MADRID.- El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.
Este
informe, presentado este miércoles en el Congreso, detalla que diversos
organismos de los gobiernos regionales de las autonomías anteriormente
citadas se han demorado en contestar al Defensor del Pueblo durante
2019.
En
concreto, estos organismos son el Departamento de Educación de la
Generalitat de Cataluña, la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, la Consejería
de Hacienda de Melilla, la Consejería de Política Social de la Xunta de
Galicia, la Consejería de Agua de Murcia, la Dirección General de
Comercio de Murcia, y la Dirección General de Energía de Murcia.
Por este motivo, la institución las enmarca dentro de las administraciones
entorpecedoras habida cuenta de que no han dado "adecuada respuesta" a
los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo.
No
obstante, desde este organismo explican que las características de cada
administración son distintas, tanto por la repercusión del
incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos
disponibles por parte de las propias entidades.
Según
este informe, tres entidades generales del Estado están consideradas
por el Defensor del Pueblo como administraciones entorpecedoras de su
labor el pasado año. Se tratan de la Secretaría de Estado de Cultura, la
Dirección General de Política Interior y la Dirección General de
Tráfico.
En
concreto, a la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de
Cultura y Deporte se le requirió por la conservación y mantenimiento de
bienes de interés cultural, mientras que a las entidades dependientes de
Interior fue por cuestiones generales y por el procedimiento
sancionador.
También otras dos
entidades públicas no dieron "adecuada respuesta" al Defensor del
pueblo. Son la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) por su funcionamiento de los órganos de
gobierno y el Sindicato de Riegos Veguellina de Orbigo, en León, por las
aguas superficiales.
En
el caso de las Entidades Locales, cerca de 100 ayuntamientos son
considerados por este organismo como administraciones entorpecedoras
durante el año pasado.
Estos
municipios están en las provincias de La Coruña (3), Albacete (2),
Alicante (2), Asturias (4), Badajoz (2), Baleares (5), Burgos (2),
Cáceres (2), Cádiz (2), Cantabria (3), Ciudad Real (1), Córdoba (1),
Cuenca (1), Gerona (1), Granada, (2), Guadalajara (5), Huelva (1), Jaén
(1), La Rioja (2), Las Palmas (4), León (4), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (12), Palencia (1), Pontevedra (1), Segovia (1), Sevilla (7), Soria (1), Tarragona (3), Tenerife (4), Teruel (1) y Toledo (8).
Sobre
estas entidades, el Defensor del Pueblo entiende las "carencias" y la
falta de medios materiales y humanos que les puede plantear la
información requerida, si bien recuerdan que esto no les "exime" de la
obligación de contestar a esta institución.
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