CARTAGENA.- El PSOE ha denunciado en el Pleno de la Asamblea Regional que el
Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado "un error contable de 4.300
millones de euros" en la contabilidad de la Comunidad Autónoma entre
2013 y 2021 y ha anunciado que registrará la reprobación del consejero
de Hacienda por la "nefasta gestión" de las cuentas públicas. Pese a
estas críticas, la Cámara ha aprobado los tres puntos del dictamen de la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas
Generales de esos ejercicios, mediante votaciones separadas.
El socialista Alfonso Martínez Baños ha explicado que su grupo ha rechazado los dos primeros puntos al considerar que existe "una responsabilidad política evidente" en la gestión del PP.
Ha citado, además, un déficit acumulado de más de 5.000 millones, un remanente de tesorería "inflado" y desviaciones en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. No obstante, el PSOE ha votado a favor del punto 3 por incluir 21 medidas para corregir las deficiencias detectadas y reforzar el control parlamentario.
Vox se ha abstenido en las cuentas de 2013 y 2014 "por respeto a legislaturas anteriores", pero ha votado a favor del resto. Su diputado Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que "la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013 ya nos la hemos quitado gracias a Vox", reivindicando que sin el impulso de su grupo las cuentas no habrían sido sometidas al Pleno.
Ha calificado los documentos fiscalizados como textos que "ningún economista podría leer sin sonrojarse" y ha atribuido al PP una gestión plagada de "errores y manipulaciones contables". Aun así, ha agradecido el "respeto y la unanimidad" mostrada por los grupos en el trabajo de la ponencia.
Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha votado únicamente a favor del punto 3, destacando que la reforma del reglamento para que las cuentas se eleven al Pleno en el plazo máximo de un año "es un avance imprescindible".
Ha rechazado el resto de puntos por considerar que las cuentas contienen "un disparate inasumible de salvedades", y ha alertado de que los informes posteriores, como el del SMS en 2022, demuestran que "no ha existido propósito de enmienda". A su juicio, la persistencia de presupuestos "no ajustados al gasto real" agrava la deuda y reproduce los mismos errores cada ejercicio.
El diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido que la aprobación o rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea "no tiene consecuencias jurídicas" y que el dictamen aprobado por la oposición es "partidista, subjetivo e interesado".
Ha acusado a PSOE, Vox y Grupo Mixto de construir un texto "cocinado para buscar el titular de que la Asamblea rechaza las cuentas" y ha sostenido que el Tribunal de Cuentas reconoce avances, especialmente en el ámbito sanitario.
Albaladejo ha insistido en que la infrafinanciación autonómica es el principal origen de la situación económica regional y ha señalado que la Región recibe "1.098 euros menos por habitante" que la comunidad mejor financiada.
La Cámara ha aprobado, igualmente, la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox.
El diputado Ignacio Arcas ha recordado que, casi 20 años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto "sigue generando quebraderos de cabeza" y ha cifrado en más de 400 millones de euros el coste que puede acabar asumiendo la Comunidad, entre el aval de 160 millones, la liquidación de daños y perjuicios y las últimas sentencias contrarias a los intereses autonómicos.
Arcas ha reprochado al PP haber defendido durante años que el aeropuerto "no costaría ni un euro a los murcianos" y ha denunciado que la liquidación contra la antigua concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad, mientras una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid condena a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. PSOE y Grupo Mixto han respaldado la nueva comisión.
Alfonso Martínez Baños (PSOE) ha calificado Corvera como "uno de los mayores fraudes políticos" del Gobierno regional, ha recordado que no se han cumplido las previsiones de empleo ni de pasajeros y ha señalado que la oposición aún desconoce por qué se desechó un posible acuerdo extrajudicial antes de la última condena judicial.
Álvarez-Castellanos ha insistido en que "queda mucho por aclarar", especialmente en relación con las decisiones políticas y el concurso de acreedores de Aeromur.
Por su parte, el 'popular' Víctor Martínez Carrasco considera "prematuro" hablar de liquidación fallida sin sentencia firme y ha tildado la comisión de "teatro innecesario", defendiendo que la Comunidad actuó "con rigor" y que el aeropuerto es "una infraestructura estratégica en la senda correcta".
El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Mixto para alejar los salones de apuestas de los centros educativos. La diputada María Marín ha explicado que la moción responde a peticiones directas de diversas AMPAS que denuncian la presencia de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio".
Marín ha subrayado que el objetivo de los apartados aprobados es establecer distancias mínimas y restringir la instalación de salones de juego en entornos escolares, y ha recordado que la Región presenta tasas de juego juvenil "más del doble de la media estatal".
La diputada ha insistido en que el reciente aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley valenciana, que fija distancias de hasta 850 metros, demuestra que este tipo de restricciones "son perfectamente compatibles con el derecho europeo", por lo que el Gobierno regional "ya no tiene excusas" para no regularlas.
El PSOE ha votado a favor de los puntos aprobados y ha reforzado su contenido con una enmienda asumida por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres ha alertado de que el 18% de los menores de la Región ha entrado en locales de apuestas y que un 56% ha tenido contacto con el juego antes de los 18 años, citando un estudio de la Universidad de Murcia que sitúa la edad media de inicio en los 14,7 años.
Ha reprochado al Gobierno regional que la Región sea "la única comunidad autónoma sin normativa específica de distancias" entre centros educativos y casas de apuestas pese a haber anunciado un decreto ya en 2018. Vox ha apoyado parte de los puntos aprobados, aunque ha insistido en que "el verdadero problema entre los jóvenes" es el juego on line, y ha pedido centrar ahí la acción política.
Su diputado Pascual Salvador ha recordado que desde 2018 no se conceden nuevas licencias de salones presenciales y ha reclamado la publicación pendiente del Libro Blanco del Juego para reforzar los controles y actualizar la normativa.
El PP, por su parte, ha reivindicado que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con determinación", recordando que desde hace siete años no se otorgan nuevas licencias y que se han incrementado las inspecciones y sanciones.
No obstante, la oposición le ha reprochado que esas medidas no han ido acompañadas de la regulación de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico ya advirtió que debía aplicarse en las renovaciones de licencias.
El socialista Alfonso Martínez Baños ha explicado que su grupo ha rechazado los dos primeros puntos al considerar que existe "una responsabilidad política evidente" en la gestión del PP.
Ha citado, además, un déficit acumulado de más de 5.000 millones, un remanente de tesorería "inflado" y desviaciones en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. No obstante, el PSOE ha votado a favor del punto 3 por incluir 21 medidas para corregir las deficiencias detectadas y reforzar el control parlamentario.
Vox se ha abstenido en las cuentas de 2013 y 2014 "por respeto a legislaturas anteriores", pero ha votado a favor del resto. Su diputado Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que "la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013 ya nos la hemos quitado gracias a Vox", reivindicando que sin el impulso de su grupo las cuentas no habrían sido sometidas al Pleno.
Ha calificado los documentos fiscalizados como textos que "ningún economista podría leer sin sonrojarse" y ha atribuido al PP una gestión plagada de "errores y manipulaciones contables". Aun así, ha agradecido el "respeto y la unanimidad" mostrada por los grupos en el trabajo de la ponencia.
Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha votado únicamente a favor del punto 3, destacando que la reforma del reglamento para que las cuentas se eleven al Pleno en el plazo máximo de un año "es un avance imprescindible".
Ha rechazado el resto de puntos por considerar que las cuentas contienen "un disparate inasumible de salvedades", y ha alertado de que los informes posteriores, como el del SMS en 2022, demuestran que "no ha existido propósito de enmienda". A su juicio, la persistencia de presupuestos "no ajustados al gasto real" agrava la deuda y reproduce los mismos errores cada ejercicio.
El diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido que la aprobación o rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea "no tiene consecuencias jurídicas" y que el dictamen aprobado por la oposición es "partidista, subjetivo e interesado".
Ha acusado a PSOE, Vox y Grupo Mixto de construir un texto "cocinado para buscar el titular de que la Asamblea rechaza las cuentas" y ha sostenido que el Tribunal de Cuentas reconoce avances, especialmente en el ámbito sanitario.
Albaladejo ha insistido en que la infrafinanciación autonómica es el principal origen de la situación económica regional y ha señalado que la Región recibe "1.098 euros menos por habitante" que la comunidad mejor financiada.
La Cámara ha aprobado, igualmente, la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox.
El diputado Ignacio Arcas ha recordado que, casi 20 años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto "sigue generando quebraderos de cabeza" y ha cifrado en más de 400 millones de euros el coste que puede acabar asumiendo la Comunidad, entre el aval de 160 millones, la liquidación de daños y perjuicios y las últimas sentencias contrarias a los intereses autonómicos.
Arcas ha reprochado al PP haber defendido durante años que el aeropuerto "no costaría ni un euro a los murcianos" y ha denunciado que la liquidación contra la antigua concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad, mientras una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid condena a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. PSOE y Grupo Mixto han respaldado la nueva comisión.
Alfonso Martínez Baños (PSOE) ha calificado Corvera como "uno de los mayores fraudes políticos" del Gobierno regional, ha recordado que no se han cumplido las previsiones de empleo ni de pasajeros y ha señalado que la oposición aún desconoce por qué se desechó un posible acuerdo extrajudicial antes de la última condena judicial.
Álvarez-Castellanos ha insistido en que "queda mucho por aclarar", especialmente en relación con las decisiones políticas y el concurso de acreedores de Aeromur.
Por su parte, el 'popular' Víctor Martínez Carrasco considera "prematuro" hablar de liquidación fallida sin sentencia firme y ha tildado la comisión de "teatro innecesario", defendiendo que la Comunidad actuó "con rigor" y que el aeropuerto es "una infraestructura estratégica en la senda correcta".
El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Mixto para alejar los salones de apuestas de los centros educativos. La diputada María Marín ha explicado que la moción responde a peticiones directas de diversas AMPAS que denuncian la presencia de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio".
Marín ha subrayado que el objetivo de los apartados aprobados es establecer distancias mínimas y restringir la instalación de salones de juego en entornos escolares, y ha recordado que la Región presenta tasas de juego juvenil "más del doble de la media estatal".
La diputada ha insistido en que el reciente aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley valenciana, que fija distancias de hasta 850 metros, demuestra que este tipo de restricciones "son perfectamente compatibles con el derecho europeo", por lo que el Gobierno regional "ya no tiene excusas" para no regularlas.
El PSOE ha votado a favor de los puntos aprobados y ha reforzado su contenido con una enmienda asumida por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres ha alertado de que el 18% de los menores de la Región ha entrado en locales de apuestas y que un 56% ha tenido contacto con el juego antes de los 18 años, citando un estudio de la Universidad de Murcia que sitúa la edad media de inicio en los 14,7 años.
Ha reprochado al Gobierno regional que la Región sea "la única comunidad autónoma sin normativa específica de distancias" entre centros educativos y casas de apuestas pese a haber anunciado un decreto ya en 2018. Vox ha apoyado parte de los puntos aprobados, aunque ha insistido en que "el verdadero problema entre los jóvenes" es el juego on line, y ha pedido centrar ahí la acción política.
Su diputado Pascual Salvador ha recordado que desde 2018 no se conceden nuevas licencias de salones presenciales y ha reclamado la publicación pendiente del Libro Blanco del Juego para reforzar los controles y actualizar la normativa.
El PP, por su parte, ha reivindicado que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con determinación", recordando que desde hace siete años no se otorgan nuevas licencias y que se han incrementado las inspecciones y sanciones.
No obstante, la oposición le ha reprochado que esas medidas no han ido acompañadas de la regulación de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico ya advirtió que debía aplicarse en las renovaciones de licencias.
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