Preocupación, inquietud, malestar, tensión, este sería el estado de
ánimo existente en el Palacio de la Zarzuela después de finalizar este
martes la primera parte de la nueva ronda de contactos que el Jefe del
Estado ha mantenido con los representantes de Nueva Canarias, Foro
Asturias, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro (UPN) e Izquierda
Unida-Unidos Podemos.
Esa es por lo menos, la sensación que los
políticos recibidos este martes, cuando se cumplen 219 días de bloqueo
político en el que se encuentra el país, han podido percibir de sus
entrevistas con Su Majestad el Rey, al que han encontrado mucho más
preocupado y tenso, que en anteriores despachos, entre otras razones,
porque se ha convertido en el centro del debate político y, además,
tiene que decidir si designa o no este miércoles, terminadas las
consultas, a un candidato, en esta ocasión al candidato más votado en
las últimas elecciones del 26 de Junio, de las que se cumple un mes.
En este caso, como ocurrió en el mes de Enero, el candidato sigue
siendo Mariano Rajoy, y es posible que no quiera someterse a la
investidura porque no cuenta con los apoyos suficientes por lo que no
está dispuesto a aceptar, simplemente para poner en marcha el reloj,
según establece el artículo 99 de la Constitución que a partir de una
investidura fallida correrá dos meses de plazo hasta convocar unas
nuevas elecciones, en este caso, las terceras. Es decir que para que
vuelvan a celebrarse unas nuevas elecciones hace falta la celebración de
una investidura.
Esa es la interpretación exacta que hace La Zarzuela de la
Constitución que no prevé la posibilidad de “declinar” como ocurrió hace
unos meses cuando el Jefe del Estado propuso la investidura de Rajoy.
Entonces, el Presidente en funciones, frente al criterio de La Zarzuela,
se negaba a que la nota oficial de Palacio reflejase que había sido
propuesto y que él había “declinado” la oferta real. Esto fue,
precisamente, lo que provocó un enfrentamiento entre el Palacio de la
Moncloa y el Palacio de la Zarzuela. Un enfrentamiento que duró semanas y
que llegó a afectar a los tradicionales despachos del Presidente del
Gobierno con el Jefe del Estado.
La Constitución, en su artículo 99.5, establece que “si transcurrido
el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura,
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey
disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo
del Presidente del Congreso”. Los padres de la Constitución no previeron
que esa primera votación de investidura pudiera no llegar a producirse,
por la ausencia de candidatos. Por tanto, el plazo hacia las elecciones
no empezaría a correr. Ya, en ese momento, Rajoy tenía pensado que no
hacía falta ninguna investidura y tenía previsto pedir un informe al
Consejo de Estado sobre ese aspecto concreto de la Constitución
invocando el precedente de la Comunidad de Madrid sobre el “Tamayazo”.
Desde Moncloa se advierte que el Consejo de Estado fijó un precedente
en 2003, con un informe solicitado por la Comunidad de Madrid, que
ahora puede inspirar perfectamente la salida a la situación actual. En
aquel informe de 2003, el Consejo de Estado consideró que la falta de
candidatos es equivalente a una “votación fallida” para la investidura
como Presidente del Gobierno. “A juicio del Consejo de Estado y en
relación con el inicio del cómputo del plazo de los dos meses previsto
en el artículo 18.5 del Estatuto de la Comunidad, precisamente por la
falta de un candidato que esté dispuesto y en condiciones de solicitar y
obtener la confianza de la Cámara, es de efecto equivalente a una
votación fallida para la investidura de un candidato como Presidente de
la Comunidad”. La ausencia de candidatos podría llevar a la celebración
de un Pleno que declarase una “votación fallida”, y así podrían empezar a
correr los dos meses constitucionales hasta la nueva convocatoria
electoral.
Terminada el miércoles la cuarta ronda de consultas en siete meses,
el Rey se ha convertido en el centro del debate, no sólo por esa
desafortunada frase del ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo
de que “la Constitución prohíbe que el Rey borbonee”, sino porque todas
las presiones se han centrado en él. Porque quieren que haga de mediador
para desbloquear una situación que los políticos son incapaces de
solucionar, presionando a Sánchez y Rivera para que cambien el signo de
su voto o decidiendo, en este caso, designar a Rajoy candidato a la
investidura, algo que el PP consideraría como una decisión apoyada por
toda la oposición pero que obligaría a Rajoy a declinar según ha
adelantado su entorno.
Es más, forzando su jugada, el entorno ha dado a entender que el
Presidente en funciones no está dispuesto a acceder a sucesivas
investiduras. Y si, por el contrario no designa candidato y anuncia un
periodo de reflexión (cuando en un mes no se ha avanzado nada) como
quiere Rajoy, la situación de bloqueo se extiende y el reloj se paraliza
de cara a unas nuevas elecciones. De todas formas entre el “borboneo”
de Margallo y el papel de árbitro y moderador de la Corona, según la
Constitución que no prohíbe nada… hay todo un mundo de matices…
Complicado y difícil, pero posible.
(*) Periodista y economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario