Mal empieza la Mesa del Congreso de los Diputados, no queriendo asumir hasta el final sus competencias como único órgano responsable de interpretar el Reglamento de la Cámara. Y tampoco sorprende ver a los miembros del gobierno de Pedro Sánchez haciendo la estatua sobre qué se debe hacer y no hacer con los presos políticos catalanes que ocupan un escaño en el Congreso ―Junqueras, Sànchez, Turull y Rull― y en el Senado ―Romeva―. 

"Que decida Marchena", parece gritar a coro el deep state político y mediático ante una situación que incomoda y mucho en todos los despachos oficiales. Y no, obviamente, porque estén presos los políticos independentistas sino porque se sientan en las Cortes y la anomalía sea objeto de seguimiento informativo internacional.

Y uno se imagina a Pedro Sánchez y su influyente gurú Iván Redondo encerrados en su despacho de La Moncloa mirando por delante y por detrás las encuestas que tienen sobre si es mejor suspender a los parlamentarios en prisión antes del domingo electoral o esperar a la semana que viene. Porque la decisión está tomada, más allá del momento de su ejecución y del traslado del expediente de ida y vuelta del Supremo a la Carrera de San Jerónimo. 

Solo faltaba que la cifra mágica de 176 diputados en que se sitúa la mayoría absoluta descienda a 173 si los diputados presos son suspendidos -y en este supuesto no sean necesarios los votos de ninguna formación independentista para la investidura de Sánchez- para que todos sepan lo que tienen que hacer a partir de ahora. 

Claro que alguien podrá pensar que suspendiendo diputados es mucho más fácil tener mayorías absolutas o que es mucho forzar la interpretación de la ley para que se pueda llevar a cabo y a la brava la suspensión de Junqueras, Sànchez, Turull, Rull y Romeva, pero sus pensamientos caerán en saco roto o, aún peor, en el silencio más absoluto.

Cuando el legislativo y el ejecutivo se funden con el judicial pasan estas cosas y cuesta separar cuál es cada uno de los poderes en este tipo de decisiones. Y es que, al final, todo acaba acoplándose a una resolución que está muy lejos de aquellos que la ejecutan. Cuando este miércoles la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se entrevistaba con el rey Felipe VI en el tradicional despacho que concede el monarca al nuevo presidente del Congreso no era, como en otras ocasiones, el paso previo a las reuniones con los grupos parlamentarios.

 En esta ocasión hay que esperar, no fuera el caso que tanto Oriol Junqueras como Jordi Sànchez reivindicaran su derecho como líderes de sus grupos parlamentarios de acudir a La Zarzuela. Una imagen que no quieren que se produzca y que con unas horas o unos días más desaparecerá de las cosas posibles. Presión y violación de derechos frente al diálogo. Difícil, avanzar así.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia