El pasado 19 de enero, Ana, que se encontraba aquel día en Murcia, acudió al servicio de Urgencias del referido hospital aquejada de nauseas y un fuerte dolor abdominal de 48 horas de evolución. Tras las pruebas complementarias que se le practicaron en dicho centro, incluida una ecografía abdominal, se le diagnosticó una apendicitis aguda.
Los protocolos médicos ante esta dolencia son claros: Se debe controlar el dolor con analgesia intravenosa, iniciar la profilaxis antibiótica y, finalmente, gestionar el traslado del paciente a observación mientras se le prepara para la intervención quirúrgica.
Un proceso que se debe realizar con un riguroso y exhaustivo control de la evolución, ya que el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y el tratamiento quirúrgico es un factor de riesgo de rotura apendicular, una de las complicaciones más graves de la apendicitis por su correlación con la peritonitis, la sepsis, e incluso la muerte.
Sin embargo, los médicos que atendieron a Ana en las Urgencias de la Arrixaca no hicieron nada de eso. Simplemente, le administraron un medicamento para las nauseas y, tras consultar con el cirujano de guardia, que indicó que la paciente fuera operada en su hospital de referencia, en Lorca, le dieron el alta.
Ni siquiera garantizaron la seguridad del traslado hospitalario facilitando una ambulancia. Ana tuvo que desplazarse hasta el Rafael Méndez de Lorca, situado a 75 kilómetros, en su propio coche.
No es la primera vez que sucede un caso similar. En 2016, Iván, un joven de Bullas que residía en Murcia por motivos de estudio también fue diagnosticado de apendicitis en el Virgen de la Arrixaca y enviado a Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca, ya que ese era su hospital de referencia.
En aquella ocasión, la demora en la realización de la intervención quirúrgica derivó en una peritonitis que casi le cuesta la vida. Entonces, la Consejería de Salud del Gobierno de la Región de Murcia se comprometió a abrir una investigación para esclarecer lo sucedido, cuyas conclusiones se desconocen.
Tras su terrible experiencia, Ana desea que "ninguna persona vuelva a pasar por la situación de que se ponga en riesgo su salud y su vida porque un médico del sistema sanitario público decide no hacer su trabajo".
Al hilo, ha recordado que la denegación de asistencia por parte del cirujano que se negó a operarla, podría ser constitutiva de un delito de "omisión del deber de socorro", tipificado en el Código Penal.
"Como usuaria y contribuyente del Servicio Murciano de Salud, tengo derecho a ser intervenida de urgencias en cualquier hospital de la Región -o de fuera de ella- sin ningún impedimento burocrático", ha recordado Ana.
La familia de la joven sigue en estado de shock pensando en lo que hubiera podido pasar. Y es que, en una apendicitis, existe un serio riesgo de que el apéndice pueda estallar. Esto puede ocurrir tan rápidamente como entre
las 48 y 72 horas después de presentar síntomas, "y yo ya llevaba mala dos días", asegura Ana. Por eso, esta dolencia está considerada una emergencia médica y resulta absolutamente temerario mandar a una persona a 75 kilómetros en su propio vehículo, porque el cirujano de guardia decida discriminar a una paciente por su lugar de empadronamiento.
Pedir explicaciones
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce ha exigido a Fulgencio Gil, alcalde del Partido Popular que tome cartas en el asunto y pida explicaciones de inmediato al gobierno regional de su partido y, en concreto, al Consejero de Salud, por la "temeridad" de no permitir que se opere a una joven lorquina residente en Murcia por no estar empadronada en la capital. "Se trate de una discriminación gravísima"
"Esto no puede volver a ocurrir. Por eso mismo, ya está tardando Fulgencio Gil en pedirle explicaciones a sus compañeros de partido en Murcia para que no se vuelva a repetir esta circunstancia que no sabemos cómo podría haber terminado", ha insistido.
"Nadie debería verse en una situación como esta. Es inhumano que se le niegue la atención médica a una ciudadana por su lugar de residencia y más aún ante un caso de urgencia. Por eso mismo, el alcalde del Partido Popular debe exigir responsabilidades a sus compañeros de partido que gestionan la sanidad en esta Región.
Son muchos los jóvenes lorquinos que residen en Murcia por sus estudios. ¿Qué tranquilidad podrán tener ellos y sus padres y madres a partir de ahora, si nadie hace nada para remediarlo?
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