, hasta el momento, ha tenido con ello el actual Gobierno ya que siguen sin haber recibido información oficial alguna pese a ser el colectivo más afectado por el nuevo impuesto planeado por el Ministerio de Movilidad.
Los empresarios recuerdan que no se ha cumplido el compromiso del Gobierno, suscrito en julio de 2019, en el que se comprometía a no implantar ninguna media recaudatoria por el uso de las carreteras sin el consenso previo con las asociaciones de transportistas.
Desde que se anunciara en el mes de abril la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España las organizaciones del sector del transporte por carretera siguen sin haber recibido una propuesta concreta por parte del Ministerio sobre su intención de crear peajes generales en vías de alta capacidad ni les han planteado ni siquiera el impacto económico que tendrá sobre el sector del transporte.
Por ello, el malestar y el rechazo son generalizados por la actuación llevada a cabo por diferentes representantes del Gobierno durante estas semanas, haciendo declaraciones públicas en los medios de comunicación sobre la intención de establecer este nuevo impuesto sin haberse sentado previamente a negociar con los principales agentes afectados, que son los camioneros de transporte por carretera.
En el caso de que la situación continúe como hasta ahora y se establezca esta tasa sin contar con los profesionales, los transportistas no descartan acudir a los tribunales y movilizaciones, que podrían cristalizar en corte de carreteras de la red viaria nacional, como ya hicieron sus homólogos franceses y que alcanzaron los resultados que pretendían, ya que el Ejecutivo galo tuvo finalmente que dar un paso atrás y no llevó adelante los planes de establecer este impuesto a la circulación.
Argumentan en el sector que no será posible repercutir el incremento de costes del transporte en el producto final. La escalada de los gastos de los transportistas en los últimos tiempos se ha incrementado exponencialmente debido a la subida del precio de los carburantes, que amenaza con hacer insostenible la actividad del transporte por carretera.
En el último año, el precio del gasóleo se ha incrementado en más de un 30%, subida que no se ha visto reflejada en las tarifas que las empresas cargadoras e intermediarios pagan a los transportistas.
De persistir esta situación, la actividad del transporte por carretera «será insostenible», reconocen fuentes empresariales, y puede desembocar, como ocurrió en la crisis de 2008, en un paro general del sector.
El incremento en el precio del gasóleo ha situado el litro de este combustible en un precio medio de 1,33 euros por litro, lo que está ocasionando «un deterioro muy grave y preocupante en la liquidez de autónomos y empresas transportistas», al no ser capaces de repercutir los incrementos de dichos costes en los precios que perciben de sus clientes.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, cargó contra el «acoso» que el Ejecutivo sigue demostrando con el colectivo de los autónomos.
«Ya nos van a cobrar por todo, por comprar un coche, por matricularlo,
por tenerlo, por conducirlo y ahora por usar las carreteras. Es todo un
despropósito. Hay más de un millón de autónomos que usan a diario su
vehículo como herramienta profesional y verán una nueva zancadilla, un
nuevo sablazo. Van a cobrarnos ya hasta por respirar».
