El título, como más de
un lector habrá reconocido, procede de una canción de La Lupe. Y lo he
elegido porque expresa, en mi opinión, de manera certera una
circunstancia que afecta de manera decisiva a la integración de
Catalunya en el Estado.
El PP, en términos
democráticos, es el partido que menos tiene que decir y, sin embargo,
política y jurídicamente, es el que más dice. Los ciudadanos de
Catalunya, y parece que la tendencia se acentúa, no le tienen la más
mínima confianza. Y sin embargo, es el PP el que ha decidido el
contenido y alcance del derecho a la autonomía que pueden ejercer los
ciudadanos de Catalunya.
La crisis de legitimidad en el sistema político catalán
viene de aquí. Los ciudadanos pueden votar lo que quiera, que después se
hará aquello que el PP permita que se haga. La voluntad de un partido
minúsculo en Catalunya se impone a la voluntad de la inmensa mayoría de
los ciudadanos.
Y cada vez más. Este es el vínculo de
unión entre el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del
Estatuto de Autonomía resuelto por la STC 31/2010 y la aplicación del
artículo 155 CE. El PP desde el Estado mutila o anula por completo el
ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya. Esta ha sido la
historia del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya desde
2005 hasta hoy. Mutilación en 2010. Anulación en 2017.
Y así parece que vamos a seguir tras el 21D. Según todas las encuestas,
el resultado del PP va a ser catastrófico. Y sin embargo, es el partido
que ha disuelto el Parlament y convocado elecciones, ha destituido el
Govern y ha ocupado su lugar durante el proceso electoral y continuará
ocupándolo por tiempo indefinido a partir del 22-D.
¿Hay alguna manera de salir de esta crisis de legitimidad? ¿Es posible
que en Catalunya se pueda ejercer un derecho a la autonomía que no sea
al dictado del PP? ¿Es posible que el que menos tiene que decir deje de
ser el que más diga?
Las alternativas que se apuntan
en el horizonte parecen indicar que no. Analizando conjuntamente el
resultado de todas las encuestas publicadas hasta el momento, parece que
la única mayoría con posibilidad de formar gobierno sería o bien la
mayoría que constituirían los tres partidos nacionalistas por sí solos o
bien con el voto en primera o la abstención en segunda votación de En
Común/Podemos.
Desde un punto de vista aritmético los
escaños de En Común/Podemos no parece que fueran suficientes para
investir President a un candidato del calificado como bloque
constitucionalista.
En términos de aritmética
parlamentaria parece que vamos a estar como hemos estado desde las
elecciones de 2012. Con dos bloques y con movimientos en el interior de
cada bloque, pero no con trasvases entre uno y otro.
Un Gobierno nacionalista, aún en el supuesto de que los tres partidos
sumaran 68 escaños, no podría ejercer un derecho a la autonomía que no
fuera el que le autorizara el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que
lo sometería a una vigilancia asfixiante. Con el privilegio procesal del
artticulo 161.2 CE, que conduce a que se produzca la suspensión
automática de cualquier norma, resolución o acto de una Comunidad
Autónoma cuando es recurrida por el Estado, la acción del Gobierno de la
Generalitat que no tuviera el visto bueno del Gobierno de la Nación
quedaría paralizada.
El único Gobierno de la
Generalitat que podría ejercer el derecho a la autonomía con un mínimo
de autonomía, sería un “Gobierno de Concentración”, entendiendo por tal,
un Gobierno constituido por los partidos nacionalistas, con la
excepción de la CUP, y los dos partidos de izquierda, PSC y En
Común/Podemos.
Las circunstancias son no difíciles,
sino casi imposibles. Pero sería el único Gobierno que permitiría que
una muy amplia mayoría de los ciudadanos de Catalunya pudieran
reconocerse en el ejercicio del derecho a la autonomía del que ellos son
titulares. Y, además, que no se haga tabla rasa de todo lo que ha sido
el resultado del ejercicio de tal derecho durante estos últimos cuarenta
años, que me imagino que es lo que está detrás del 155 CE.
Todo lo que no sea esto es Rajoy puro y duro.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
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