LORCA.- El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, 
Fulgencio Gil, ha informado que el Consistorio Municipal ha recibido 
recientemente varias sentencias favorables de 
procedimientos judiciales derivados de convenios urbanísticos incluidos 
en el planeamiento municipal. Se trata, por tanto, de un tipo de 
convenios diferente a los que están acarreando sentencias condenatorias 
contra el municipio, y que se proyectaron en terrenos calificados como 
Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbano (SIDU).
Fulgencio Gil ha explicado que la respuesta favorable por parte de 
los tribunales ha sido posible gracias a que estos convenios incluidos 
en el planeamiento del Plan General Municipal de Ordenación (PGOM), y 
aprobados entre los años 2001 y 2001, no recogían la conocida como 
"clausula trampa", que forzaba al Ayuntamiento a devolver las cantidades
 anticipadas por los promotores de los convenios. De esta forma se 
evidencia, para mayor claridad, que la aprobación de aquellos convenios 
supuso un manifiesto error, tal y como dejó claro el actual alcalde en 
el pleno del año 2005 en el que el PSOE los aprobó en solitario.
El Edil de Economía ha manifestado que, dentro de la plena 
transparencia informativa con nuestros ciudadanos del Consistorio 
Municipal respecto al tema de los convenios urbanísticos, hoy podemos 
ofrecer novedades positivas. Hemos de indicar que las sentencias 
judiciales favorables al municipio rechazan las pretensiones de 
devolución de las cantidades económicas entregadas al Ayuntamiento por 
parte de los promotores de convenios proyectados en diferentes enclaves 
de nuestro término municipal, como es el caso de los establecidos en 
Purias (por el importe de 1,8 millones), La Paca (3 millones), Zarcilla 
de Ramos (193.000 euros),
Fulgencio Gil ha anticipado que desde el Ayuntamiento se seguirá 
informando a los ciudadanos detallada y puntualmente sobre el proceso de
 estos convenios, puesto que existen otros 2 convenios de planeamiento 
cuyos promotores también han reclamado, en su caso en vía 
administrativa, la devolución de los importes ingresados al Consistorio.
 Estamos hablando de convenios referidos a proyectos en Purias (reclaman
 1,4 millones) y Aguaderas (540.910 euros).
 
 
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