Podemos-IU-AV acusa a la Comunidad de querer entregar más de un millón de metros de suelo público a los constructores

 CARTAGENA.- Podemos-IU-AV ha denunciado que el decreto de vivienda asequible que el Gobierno regional llevará mañana al Pleno de la Asamblea "regala suelo público a los constructores" y "pretende entregar más de un millón de metros cuadrados de parcelas municipales a los grandes promotores inmobiliarios mediante permutas o subastas".

Según la coalición, la iniciativa "no ofrece soluciones reales al problema de acceso a la vivienda y solo sirve para favorecer los intereses del sector privado".

La diputada de Podemos, María Marín, ha calificado la iniciativa como un "decreto de vivienda imposible", asegurando que "no son asequibles viviendas a 1.840 euros el metro cuadrado cuando la media regional está en 1.555".

Según ha explicado, "no son asequibles viviendas más caras que la actual vivienda de protección oficial ni lo son para personas que ganan 1.000 euros al mes", al tiempo que ha recalcado que "no van a servir de nada para resolver el problema de la vivienda".

Marín ha afirmado que el verdadero objetivo del decreto "es que los constructores se llenen aún más los bolsillos", ya que "López Miras les regala hasta un 50% más de edificabilidad por hacer viviendas que en muchos casos serán más caras que las del mercado".

También ha advertido de que esta norma "acaba con la vivienda de protección oficial y la sustituye por una vivienda asequible 'fake', más rentable para las promotoras".

La diputada ha denunciado además que el decreto "busca privatizar todo el suelo público del que aún disponen los ayuntamientos", al señalar que "el Gobierno regional ha localizado 136 parcelas municipales que quiere que los ayuntamientos entreguen a los buitres del sector inmobiliario mediante permutas o subastas".

En total, ha dicho, "se trata de más de un millón de metros cuadrados públicos de todos y de todas que este decreto regala a los constructores".

Por ello, Podemos-IU-AV ha exigido que el suelo público "no se regale" y "se destine solo a vivienda de promoción 100% pública". Marín ha recordado que "desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región" y ha subrayado que "la vivienda se ha dejado únicamente en manos del sector privado, lo que explica la especulación y las dificultades de las familias para acceder a una vivienda".

La diputada ha pedido "a la gente que proteja el suelo público de sus municipios" y ha afirmado que "si existe suelo público y empresas municipales como Urbamusa, solo falta voluntad política, tanto del Gobierno regional de López Miras como del Gobierno de España".

En este sentido, ha instado al PSOE de Francisco Lucas a "no abstenerse en la votación como hizo con la ley de simplificación administrativa", añadiendo que "no se puede quedar bien con la gente trabajadora y a la vez con los mandamases de la patronal inmobiliaria".

Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado que la fórmula del decreto ley "no permite la participación social ni política, ya que no se pueden presentar enmiendas al texto".

Además, ha advertido de que el precio propuesto por el Gobierno regional "eliminaría la zonificación actual en cinco áreas", y que una vivienda de 90 metros útiles podría alcanzar "los 235.000 euros" tras sumar garaje, impuestos y otros gastos.

Álvarez-Castellanos ha explicado que una hipoteca de ese importe, incluso con aval joven, "costaría unos 900 euros al mes, lo que exigiría una renta neta de 2.600 euros mensuales para no superar el 35% de los ingresos familiares". Según ha señalado, "ese modelo de vivienda deja fuera al 75% de los asalariados de la Región de Murcia".