MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha reclamado a la Universidad de Murcia
(UMU) que mejore sus sistemas de cobro de facturas pendientes, que
asegure sus bienes en propiedad y que agilice los trabajos de
implantación de contabilidad analítica, según se desprende del último
informe de fiscalización aprobado este mes por esa instancia
económico-judicial.
El informe
de fiscalización hace referencia a las cuentas de la universidad de los
ejercicios 2016 y 2017, e incluye por primera vez el análisis del
estado de implantación del mencionado sistema de contabilidad analítica,
que pretende mejorar la relación entre el precio del servicio público
prestado por la universidad y su coste, el modelo de financiación y la
política de becas,
ayudas y créditos.
El informe concluye que las cuentas presentadas por
la UMU en esos dos años reflejan de manera «fiel» su situación
financiera y patrimonial, aunque sigue sin implantarse la citada
contabilidad analítica.
También
alerta el informe de que la universidad, a pesar de los requerimientos
de años anteriores, «no tiene asegurado el inmovilizado de su
propiedad», lo que entraña un riesgo de «posible quebranto económico no
cubierto adecuadamente», si bien el tribunal reconoce que la UMU está trabajando en el pliego para contratar ese tipo de seguros.
El
tribunal considera, asimismo, «insuficientes» las medidas que ha
adoptado la institución docente para cobrar facturas pendientes de
presupuestos cerrados, que suman 5,1 millones de euros en 2016 y casi
4,5 millones en 2017, y alerta de las «cuentas centralizadas sin
movimiento que deben ser objeto de regularización para su adecuado
control».
El resultado
económico-patrimonial fue negativo en ambos ejercicios (14 y 6 millones
de euros, respectivamente) aunque en ninguno de los casos se superó el
límite de gasto no financiero aprobado.
Sin
embargo, el informe advierte de que la UMU «ha aprobado normas de
ejecución presupuestaria que difieren de lo estipulado con carácter
general para el sector público autonómico y que contradicen» lo
dispuesto en las leyes estatal y regional de Universidades.
En
cuanto al personal, el tribunal señala que la UMU no cumple con los
límites de interinidad que fija la ley estatal, puesto que supera el 40
por ciento tanto entre el personal docente (41,5 por ciento) como entre
el investigador (43,09 por ciento).
El
TC felicita a la universidad por contar con un personal docente e
investigador paritario, incluso ligeramente superior a la media
nacional, también en las categorías más altas de personal, pero lamenta
que esa paridad no se traslade a los concursos convocados a los cuerpos docentes.
Del
mismo modo, se congratula de las mejoras en los contenidos del portal
de transparencia de la UMU, pero critica que las justificaciones de la
necesidad de contratos «están redactadas en unos términos excesivamente
genéricos e imprecisos» y que se formalizan contratos «de gran amplitud
acogiendo prestaciones de muy diversa naturaleza».