Dice el exministro José Manuel García-Margallo que 
el Estado español no entregará sus dependencias en Catalunya ni arriará 
la bandera y que, en cualquier caso, no se retirará pacíficamente. 
Casi a
 la misma hora, el empresario Oriol Soler, que tuvo un 
papel fundamental en la celebración del 1-O en lo que se puede denominar
 el comité civil y que algunos han tildado de "estado mayor", explicaba 
que en los días y horas previas a la declaración de independencia del 
27-O, cuyo primer aniversario se cumple este sábado, la palabra 
"violencia" en su grado máximo era la que más circulaba por el Palau de 
la Generalitat.
 "A partir del 1 de octubre el Estado español nos enseña 
que, como continuemos, nos matarán; también nos llegaban informes que 
iban a por nosotros", ha confesado a Jordi Basté.
Hoy ni Margallo ni el PP mandan en España. Oriol Soler ha vuelto a su
 actividad profesional superando no pocos obstáculos ya que El País y los servicios policiales le pusieron en la diana después de que se reuniera con Julian Assange
 en la embajada de Ecuador en Londres y eso nunca es bueno para un 
empresario. Por eso, sus declaraciones, pasado un año, son muy 
significativas de los entresijos de aquellos días. 
Doce meses después 
sabemos que muchas cosas ni se hicieron, ni se prepararon bien. Que lo 
que el president Torra denomina, pensando en un futuro, encontrar el momentum fue
 hace un año entre el 1 y el 3 de octubre y que a medida que se alejaba 
el envite de aquellos días el independentismo tenía muchas menos 
posibilidades de ganar la partida.
Pero también sabemos que el Estado español no se iba a retirar 
pacíficamente y que estaba dispuesto a derramar sangre para cumplir sus 
objetivos. La violencia policial del 1 de octubre ante los colegios 
electorales fue una palanca internacional muy importante para que la 
opinión pública mundial viera cómo se comportaba el Estado español 
contra una parte de sus ciudadanos, que simplemente querían votar. 
Pero 
mientras los ciudadanos aguantaban con sus cuerpos la violencia de los 
policías desplazados especialmente a Catalunya por el Ministerio del 
Interior, en los despachos se cobraba conciencia que el nivel de 
violencia solo haría que crecer. 
Y el 27, coincidiendo con la 
declaración de independencia, nadie quiso asumir la responsabilidad de 
que se desencadenara una violencia incontrolada.
Y, ha 
pasado un año, y muchas verdades se han esquivado, los recelos se han 
hecho más grandes y no hay una estrategia compartida en el mundo 
independentista. Pero también es verdad que la partida no se ha acabado.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

 
 
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