
El Ayuntamiento de Murcia ya ha entregado la documentación solicitada.
Los convenios urbanísticos salieron adelante en pleno en febrero de 2006 y el grupo socialista votó en contra. El PSOE decidió entonces contratar a una firma, Arquitasa, para que hiciera una valoración económica sobre las compensaciones que obtenía el municipio a cambio de que esos tres promotores decidieran acogerse a la edificabilidad más ventajosa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se les permitiera hacer más casas.
El grupo de oposición consideró que la valoración hecha por los técnicos municipales, que firmó Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento (está en excedencia) e investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no fue la correcta.
Estos funcionarios municipales de la concejalía de Urbanismo decretaron 120 euros por metro cuadrado por el aumento de edificabilidad mientras que Arquitasa consideró que su valor de mercado era de 650 euros; se producía, por tanto, un desfase de 126 millones de euros (los técnicos de Urbanismo señalaron que los promotores debían de pagar 29 millones frente a los 155 que sostenía Arquitasa).
Entonces, el PSOE decidió interponer denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que ha abierto un expediente y una investigación con el nombramiento de un instructor, que ha requerido al Ayuntamiento toda la documentación sobre los convenios, como paso previo a decidir si decreta juicio contable.
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