MURCIA.- La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha exigido hoy un aumento
"inmediato", de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de
Murcia, para "garantizar la seguridad", ante el "efecto llamada" que
provocará la "arbitraria" regularización masiva de inmigrantes anunciada
esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su opinión,
la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización
"indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los
beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo
riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como están
denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP)".
Cree
conveniente un refuerzo "urgente" de policías nacionales, como exigen
los sindicatos del cuerpo de entre 500 y 600 agentes en la Región,
porque con esta decisión "se rompe la coherencia del Pacto Europeo de
Migración y Asilo y sitúa a España como el coladero de la ilegalidad del
espacio Schengen".
De este modo, ha hecho suyas las
reivindicaciones de este cuerpo, porque "sin más agentes, más medios y
más protocolos claros" esta regularización "es una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano y vuelve
a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional, ya saturada de por sí
en la Región".
Tampoco, ha añadido, "se puede regularizar
sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios
administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación
de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de
antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente".
A su juicio esta medida es sin ninguna duda "una cortina de humo
para desviar la atención de los 46 fallecidos y cientos de heridos de
las tragedias de Adamuz y Gelida, por los que nadie en el Gobierno está
dispuesto a asumir responsabilidades políticas".
Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de
Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a
esta legalización masiva.
"Una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno
socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan
poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la
Moncloa", remarca la iniciativa.
Incide en la alarmante
presión que provocará sobre los servicios públicos, "esos que este
Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la
educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades
autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno
de España, como es la Región de Murcia".
Por último, hace
referencia "al premio que supone para quienes se saltaron las leyes
migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para
conseguir la residencia provocando un agravio comparativo entre ellos".
Ante esto, el PP no da la espalda a la realidad de la inmigración
irregular, pide que deje de usarse por interés político.
"España no
puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a
la inmigración irregular y combine humanidad y justicia".
"En
octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas
claras. Y son: "autoridad única y fin del caos administrativo; control
efectivo de fronteras y refuerzo de medios económicos, humanos y
materiales; no a las regularizaciones masivas ni automáticas; los
criterios deben ser objetivos y verificables (sistema por puntos); y
retorno ordenado", ha concluido.
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