LORCA.- Adoración Peñas, concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca ha
explicado hoy que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado
un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los
consumidores vulnerables de energía eléctrica.
La norma regulará las
condiciones para obtener descuentos en la factura en función de
determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el
suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del
mismo, obteniendo descuentos del 25% en su factura quienes estén en
condición de "vulnerable" y del 40% si se considera "vulnerabilidad
severa" (medida ésta en función de la renta anual con relación al IPREM
junto a otras circunstancias como por ejemplo familias numerosas o
familias compuestas por pensionistas).
Lo preocupante, a juicio de
IU-Verdes es que las eléctricas eviten el corte de suministro eléctrico a
los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa. ¡si
los servicios sociales abonan la factura!
Peñas ha afirmado que
esto es un auténtico disparate teniendo en cuenta los reducidísimos
presupuestos con los que cuentan los servicios sociales para hacer
frente a las políticas sociales, más aún después de llevar años
sufriendo unos recortes desmesurados e indecentes, recordando que, en el
caso de Lorca, el aporte presupuestario procedente de la CARM para
prestaciones y programas de servicios sociales ha descendido de forma
más que significativa en los últimos años mientras que, además, supone
aproximadamente un 17% de lo que reciben algunos centros sociales
privados.
Según la edil, de implementarse esta medida, podría
costar más de 300 millones de euros anuales a las administraciones
territoriales titulares de los servicios sociales en toda España, y
calcula que el coste para el ayuntamiento sería muy alto en función de
su tamaño y población.
Peñas afirma, que siendo una actuación
necesaria, necesita una mejor regulación ya que no es ética la fórmula
del "yo invito, tú pagas", una fórmula aplicada bajo un puro oportunismo
político que derivará en peligrosos efectos perversos, entre los que
destacan el importante impacto presupuestario en ayuntamientos y
comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía
haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios
Sociales), lo que además, generará graves desigualdades territoriales al
abordar el asunto.
Desde IU-Verdes recuerdan que hace escasos
días la formación política dio a conocer el último informe de AIS Group
en el que Lorca aparecía como el cuarto municipio español mayor de
50.000 habitantes con mayor tasa de pobreza anclada (tras conocerse otro
en 2015 en el que nuestro municipio aparecía como el tercero más
pobre).
Peñas achacaba esta situación a la falta de inversiones en
material de política social, tanto en programas y servicios, como en
personal y advierten que añadir el pago del bono social eléctrico al
escueto presupuesto municipal destinado a servicios sociales, en lugar
de asumirlo el gobierno de España que es quien lo promueve, generará una
sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los
profesionales, que durante la crisis vieron multiplicada la demanda y
mermados los recursos y también que se trata de una norma antipedagógica
y paternalista, ya que asumir la obligación de pago directo desde la
administración no es ir por buen camino, si el fundamento es eximir a
los usuarios de su papel en su proceso de inserción.
En otro orden
de cosas, consideran en IU-Verdes que se trata de una medida muy
parcial en su protección (¿no podemos cortar la luz, pero sí el gas?) y
además los servicios sociales se verán obligados a compartir información
de ciudadanos con unas empresas privadas que "activarán" estos
servicios públicos cuando estimen oportuno.
En cuanto al acceso a
la ayuda, Peñas estima que se discriminan positivamente algunas
circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos)
mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o
soledad) no son tenidas en cuenta.
En relación al consumo
energético, aseguran que se incrementará el mismo en estos hogares al
máximo establecido, utilizando aparatos eléctricos para la calefacción
sin ningún tipo de control sobre el medio ambiente y la eficiencia
energética.
Desde IU-Verdes destacan de este asunto, que al margen
de lo mal planteado que está este decreto (en teoría de protección
social), diseñado totalmente bajo el prisma del asistencialismo, el
gobierno se olvida de la cuestión fundamental: el abordaje de la
pobreza.
Señalan, que la pobreza es un fenómeno más global y
complejo y es una prioridad abordar el debate de cómo asegurar -por
dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos
que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo
ya no garantiza el proyecto vital.
Manifiestan que esta cuestión
no atañe únicamente a los Servicios Sociales, por lo que solicitan al
alcalde que se rebele ante esta normativa y exija a sus superiores del
gobierno regional y al propio gobierno de la nación que antes de
elaborar decretos como éste, con unas deficiencias tan claras y
precisas, que garanticen una financiación suficiente para que los
centros de servicios sociales puedan realizar políticas sociales
eficaces y sostenibles, lejos de los continuos recortes que han estado
sufriendo en los últimos años, incluso anteriores a la crisis, y aborden
el tratamiento de la pobreza desde una perspectiva holística e
interdisciplinar.
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