MADRID.- Los sindicatos y los partidos políticos de izquierda han puesto
estos días a los pensionistas a hacer gimnasia, un auténtido dinamizador
de la salud de los mayores. Con efervescente y súbita
indignación, los jubilados han inundado las calles de las grandes
ciudades en demanda de unas pensiones dignas, acordes con la magnitud de
la recuperación de la economía que cacarea el Gobierno, tal como recuerda hoy Cinco Días.
El maratón de
manifestaciones, que ha llegado al Congreso, es la expresión genuina de
uno de los recurrentes ejercicios de propaganda electoral y demagogia
política más clamorosos que se recuerdan, porque se produce en un
contexto parlamentario en el que el pacto para reformar y asegurar las
pensiones en el futuro, más urgente que nunca, es imposible por la
incapacidad de los políticos para hablar y entenderse.
La semana pasada el Pacto de Toledo, ese foro parlamentario otrora
fructífero y que ahora parece una excusa para dilatar las soluciones, ha
estado a punto de saltar por los aires porque la ambición de unos ha
querido imponer el carro antes que los bueyes: un cambio la
revalorización antes que solucionar cómo se financian las rentas de
nueve millones y medio de pensionistas con unas cuentas deficitarias en
cerca de 20.000 millones de euros y sin dinero para abonar la extra del
verano que no salga de la manivela de la deuda. Lo primero es antes,
señorías.
Luego veremos en detalle por qué puede parecer hasta extemporánea la prisa por subir las pensiones.
Ahora sería conveniente saber por qué se ha producido este estallido
que ha cogido por sorpresa al presidente del Gobierno, y que pretende
reventarle el único flanco electoral que él creía seguro. En apenas unas
semanas hemos pasado de transitar por una legislatura pasiva y de
política languideciente a una agitación desconocida porque en algunos
despachos políticos se ha pensado que no vale la pena estirar más el
chicle y apostar por la ruptura y una convocatoria electoral.
Las
elecciones catalanas y las expectativas de Ciudadanos han subido la
bilirrubina en unos y el miedo en otros, y los partidos han armado de
munición pesada la maquinaria electoral. Falta un año bien largo
para las elecciones autonómicas, locales y europeas, y ya ha empezado
la campaña que todo lo mediatiza y paraliza.
De estar el
Presupuesto de 2018 a punto, se ha pasado a que no haya ni Presupuesto,
ni financiación autonómica, ni pacto de pensiones, pues todo ello daría
oxígeno a un Gobierno bajo mínimos en las encuestas, y se le pasaría el
arroz a los emergentes. El PSOE, que cree haber desaparecido como primer
grupo de oposición por su pasividad parlamentaria y la ausencia de su
líder de la bancada, ha activado la baza de las pensiones para
neutralizar el activismo naranja.
Así las cosas, Rajoy piensa que quieren hacerle la petaca y
que puede perder la única batalla que tenía ganada sin salir a campo
abierto. Los pensionistas son los suyos, los que le respaldan
en las urnas, porque hizo bandera de no tocar las pensiones cuando
arreciaba la gran recesión y la presión financiera sobre el Estado,
cuando en los países rescatados Bruselas metió la mano en los bolsillos
de los mayores. No se olvida que el PSOE pagío muy caro congelar las
pensiones en 2010 y él lo había evitado con una descomunal subida de
impuestos.
Que los políticos resuelvan sus cuitas y que hagan el menor daño posible a los administrados.
Ahora vayamos a los números. ¿Es este el mejor momento para subir las
pensiones? ¿Son las cuantías sonrojantemente bajas? ¿Son los
pensionistas el colectivo peor tratado en la crisis, o el mejor
atendido? ¿Hay recursos para pagar las alzas sin riesgo para la caja?
¿Hay dinero en la caja? ¿De dónde pueden salir las perras para hacerlo
sin riesgos?
Todo depende del color del cristal a través del que se mire.
Relativamente es más fácil sostener que los salarios son bajos, que son
las pensiones las que son bajas: el salario más frecuente en España en
la última encuesta de estructura salarial (de 2016) era de 1.178,4 euros
al mes, por catorce pagas, mientras que la pensión media de jubilación
es ahora de 1.077,8 euros, también por catorce pagas.
Una pensión como
un salario; o al revés, un salario como una pensión, que es más
sorprendente. ¿Quién tendrá más capacidad económica, un asalariado con
un sueldo de 1.178 euros, o un pensionista con 1.077, teniendo en
cuenta, cuestión no menor, que las necesidades de gasto del primero son
muy superiores a las del segundo?
Una diferencia de las necesidades que se intensifica en términos
agregados si advertimos que los trabajadores jóvenes, donde se concentra
la mayoría de estos sueldos, tienen obligaciones financieras
importantes (hipotecas, hijos, colegios, etc.), mientras que la
población jubilada tiene menos necesidades vitales, y cuenta, además,
con una acumulación patrimonial muy superior.
Las propias cuentas
financieras de la economía que detalla el Banco de España revelan que
los españoles tienen 771.000 millones de euros de deuda, sobre todo de
carácter hipotecario, mientras disponen de más de 835.000 millones de
euros solo en depósitos bancarios. Eso sí: unos tienen el dinero (los jubilados de forma mayoritaria) y otros, las deudas (los jóvenes hipotecados).
isto así, dónde está el problema: en la cuantía de las pensiones, o en la de los sueldos.
Mirado de forma aislada, valen todas las respuestas; pero comparados
con criterio, parece más pertinente elevar los salarios que hacerlo con
las pensiones. Mientras que estas no han perdido apenas poder de compra
en los últimos seis años (dos de crisis y cuatro de recuperación) porque
aunque han subido un 0,25% al año, ha habido desinflación salvo en
2017, los sueldos avanzan muy poco, y lo hacen tras haber bajado un
fuerte escalón tras la recesión. Las empresas tienen ahora más capacidad
que el Estado.
La devalución salarial es el motor de la recuperación
manufacturera y de los servicios, pero es también la causa de la caída
salarial. La citada encuesta de estructura salarial dice que un
30% de los asalariados cobró (en 2016) menos de 1.229 euros al mes,
concentrados casi todos ellos en las edades más jóvenes. En tal franja
de remuneración se sitúan los menores de 29 años, mientras que los que
tienen entre 30 y 35 años no llegan a los 1.400 euros. Los salarios de
quienes tienen de 35 y 45 años rondan los 1.600.
La pensión media de retiro (1.077, que cobran nada menos que 5,88
millones de personas) supera al sueldo medio de la actividad que peor
paga (hostelería), al seguro contributivo de paro y por supuesto al
salario mínimo. Pero si nos ceñimos al régimen general, en el que se
alojan todos los asalariados jubilados, la pensión media de retiro es de
1.222 euros catorce veces al año, donde están más de 4,1 millones de
pensionistas.
Lógicamente hablamos siempre de pensiones medias de
retiro, mientras que la pensión media del sistema (retiro, viudedad,
incapacidad, etc.) es de 930 euros al mes, y la más común entre la
jubilación, para 3,6 millones de retirados, es de algo menos de 700
euros.
¿Podrían ser más elevadas? Solo si los salarios del
pasado que las devengan lo hubieren sido, puesto que la tasa de retorno
(porcentaje del último sueldo que representa la primera pensión) es de
las más elevadas de Europa, con el 82%. De hecho, en las remuneraciones
más bajas el retorno es superior a tal cota.
Por tanto, la Seguridad
Social es muy generosa en función de lo que se ha aportado, y estamos
hablando de las pensiones generadas por las cotizaciones de los últimos
40 años, sin duda los de mejor desempeño económico de la historia y con
tasas de asalarización crecientes.
Pero la generosidad tiene una segunda vía de penetración.
La pensión mínima de jubilación de mayores de 65 años para quien tiene
cónyuge a cargo es de 788 euros al mes (siempre por catorce), y de 638
si no se tiene cónyuge a cargo. Estas cuantías están garantizadas por la
ley, y quien no las alcance con las aportaciones durante su vida
laboral, recibirá la diferencia por parte del Estado, por parte de los
cotizantes más generosos.
Y en España están en esa situación nada menos
que 2,6 millones de personas, a las que sus aportaciones (sus sueldos,
otra vez los sueldos) han caminado más lentas que la pensión mínima
legal, que se subía muchas veces sin más justificación que la
magnanimidad de los Gobiernos con la pólvora real.
De una forma u otra, las cuantías mínimas han experimentado subidas muy fuertes desde 2007:
la mínima con cónyuge a cargo ha subido el 27,5% en diez años (un 2,7%
anual, concentrado el principio del periodo), mientras la pensión máxima
(congelada varias veces pese a la supuesta contributividad del sistema)
solo se ha elevado el 10,36% en el periodo.
En el caso de los autónomos, que tienen pensiones medias más modestas
que los asalariados, (718,7 euros por catorce, frente a 1.219,6 por
catorce), hay que recordar que disponen de libertad para cotizar por
bases mínimas o máximas, pero que lo hacen sistemáticamente por las
mínimas y por los periodos mínimos exigidos (15 años). Y lo hacen así,
entre otras cuestiones, porque aunque con ello solo financien
prestaciones de 450 euros, saben que la ley les garantiza los 788 euros
si tienen cónyuge a cargo o los 638 si no lo tienen.
Pero la cuestión, más allá del detalle de cada colectivo, es la debilidad de las cuentas agregadas de la Seguridad Social.
En 2017 generaron un déficit de 18.000 millones, tras haber exprimido
todas las fuentes de cotización posibles e imposibles. En parte se debe a
que las nuevas pensiones de retiro, que superan de media los 1.400
euros, son muy superiores a las que causan baja, y disparan el gasto;
además, la longevidad es muy superior y el número de prestaciones se ha
disparado a los 9,6 millones. No necesita explicación que el Estado
sigue muy estresado con una deuda del 100% de su PIB, y si alguien cree
que se han terminado los sacrificios, está engañado.
Entre tanto, las cotizaciones, pese a estar en récord por el
avance del empleo, crecen mucho más lentamente porque esta generación de
activos no puede sostener a esta generación de pasivos. Por
todo ello, parece inevitable una subida de cotizaciones, o de impuestos,
pero en paralelo parece conveniente un recorte del retorno de renta
(primera pensión sobre último sueldo), o, al menos, un estancamiento de
las cuantías.
Y hay que recordar que subiendo las cotizaciones, que se
antoja ineludible, se corre el riesgo de dañar la ocupación, o, en su
defecto, dañar los salarios. Otra vez los salarios. Si se hace lo
contrario con cada variable, tendremos unas pensiones más generosas unos
años, pero con el riesgo de quiebra.
