MADRID.- El Consejo de Estado elevará al 
Gobierno su dictamen sobre la reforma de la Constitución para eliminar 
los aforamientos antes de 20 días, pues el plazo fijado por el Ejecutivo
 para recibir el informe del órgano consultivo finaliza el próximo 15 de
 noviembre, según fuentes de esta institución.
El 
pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros encomendó al Consejo de
 Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución 
(71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores
 y miembros del Gobierno, sin afectar a otros cargos o autoridades.
Según explicó la ministra portavoz del Ejecutivo, 
Isabel Celaá, el objetivo de esta reforma es "reducir el aforamiento 
político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público".
El Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de la reforma 
constitucional una vez cuente con el informe del Consejo de Estado y 
será entonces cuando lo remita al Congreso para que, calcula el 
Ejecutivo, pueda ser aprobada a continuación en un plazo de sesenta días
 "si hay voluntad de acuerdo".
La intención del 
Ejecutivo al encargar el dictamen al Consejo de Estado es que el órgano 
consultivo "acote jurídicamente el procedimiento" a seguir, en base a 
los objetivos y directrices que se pretenden abordar en esta reforma.
La Comisión de Estudios del Consejo de Estado, que preside María 
Teresa Fernández de la Vega -presidenta a su vez del Consejo de Estado- 
lleva más de un mes analizando la petición del Ejecutivo.
Fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno han explicado que el Ejecutivo dio un mes de plazo al Consejo de Estado para que 
informara de la reforma constitucional, que, posteriormente, se amplió 
hasta el 15 de noviembre.
La Comisión de Estudios 
está presidida por Fernández de la Vega e integrada por los consejeros 
Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez 
de Miñón, Fernando Ledesma, Consuelo Castro, Yolanda Gómez, Manuel José 
Silva Sánchez y Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona.
Una vez redactado el informe, éste deberá ser aprobado por el pleno de 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, antes de que la 
institución lo remita al Ejecutivo.
El artículo 2.3 
de la ley del Consejo de Estado señala que "el Consejo de Estado 
realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o memorias 
que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de
 reforma constitucional que el Gobierno le encomiende".
Añade que "en la elaboración de las propuestas legislativas o de 
reforma constitucional atenderá los objetivos, criterios y límites 
señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las observaciones que 
estime pertinentes acerca de ellos".
 
 
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