CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una iniciativa para pedir un
plan de choque para afrontar el colapso del sistema de dependencia en la
Comunidad, después de que la Región haya alcanzado una demora de 563
días para realizar las valoraciones y de 242 días para conceder la
prestación.
La iniciativa, del Grupo Mixto, ha recibido el apoyo de PSOE, Vox y Grupo Mixto y el rechazo del PP.
El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha alertado
de que Murcia se ha convertido en la comunidad autónoma con peor
cumplimiento y ha denunciado la existencia de una "lista limbo" en la
que miles de personas han visto reconocido su derecho sin recibir
prestación o servicio alguno.
Álvarez-Castellanos ha subrayado
que en lo que va de año han fallecido 1.394 personas en esa lista de
espera, "casi cuatro al día", y ha atribuido el colapso a la
insuficiencia de Equipos de Valoración y a la falta de personal en los
servicios sociales municipales, que han tenido que emitir informes sin
refuerzos pese al aumento de expedientes.
El plan aprobado ha
propuesto duplicar o triplicar los equipos de valoración, financiar
refuerzos municipales y unificar en un solo procedimiento la resolución
del grado y la asignación de prestación, una fórmula ya implantada en
Castilla y León.
La diputada del Grupo Mixto María Marín ha
apoyado el plan y ha señalado que la situación es "vergonzosa", al
existir "más de mil fallecidos al año" esperando una prestación. Marín
ha criticado que la Comunidad "no haya explicado" el destino de los
fondos estatales de dependencia y ha advertido de que "no respalda"
enmiendas mientras haya personas muriendo sin atención.
Desde
el PSOE, Toñi Abenza ha explicado que la iniciativa "es imprescindible"
para revertir la situación y ha aclarado que la Ley de Dependencia "no
fija un reparto del 50% entre Estado y Comunidad", por lo que ese
porcentaje -ha dicho- "no puede utilizarse como argumento para
justificar demoras autonómicas".
Por parte de Vox, María José
Ruiz ha apoyado la moción al afirmar que el sistema "ha quedado
colapsado, lento e inhumano" y ha recordado que 16.348 personas siguen
esperando respuesta, mientras "tres murcianos al día han fallecido sin
prestación".
El PP, a través de Miguel Ángel Miralles, ha
votado en contra y ha culpado al Gobierno central de no haber
transferido fondos "en tiempo y forma".
Miralles ha sostenido que los
recursos estatales han llegado en noviembre, lo que "ha impedido
contratar valoradores", y ha insistido en que la Comunidad ha
incrementado con recursos propios las ayudas a cuidados familiares, con
16 millones adicionales en 2024 y cinco más este año.
El Pleno
también ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno central a
iniciar la planificación y construcción del nuevo cuartel de la Guardia
Civil de Cartagena, así como a concretar el destino de los casi 32
millones de euros aprobados en 2023 para derribo y reconstrucción.
María Casajús, del PP, ha denunciado que desde el 27 de agosto de
2023, cuando comenzó la demolición, "813 días de retrasos, mentiras e
incumplimientos" se han acumulado, y que los agentes han tenido que
trabajar en dependencias provisionales "muy por debajo de lo que
merecen".
También ha recordado que el plan inicial de reforma
se ha convertido en un derribo total sin planificación de obra
posterior, y que el Plan de Infraestructuras 2023-2028 del Ministerio
"no ha incluido" Cartagena.
Casajús ha repasado la cronología:
la promesa de 11 millones en 2019, de la que el Plan solo ha recogido
siete; la confirmación de 2021 de que el cuartel se reconstruiría en la
misma parcela; el anuncio en 2022 de un presupuesto de 9,5 millones; y
la aprobación en 2023 de casi 32 millones.
Sin embargo, la
diputada ha advertido de que "no existe informe público" sobre el uso de
esa partida y que el mapa interactivo de infraestructuras del
Ministerio ha dejado de funcionar. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado a
favor.
Fernando Moreno, del PSOE, ha acusado al PP de apoyarse
"en un bulo", pero ha respaldado la obra: "el cuartel es una prioridad y
pronto habrá noticias". Vox, con Alberto Garre, ha afirmado que el
proyecto "no se ha materializado nunca", y Álvarez-Castellanos, del
Grupo Mixto, ha reclamado "unidad" ante la Guardia Civil.
Por
otro lado, el Pleno también ha aprobado pedir al Gobierno de España que
rechace el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, por
el impacto que ha tenido en los agricultores murcianos, una iniciativa
del PP.
El diputado del PP Jesús Cano ha advertido que las
importaciones agrícolas marroquíes han pasado de 135.000 toneladas en
2012 a 438.000 en 2023, y que en el caso del tomate la entrada ha
aumentado un 42% en diez años mientras las exportaciones españolas han
caído un 43%.
Cano ha denunciado que el acuerdo ha permitido
competir a Marruecos con menores exigencias laborales, ambientales y
fitosanitarias, y ha reclamado cláusulas espejo, salvaguardas
automáticas y mayores controles fronterizos.
También ha pedido
excluir los productos del Sáhara Occidental y "evitar perjuicios
directos" al campo murciano. Vox se ha abstenido al considerar
insuficiente la mención al Sáhara. Mientras que PSOE y Grupo Mixto han
votado en contra.
Los socialistas han defendido que el acuerdo
ha adaptado una sentencia europea y que el Gobierno ha garantizado la
defensa del sector; mientras que el Grupo Mixto ha acusado al PP de
centrar el debate "solo en Marruecos" pese a haber apoyado otros
tratados que también han presionado a la agricultura familiar.
Durante la sesión, se ha rechazado la propuesta socialista para reforzar la atención primaria.
María Soledad Sánchez ha denunciado un deterioro sostenido y ha
mostrado que al solicitar una cita "se ha fijado para varios días
después", alertando de falta de profesionales y de la insuficiencia del
presupuesto sectorial.
El PP ha defendido que el 86% de los
usuarios ha obtenido cita en cuatro días o menos y ha atribuido la
situación a la falta de médicos a nivel estatal.
Vox ha
reclamado el cumplimiento de la estrategia regional 2023-2026 y el Grupo
Mixto ha pedido una evaluación monográfica de su desarrollo.
También se ha debatido una moción sobre vivienda de Vox en la que
proponía recuperar deducciones por compra de vivienda, extender
deducciones de alquiler y reducir impuestos, afirmando que un joven ha
necesitado 56.000 euros de ahorro previo para acceder a una hipoteca.
El PSOE ha defendido solo medidas "quirúrgicas", mientras el PP ha
acusado a Vox de presentar "una moción tipo" elaborada en Madrid y ha
recordado que Vox, junto al PSOE y Podemos, ha tumbado el decreto de
25.000 viviendas asequibles del Gobierno regional.
Por último,
se ha abordado una moción sobre inmigración, de Vox, que también ha
sido rechazada. La diputada de Vox Virginia Martínez ha pedido un
informe del coste de la inmigración irregular y ha asociado inmigración y
delincuencia, además de reclamar "remigración".
Por su parte,
el PSOE ha denunciado que el término procede de ideologías extremistas y
ha defendido el papel económico de la inmigración; el PP ha apostado
por una política "ordenada, legal y humana"; y el Grupo Mixto ha
calificado la moción de "racista" y "llena de bulos".
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