Desde
Unidos-Podemos, pasando por el Partido Socialista, hasta el
representante de Ciudadanos aconsejaron al ministro de Fomento que se
pusiera a negociar. Y parece que Íñigo de la Serna ha aprendido la
lección. Su nombre quedará como el único ministro que ha perdido una
votación en circunstancias similares a las de 1979. Pero la situación no
es tan dramática.
Pese a lo que se ha dicho, la Comisión Europea podría no multar a
España. El propio Gobierno ha admitido que Bruselas adquirió el
compromiso de condonar la multa acumulada hasta ahora, una vez que ha
visto la mejor disposición del Ejecutivo para cambiar la norma.
Según fuentes del Parlamento Europeo, este procedimiento de
negociación que conlleva la amenaza de imponer importantes multas si no
se cumplen las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, es
tradicional en el Ejecutivo de la Unión Europea. Pero finalmente esas
amenazas no se cumplen si el Gobierno del país concernido muestra toda
su disposición para liberalizar el sector.
Es decir, que la multa impuesta por Europa de 27,522 euros diarios
desde el 11 de diciembre de 2014, el día que se dio a conocer la
sentencia en Luxemburgo, lo que supondría una sanción acumulada de casi
23 millones de euros no es una multa de obligado cumplimiento.
Interpretan diputados españoles en el Parlamento Europeo que sí
podría ser un problema, si el Real Decreto Ley no se aprueba en fechas
próximas, pues Bruselas podría retirar su compromiso de condonar la
multa multimillonaria acumulada hasta el día de hoy.
A ello se añadirían
los 134.107 euros diarios de multa adicional si hay una nueva sanción
del Tribunal Europeo de Justicia. Según los cálculos del Gobierno, la
nueva decisión del Tribunal de Luxemburgo estaría al caer si la Comisión
Europea no plantea ante el Tribunal la retirada de su demanda contra el
Reino de España.
Pese a las urgencias, las multas son negociables. Lo que parecen
menos negociables son las pérdidas que ya se están produciendo por la
deriva de la descarga de algunos buques a puertos no españoles, a lo que
hay que sumar el riesgo de pérdidas para el sector que supondrían las
huelgas. Según los informes que manejan las empresas, cada día de huelga
acarrearía unas pérdidas de unos 50 millones de euros.
Teniendo todos estos datos en cuenta, la iniciativa de De la Serna
para que negocien las partes afectadas, patronal y sindicatos, con la
presencia de la Administración y la mediación del presidente del Consejo
Económico y Social, Marco Peña, debe ir acompañado de un mayor esfuerzo
negociador con los partidos políticos.
Ciudadanos ha dejado claro que quiere que se le quiera y exige que se
le den más explicaciones. No quiere quedar completamente desdibujado
ante la opinión pública después de haber firmado un acuerdo con el Grupo
Parlamentario que podría sumirles en la más absoluta indiferencia ante
la opinión pública.
Su actuación de reivindicación de la moralidad y la transparencia en
la vida pública parece estarle dando sus frutos. Los últimos sondeos les
sitúan a unos 500.000 votos de los socialistas.
El Gobierno y el Partido Popular lo saben. La secretaria general del
PP, con ocasión de la clausura del 16 Congreso Nacional, arengó a los
suyos para que fueran a recuperar los votos que ha perdido a manos de
Ciudadanos. Algo similar ha dicho este fin de semana la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien quiere recuperar la
alcaldía de Madrid, y para lograrlo, se propone conseguir el voto
perdido en manos de Ciudadanos.
Hasta tal punto compiten por los mismos votos, que esta semana el
Partido Popular plantea una iniciativa en el Congreso para potenciar la
contratación indefinida, justo cuando el líder de Ciudadanos había
planteado al presidente del Gobierno una pregunta sobre si ¿Considera el
Presidente que está haciendo todo lo posible para luchar contra la
precariedad laboral?
Mientras, el ministro de Fomento negocia un acuerdo con los partidos
políticos para aprobar, esta vez sí, el decreto Ley que regula las
nuevas condiciones de la estiba en España.
(*) Periodista
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