MADRID/MURCIA.- El juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid ha condenado a la Región de Murcia a abonar a la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia la cantidad de 143,7 millones de euros por las inversiones financieras realizadas, a lo que habría que sumar otros 17 millones de intereses, lo que suma un total de 160 millones.
Esta
sociedad, de la que formaba parte Sacyr con un 60% del capital, se
encuentra actualmente en liquidación.El juez señala que no existe controversia alguna sobre la existencia, cuantía y naturaleza del crédito reclamado por la deudora.
Un crédito por inversiones a largo plazo de la que es titular frente a
la Región de Murcia, según ha apuntado en la sentencia.
La concesionaria, anteriormente bajo el nombre de Aeromur, había
solicitado a la comunidad autónoma que le abonase este crédito, que ya
constaba en los textos definitivos presentados por la administración
concursal.
A esta pretensión de cobro se adhirió también la administración concursal y se opuso el gobierno murciano.
En su fallo, y tomando en consideración varias resoluciones, el juez ha
condenado a la Región de Murcia a que abone esta cantidad a la sociedad,
un importe que devengará el interés legal ordinario desde la fecha de
la primera reclamación extrajudicial -en caso de existir- o en su caso
desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de la
presente sentencia.
Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación sin
efectos suspensivos. De hecho, la Comunidad de Murcia ha anunciado este
martes que recurrirá la sentencia del juzgado de lo Mercantil 9 de
Madrid.
El consejero de Fomento e Infraestructuras murciano, Jorge García Montoro,
ha avanzado que presentará un recurso de apelación. Considera que se
trata de “un pronunciamiento judicial más” dentro de los distintos
procedimientos abiertos en torno a la liquidación del aeropuerto.
La concesionaria del aeropuerto murciano de Corvera (Aeromur) estaba
liderada por Sacyr con el 60,65 % del capital y también participaban en
la misma BMN, Sabadell-CAM, Cementos La Cruz y Montoro e Hijos.
El contrato de concesión se firmó en julio 2007 y en 2013 la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia resolvió el contrato de concesión para la construcción y explotación del aeropuerto.
Posteriormente, la concesionaria solicitó el preconcurso de acreedores a fin de refinanciar con sus entidades acreedoras una
deuda financiera próxima a los 200 millones de euros que otorgaron los
bancos en 2010 para financiar parcialmente la construcción del
aeropuerto.
En plena disputa por la gestión del aeropuerto, en diciembre de 2014, el
gobierno de Ramón Luis Valcárcel sacó a licitación el concurso para la
concesión de la gestión del nuevo aeropuerto de la región.
En enero de 2019, el aeropuerto recibió sus primeros pasajeros, 16 años después de que el proyecto fuese declarado "de interés general" para el Estado, y ya bajo la gestión de Aena, que preveía alcanzar los 4 millones de viajeros al año al final de los 25 de la concesión.
García Montoro, en su comparecencia tras conocer el fallo, ha esgrimido que la resolución “no ha tenido en cuenta el nuevo saldo de liquidación efectuado en enero de este año”, que arroja un resultado de 61 millones de euros a favor de la Comunidad, actualmente recurrido por la sociedad concesionaria.
Esa cifra deriva de la diferencia entre las
inversiones reconocidas (143 millones) y los daños y perjuicios
valorados en 204 millones.
“El Gobierno regional seguirá defendiendo los intereses de la Región de
Murcia para que la anterior concesionaria asuma las consecuencias de sus
incumplimientos, que impidieron la apertura del aeropuerto en 2012 como
estaba previsto”, ha subrayado el consejero, quien ha manifestado su
“plena confianza en que los tribunales acabarán dando la razón a la
Comunidad”.
García Montoro ha destacado asimismo que los funcionarios públicos de la
CARM "han actuado en todo momento con exquisita diligencia para cumplir
la legalidad y proteger el interés general”, recordando que “han sido
los tribunales los que han tumbado la multitud de recursos presentados
por la exconcesionaria".
El consejero ha añadido que, en cualquier caso, “si se ejecutara la
sentencia, el dinero de la Comunidad saldría y volvería a entrar en las
arcas autonómicas”, al ser la Comunidad uno de los principales
acreedores en el proceso de liquidación.
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