CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción
del PP para solicitar al Gobierno de España que asuma los gastos
extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana
'Alice', especialmente en la comarca del Mar Menor.
El
'popular' Carlos Albaladejo ha defendido que los ayuntamientos han
tenido que costear cisternas, refuerzos de servicios básicos y otros
gastos derivados de la falta de agua potable, y ha acusado al Ejecutivo
central de "desentenderse" de la situación. Ha criticado que "al
enemigo, ni agua" es la actitud que, a su juicio, ha adoptado el
Gobierno de España con la Región.
El PSOE ha votado en contra
argumentando que el Estado ya ha activado el Decreto 307/2025 y que el
Consejo de Ministros declaró este lunes la zona como "gravemente
afectada por una emergencia de protección civil", lo que habilita nuevas
ayudas de varios ministerios.
Los socialistas han señalado
que varios ayuntamientos, tanto del PSOE como del PP, han habilitado
oficinas para tramitar las subvenciones estatales y ha reprochado al
Gobierno regional "no aportar ni una sola línea de ayuda autonómica".
Vox ha apoyado la moción insistiendo en la responsabilidad de la
Mancomunidad de Canales del Taibilla en los cortes de agua. El Grupo
Mixto ha considerado que la moción "llegaba tarde", ya que los
mecanismos estatales "estaban plenamente activados".
En materia de vivienda, el Pleno ha debatido una moción del PSOE para
impulsar el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, que ha
sido finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el apoyo
de los socialistas y la abstención del Grupo Mixto.
Miguel
Ángel Ortega ha defendido este sistema como una herramienta para
garantizar acceso a vivienda asequible, combatir la soledad no deseada y
adaptarse a nuevos modelos familiares, combinando espacios privados con
zonas comunes gestionadas colectivamente.
Desde Vox, Antonio
Martínez ha cargado contra la vivienda cooperativa, que ha presentado
como una derivación "eco-socialista" de la agenda 2030 destinada, según
él, a sustituir la propiedad por un mero "derecho de uso" y a permitir
que ONG, banca ética y administraciones "se queden con los pisos de los
jubilados", contraponiendo este modelo a la defensa de la propiedad
privada.
El diputado del PP Antonio Landáburu ha enmarcado la
iniciativa en lo que ha definido como "moción tipo importada de Madrid" y
ha acusado al PSOE de intentar "tapar" con ella la reciente caída del
decreto de vivienda asequible, que el Gobierno regional calculaba que
podía impulsar hasta 35.000 viviendas en cinco años.
La
portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha explicado su abstención
señalando que comparte la necesidad de fomentar el cooperativismo en
cesión de uso, que ha descrito como un modelo sin ánimo de lucro con
cuotas inferiores al mercado, pero ha reclamado ir más allá con límites
legales a la especulación y a la acumulación de viviendas por parte de
grandes propietarios.
Entre las iniciativas rechazadas figura
también la moción de Vox sobre reconsideración del arraigo. La formación
ha pedido suprimir esta figura y endurecer la Ley de Extranjería,
vinculando inmigración irregular con delincuencia e inseguridad y
denunciando un "coladero de regularizaciones masivas".
La diputada
Virginia Martínez ha acusado al PSOE y al PP de "abandonar a los
españoles" y de priorizar ayudas a inmigrantes en situación irregular.
El PP, por medio de Joaquín Segado, ha replicado que los datos
aportados por Vox "son falsos" y ha defendido el arraigo como vía
"excepcional y ordenada" de regularización para personas integradas y
sin antecedentes, acusando a la ultraderecha de convertir la inmigración
en "chivo expiatorio" y "combustible para la polarización".
El PSOE, a través de Carmina Fernández, ha recordado que la Región "se
ha construido con oleadas de migraciones" y ha advertido de que eliminar
el arraigo solo conduciría "a más economía sumergida, más explotación y
menos derechos", mientras que Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha
reprochado a Vox "falta de rigor" y "manipulación deliberada de los
datos".
En el ámbito de la violencia de género, la diputada
socialista María Soledad Sánchez ha optado por retirar su moción con
motivo del 25 de noviembre al constatar que las enmiendas de totalidad
de PP y Vox impedirían su aprobación.
Sánchez ha defendido un
"compromiso de no dar ni un paso atrás" y ha reclamado, entre otras
medidas, protocolos específicos de atención psicológica para las
familias de víctimas en municipios pequeños, recordando los recientes
asesinatos de Nadia, Ginesa y Ainhoa en la Región.
Ha
criticado que el pacto regional contra la violencia de género no se
actualice desde 2022 y ha acusado a Vox de negar la violencia machista
mientras en los ayuntamientos donde cogobierna se adhieren a manifiestos
que respaldan el pacto de Estado y los puntos violeta.
Según ha dicho, la retirada busca evitar que la iniciativa se convierta
en "un campo de batalla negacionista" y ha reclamado un compromiso "real
y efectivo" de todos los grupos contra la violencia hacia las mujeres.
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