La mecha antimonárquica encendida por el partido de Pablo Iglesias en
Cataluña, el mismo día que firmaba, con todos los honores protocolarios
en el Palacio de la Moncloa, el acuerdo de Podemos con los Presupuestos
Generales con el Gobierno, dando vía libre a una reprobación del Rey
Felipe VI, actual Jefe del Estado y a la abolición de la Monarquía en el
Parlamento catalán, se ha extendido este viernes al Ayuntamiento de
Barcelona, gobernado por Barcelona en Comu-Podem en una resolución
presentada por la CUP a la que se han sumado el PDeCAT, Esquerra
Republicana de Catalunya y el partido de Colau-Iglesias.
Mientras sigue en vigor el ultimátum lanzado por el Presidente de la
Generalitat Quim Torra, exigiendo antes de noviembre, una posición clara
sobre la celebración de un Referéndum de autodeterminación en Cataluña,
y se continúa manteniendo un simulacro de negociaciones sobre los
Presupuestos Generales del Estado, que parece dirigir, coordinar e
impulsar Pablo Iglesias, sigue un claro desafío al Estado, que el
gobierno intenta controlar, ignorando que estamos ante un desafío contra
la forma de Estado y contra su representante constitucional el Rey
Felipe VI, que se ha limitado, por ahora, a defender el orden
constitucional, tras la celebración de un Referéndum el 1 de Octubre del
año pasado, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Desde ese discurso dirigido a unas autoridades catalanas que “de una
manera clara y rotunda,”, decía el Rey, se habían “ situado totalmente
al margen del derecho y de la democracia, y pretendían quebrar la unidad
de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los
españoles a decidir democráticamente su vida en común”, el objetivo del
independentismo y de los independentistas, ha sido el Rey contra el que
han iniciado una autentica cacería personal e institucional, simplemente
porque les recordaba a los que habían violado la Ley y “ante una
situación de extrema gravedad “ por la que atravesaba Cataluña que “era
responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden
constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la
vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en
la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.
Esa era la posición defendida por el Jefe del Estado que ha provocado
toda una ofensiva y una cacería en toda regla utilizando todo tipo de
intrigas, que se inicio con insultos y descalificaciones en las calles y
que desemboco en su reprobación en el Parlamento catalán, con el
decisivo apoyo, y sobre todo con el estimulo del partido aliado del
Gobierno.
Una reprobación que, probablemente, se extenderá a otros
ayuntamientos catalanes y que el Gobierno ha recurrido este viernes ante
el Tribunal Constitucional, a pesar del criterio del Consejo de Estado
que sostiene que estamos ante una resolución que “no constituye objeto
idóneo para su impugnación”, aun reconociendo que se trata de “una
declaración política que manifiestamente degrada la forma política del
Estado español y los principios democráticos que la Constitución
consagra”, y “que comportan una total falta de respeto hacia la más alta
Magistratura del Estado”.
Por fin este viernes el Gobierno ha reconocido que esas declaraciones
contra el Jefe del Estado y a favor de la abolición de la Monarquia
“supone un nuevo intento, como otros anteriores del Parlament, de
iniciar un proceso unilateral para la proclamación de una hipotética
república catalana”, de lo que se deduce que algo habrá que hacer sobre
todo ante esa ofensiva que no solo es independentista, sino también de
partidos aliados del Gobierno, como Podemos, cuyo secretario general
Pablo Iglesias se ha convertido en principal animador de ese debate
sobre el futuro de la Monarquía….Tal como está la situación,
evidentemente es el mejor momento…
(*) Periodista y economista
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