La decisión
del Banco Santander de hacerse con el Banco Popular es una decisión
de Estado. Como ha dicho la presidenta de la entidad, Ana Patricia
Botín, es una compra que dará certidumbre y estabilidad al sistema
financiero español y eso es bueno para España, para Europa y para el
crecimiento de la economía española. Pero hay unos grandes
perdedores: los aproximadamente 300.000 accionistas que pierden
toda su inversión y a los que el Gobierno no parece haber
protegido de los errores de gestión y de supervisión.
Cómo
podrán mantener su confianza en el ministro de Economía, Luis de
Guindos, cuando recuerden que hace solo unos días, el 19 de abril, con
ocasión de un encuentro con el sector financiero con presencia de los
medios de comunicación aseguraba que "Popular no tiene problemas de
solvencia ni de liquidez" y que "es un banco solvente y su futuro lo
decidirán sus accionistas".
No va a ser el caso. Tanto los accionistas como los tenedores de
bonos, salvo los seniors, perderán toda su inversión. Parece lógica la
propuesta de Organización de Consumidores y Usuarios que ha pedido al
Ministerio de Economía y al Banco de España que promuevan un arbitraje o
un mecanismo extrajudicial inmediato que aporte una solución lo más
rápida y económica posible a estos más de 300.000 accionistas del Banco
Popular.
La operación diseñada por el equipo ejecutivo del Banco Santander
debe asumir compromisos que no pongan en riesgo su propia viabilidad. A
falta de la comprobación a fondo de la verdad de las cuentas del
Popular, las ‘due diligence’ habituales, la entidad realizará una
ampliación de capital de 7.000 para poder tener una mayor cobertura de
los riesgos inmobiliarios.
La entidad prevé un aumento de la rentabilidad del orden del 14 %,
pero el beneficio por acción no crecerá hasta el año 2018. Pese a que va
a destinar 7.900 millones para ampliar la cobertura de los riesgos
inmobiliarios, que pasará del 45 al 65 %, estima que en 18 meses se
habrá desprendido como mínimo de la mitad de esa cartera.
De ser así, estas ventas generarán nuevos recursos y se reducirán las
necesidades de provisiones. Todo ello lleva a comprender el malestar de
los accionistas y de las organizaciones de defensa de los consumidores
que consideran que el Gobierno debería haber tenido en cuenta como
mínimo el valor que el mercado estaba dando al Popular al cierre de la
bolsa el martes por la tarde.
No se puede decir que el Ejecutivo no tuviera margen de actuación. Es
la primera operación que se hace en el Marco de Resolución Europeo.
Desde que se aprobó esta directiva en el 2014, expertos y observadores
habían pensado que la primera entidad en pasar por el nuevo sistema de
recuperación de la Unión Bancaria seria la italiana Monte Dei Paschi Di
Siena.
Pero primero el Gobierno de Renzi, y desde el año pasado el ejecutivo
liderado por Paolo Gentiloni, se han resistido a que los accionistas
perdieran todo su capital y, con el apoyo del Gobierno, tratan de sacar
adelante la entidad sin el menoscabo de los intereses de quienes han
apostado su capital confiados en lo que le habían dicho hasta ahora los
supervisores y el Gobierno.
Como han insistido Gobierno y el propio banco no habrá ayudas
públicas. En este sentido no va a tener un coste para el contribuyente,
pero no se puede obviar que tendrá un coste para accionistas y bonistas.
Resulta lógico que la oposición quiera la inmediata comparecencia del
ministro de Economía, Luis de Guindos, que él mismo había pedido para
comparecer a petición propia. Al ser a petición propia tendrá la ventaja
de no tener que responder nada más que en una ocasión a las preguntas
de la oposición.
Lástima. Sería una oportunidad para tratar de aclarar al máximo
posible todo lo que ha sucedido en los últimos meses para que el Popular
se haya convertido en una entidad inviable.
No se debe olvidar que fue la entidad financiera más rentable del
mundo junto al Banc One, ahora también absorbido, en este caso por el
JPMorgan, durante ocho años consecutivos en los años noventa.
Seguro que con ocasión de la constitución de la Comisión de
Investigación de la Crisis Financiera, el caso Popular va a ocupar un
lugar destacado. Una primera explicación la podemos encontrar en
términos intelectuales en el libro de Aristóbulo de Juan, ‘De buenos
banqueros a malos banqueros’. Pero nos hace falta conocer los detalles.
¿Por qué el Popular no quiso utilizar nunca ayudas públicas para
afrontar la crisis y el Gobierno se lo permitió si hoy hemos sabido que
estaba en quiebra?
(*) Periodista
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