MURCIA.- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia calcula que en torno a
2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido retirados
gracias a un acuerdo bilateral entre la Comunidad y Airbnb, dejando la
oferta regional de esta plataforma compuesta únicamente por alojamientos
que cumplen la normativa.
El plan para retirar de la oferta
turística todos los alojamientos no reglados en virtud de un acuerdo
voluntario alcanzado el pasado mes de marzo, mediante el que se
implementó un sistema que exige a cualquier nuevo anuncio de alquiler
vacacional mostrar un número de registro turístico válido, ha sido un
"éxito".
Adicionalmente, se estableció un protocolo de
desactivación de los anuncios existentes que carecieran de dicho
registro con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente.
Este proyecto, pionero en España, comenzó a
aplicarse de inmediato en la Región y ha requerido que los anfitriones
proporcionen su número de registro al crear o mantener sus anuncios en
la plataforma.
En paralelo, Airbnb emprendió una campaña
educativa dirigida a la comunidad de anfitriones murcianos para informar
sobre la necesidad de añadir un número de registro válido a sus
anuncios.
A través de notificaciones, recordatorios
periódicos y recursos formativos, la plataforma incidió en las nuevas
normativas europeas y en los requisitos de registro y licencia que serán
obligatorios en España.
Gracias a estos esfuerzos de
sensibilización, el número de anuncios de la Región con registro se
multiplicó por dos durante este período, facilitando que muchos
propietarios regularizasen su situación en lugar de ser expulsados.
Como resultado de la colaboración, a fecha de hoy cualquier
alojamiento de corta estancia en la Región de Murcia anunciado en Airbnb
sin mostrar su número de registro turístico ha sido dado de baja de la
plataforma. Esto ha supuesto la eliminación total de la oferta no
reglada de Airbnb en la Región, un hito sin precedentes en el ámbito
nacional.
La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y
Deportes, Carmen Conesa, ha explicado que esta iniciativa "consolida la
estrategia proactiva del Gobierno murciano en la lucha contra los
alojamientos ilegales".
En los últimos dos años, la unidad
online de inspección turística de la Comunidad "había logrado detectar
más de 1.200 viviendas de uso turístico que operaban al margen de la
ley, de las cuales la gran mayoría regularizaron su situación tras las
correspondientes actuaciones".
La colaboración con Airbnb ha
permitido dar un paso más, facilitando la desactivación inmediata de
aquellos alojamientos que no atendieron al requerimiento de registro en
plazo.
"Gracias a nuestro acuerdo y al trabajo incansable de
la unidad de inspección online, hemos conseguido erradicar unos 2.000
alojamientos turísticos ilegales de la plataforma, garantizando una
oferta más transparente, segura y de calidad en la Región de Murcia",
destaca la consejera.
Conesa asegura que el Gobierno regional
"sigue apostando por un turismo sostenible, equilibrado, de calidad y
siempre en la línea del consenso, entendiendo este sector como una
actividad económica de gran potencial y en crecimiento, donde el
riguroso cumplimiento de la ley, la estabilidad y la protección a los
empresarios y a los turistas deben primar en todas las actuaciones y
colaboraciones que desarrollamos".
El modelo murciano frente a
la ventanilla única estatal Los logros de la Región de Murcia en
materia de control de alquileres turísticos contrastan con la
efectividad limitada de las acciones emprendidas por la Administración
central.
Cabe recordar que el Gobierno de España aprobó el
Real Decreto 1312/2024 para crear un Registro Único nacional de
alquileres turísticos, junto con una Ventanilla Única Digital para la
gestión de registros, cuyo uso pasó a ser obligatorio el 1 de julio de
2025.
Esta normativa nacional aspiraba a que, a partir de esa
fecha, todos los anuncios en plataformas digitales incluyeran un código
identificativo único, bajo pena de ser dados de baja automáticamente,
un hecho que no se ha materializado.
Además, el decreto
estatal fue lanzado sin consenso ni coordinación previa con las
comunidades autónomas, lo que ha suscitado críticas y acciones legales.
La propia Región de Murcia ha recurrido la norma ante los tribunales
al considerar que vulnera competencias autonómicas en turismo y supone
una duplicidad burocrática innecesaria, al superponer un registro
nacional sobre los ya existentes registros regionales.
Una
duplicidad que añade cargas administrativas a los propietarios legales y
podría contravenir la directiva europea de servicios digitales, que
aboga por sistemas simplificados y cooperación entre administraciones en
lugar de estructuras paralelas.
Conesa ha subrayado que
"nuestro modelo de cooperación bilateral y esfuerzo propio ha dado
frutos tangibles, mientras que la ventanilla única digital del Gobierno
central se ha revelado como una herramienta ineficaz".
"A
fecha 1 de julio, no eliminó la oferta no reglada como pretendía; de
hecho, hemos sido las comunidades autónomas, con nuestro trabajo y
acuerdos, quienes estamos avanzando en esta cuestión. Vamos a continuar
colaborando con las plataformas digitales que operan en el sector para
asegurar que la legalidad turística se cumpla de forma efectiva en
beneficio tanto del sector como de los usuarios", concluye.
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