MURCIA.- Los Gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana suscribieron
este lunes una declaración conjunta sobre las bases sobre las que se
debe regir el nuevo sistema de financiación autonómica, que esperan que
la reforma se lleve a cabo este año y tenga una vigencia de cinco años.
Así, la primera reunión de los expertos designados por las comunidades
será este jueves.
Tras dejar claro que "es hora de cerrar este debate, que
quizás ha durado mucho tiempo", dijo el consejero de Hacienda de Murcia,
Andrés Carrillo, su homólogo en la comunidad vecina, Vicent Soler, dejó
claro que "con los problemas de Cataluña o sin ella esto se va a atajar
como sea, porque es un problema que afecta a todos y no hay excusa
posible para no atajarlo".
"Ojalá entre Cataluña, pero esto se tiene que solucionar por
encima de todo", manifestó Soler. Por su parte, Carrillo considera que
"no es buena idea que haya conversaciones bilaterales, porque son
competencias comunes".
Y es que, recalcó, "esto no es una guerra de Murcia y
Valencia y no tiene que ser una disputa entre territorios", tal como
recoge la declaración conjunta.
Soler confesó que la financiación "se tiene que cerrar este
año, porque ese es el objetivo y es una asignatura pendiente, una
oportunidad de repensar cómo financiar las administraciones públicas".
El consejero murciano aseguró, igualmente, que "aspiramos a cerrar el
diseño del modelo este año y haremos todo lo posible para que se
culmine, aunque lo inteligente sería diseñar un modelo para mucho más
tiempo".
Ambos consejeros denunciaron públicamente que el sistema "ha
discriminado a Murcia y Valencia durante mucho tiempo y hay que tener
alguna forma para solucionar esto, porque si no se hace se cerrará en
falso el nuevo sistema y seremos, si no, esclavos de un pasado y para
que este sistema se cierre bien hay que hablar de todo".
Sobre la deuda, el consejero de Murcia explicó que "el
problema es que es inabordable ahora mismo, provocado por una
infrafinanciación que no han tenido otras regiones y debe de abordarse,
por eso, como un problema de estado".
Declaración conjunta
Esta declaración conjunta de sendos gobiernos sobre las
bases de la reforma del sistema de financiación autonómica pasa, en
primer lugar, por una recomendación de que no debe abordarse como "un
debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento
del estado del bienestar con independencia del territorio donde vivan".
"No debe suponer un conflicto entre regiones, porque ello
alejaría los argumentos comunes para el acuerdo y la aprobación de un
nuevo modelo, perjudicando principalmente a las comunidades de Valencia y
Murcia", indica.
Igualmente, el manifiesto apuesta por "proporcionar una
financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar todos
los servicios públicos de las que son responsables, con unos niveles de
calidad adecuados sin incurrir en déficit".
Y es que, ha manifestado Carrillo, "en estos años de crisis,
para poder mantener los niveles de calidad en educación, sanidad o
servicios sociales las comunidades hemos tenido que hacerlo incurriendo
al déficit y eso no puede seguir siendo así, porque tenemos que tener
una financiación suficiente para todas las regiones".
Soler, por su parte, ha defendido la necesidad de construir
un sistema que equipare los recursos a las distintas regiones, "por lo
que no es admisible que existan diferencias en la financiación por
habitante para gestionar el mismo nivel de competencias".
Igualmente, consideran que este sistema de financiación
"debe aportar estabilidad a la financiación de la sanidad, educación y
servicios sociales y debe existir, por tanto, una garantía dinámica de
evolución que impida que los ciclos económicos disminuyan los recursos
necesarios para la prestación de tales servicios".
Carrillo ha recordado que a partir del Pacto de Toledo el
sistema de pensiones está "blindado", mientras que sanidad, educación y
servicios sociales, los otros tres pilares del Estado del Bienestar, "no
lo están y son competencias transferidas a las comunidades y esto hay
que hacerlo también".
El punto quinto del manifiesto dice que "se debe asegurar el
principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades",
así como que el nuevo modelo "sea sencillo, transparente y predecible y
permitir la planificación a medio-largo plazo, porque permitirá la
consolidación fiscal en las comunidades".
Soler ha recordado que Murcia y Valencia se encuentran entre
las regiones "peor financiadas y con mayor déficit y son las más
interesadas en la consolidación fiscal". "No debe ser tan obtuso como el
actual", ha dicho.
Los gobiernos de sendas regiones han manifestado por la
preocupación por los ciudadanos y, por ende, las administraciones
locales. "Su calidad de vida depende de los servicios que presten unas y
otras y en esta lógica de una distinción equitativa respecto de las
responsabilidades de cada una de las administraciones, la necesaria
complicidad con las administraciones locales es imprescindible", indica.
El último punto pasa porque "se aborde la problemática
derivada de los déficit presupuestarios generados por la
infrafinanciación autonómica y que se han reducido en un nivel de deuda
difícilmente abordable".
"Debe ser tratada y solucionada como un
problema de Estado", ha advertido Soler.
En el encuentro, en el que también participaron los directores
generales de Presupuestos de la Región de Murcia, Begoña Iniesta, y de
la Comunidad Valenciana, José Moreno, se ha invitado a los expertos de
ambas comunidades que participarán junto al Gobierno central en el
diseño de la reforma del modelo de financiación autonómico.
El comité de expertos, que se reunirá por primera vez el próximo 23
de febrero, se encargará de elaborar, en el plazo de seis meses, una
propuesta sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.
