SAN JAVIER.- El titular del juzgado de Instrucción nº 2 de San Javier, en auto
notificado este pasado lunes, ha ordenado la apertura de juicio oral a
15 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita,
negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público,
prevaricación, malversación y blanqueo, en relación con la adjudicación
de proyectos urbanísticos y parcelas municipales, según los casos, tal y
como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia.
Tras la conclusión de la investigación, el
fiscal presentó escrito de acusación en el que solicitaba penas que
suman 20 años de cárcel para M.A.F., principal acusado, multa de más de
800.000 euros y conllevan hasta 27 de inhabilitación absoluta. Penas a
las que se adhiere la acusación popular y la acusación ejercida por el
Ayuntamiento de Los Alcázares.
Igualmente, con distinto grado
de implicación, las acusaciones se dirigen contra el exalcalde J.E.S.,
empresarios y allegados de aquellos responsables públicos. Las tres
acusaciones solicitan, además, la responsabilidad civil derivada del
delito. En el caso de la acusación pública pide que se indemnice al
Ayuntamiento de Los Alcázares con 3,7 millones de euros.
En este sentido, en la parte dispositiva, se requiera a la mercantil
Garcerán Construcciones SL y los dos responsables de la empresa una
fianza de 4,9 millones de euros, de la que debe responder solidariamente
M.A.F. y, hasta 246.495 euros, el exalcalde J.E.S. y A.M.Z. Y una
fianza de 1,3 millones a J.I. A.F., I.C.E. y las mercantiles Dorma Golf
SL e Ilka Baley SL. para asegurar las responsabilidades pecuniarias que,
en su caso, pudieran imponerse.
Estableciendo, de acuerdo a la Ley de
Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo
de sus bienes en cantidad suficiente.
El juez mantiene la
obligación de comparecer en el juzgado para J.I.A.F., J.A.R.N., V.G.R.,
F.J.G.G., M.A.F. y J.E.S., si bien debido al tiempo transcurrido sin que
haya habido incumplimiento de esta medida cautelar, la espacia, de dos
veces al mes a una cada dos meses.
El auto, de acuerdo a la
pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de
Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del
procedimiento.
Por último, se acuerda el alzamiento de las
medidas civiles respecto de aquellos acusados para los que no se
solicita responsabilidad civil. Una vez recibidas las actuaciones, los
acusados deberán formular en el plazo de 10 días escrito de conformidad o
disconformidad con la acusación, proponiendo las pruebas de las que
intenten valerse.
Contra este auto no cabe recurso.
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