MADRID.- La temporalidad de los contratos es uno de los mayores problemas del 
mercado laboral español. Lo admiten los sindicatos y las patronales; el 
Gobierno e instituciones supervisoras como el Banco de España. Es uno de
 los primeros temas que se pondrá la mesa cuando un nuevo Gobierno deba 
afrontar con los agentes sociales el debate sobre qué hacer para 
reanimar el mercado de trabajo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Lo 
curioso es que en ese planteamiento figurará el hecho de que al calor de la reforma laboral que se quiere actualizar, la
 Administración Pública se ha convertido en el principal exponente de 
este problema de temporalidad que tiene en la sanidad o la educación, 
los dos pilares de la política social, las principales áreas donde 
opera, recuerda hoy El Mundo.
Así, un endurecimiento de las condiciones para llevar a cabo 
contratación temporal y mejorar la calidad del mercado laboral español 
repercutiría directamente sobre el sector público. Contra lo que pudiera
 pensarse no todos los puestos que ofrecen los distintos servicios 
públicos son indefinidos. De hecho, las administraciones públicas lideran la contratación temporal en España con una tasa del 28,2% en los nuevos contratos que supera en dos puntos a la del sector privado.
A
 veces, esta temporalidad del empleo público juega una mala pasada a las
 administraciones. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo se 
enfrentó a la obligación de explicar un panorama laboral que meses antes
 negaba. El dinamismo en la creación de empleo se ha reducido a ritmos 
mínimos del 0,02% mensual. Al dar a conocer los datos, Octavio Granado, 
secretario de Estado de la Seguridad Social y una de las personas que 
mejor conoce la dinámica del mercado de Trabajo, admitió su preocupación por el "enfriamiento" de la situación económica
 y no pudo dejar de admitir que ignoraba qué es lo que había pasado en 
las administraciones públicas para que contrataran por debajo de lo 
previsto.
La sorpresa negativa en el empleo fue el indicador definitivo para que el Gobierno acabara admitiendo que la economía crece por debajo de lo previsto. En
 realidad, la contribución de las administraciones a la creación de 
empleo el pasado mes de septiembre fue más negativa de lo esperado. Es 
decir, el sector público concluyó el mes destruyendo un total de 28.888 
puestos de trabajo, según datos recogidos por el sindicato de 
funcionarios CSIF.
Los
 principales contribuyentes a esta destrucción de empleo desde el sector
 público fueron las Administraciones públicas, con casi 15.000 bajas en 
la Seguridad Social y la sanidad, con algo más de 14.000. El hecho de 
que casi uno de cada tres contratos que se firman en el sector público 
sea temporal lo convierte en un factor más que relevante para prever el 
flujo de entradas y salidas del mercado laboral. En total, el sector privado emplea, según el INE, a 16,6 millones de personas contra 3,2 millones en el sector público.
En
 ambos sectores, la estacionalidad provoca oscilaciones de centenares de
 miles de contratos en días concretos del año, como el pasado 30 de 
septiembre, cuando se dieron de baja 431.600 personas. 
En hitos del calendario laboral como el final del verano, cuando 
concluye la temporada alta del turismo y terminan también los contratos 
vinculados a este negocio, septiembre suele ser un alivio para la cifra 
de afiliados a la Seguridad Social.
Este año sin embargo el empuje de las nuevas contrataciones ha sido 
menor de lo esperado en los sectores mencionados y en educación, donde 
el número de contrataciones para la vuelta al colegio fue sensiblemente 
inferior al realizado años atrás. Las 45.521 personas que han sido dadas
 de alta en esta área están lejos de cubrir una cifra de bajas acumuladas entre junio, julio y agosto de
 221.000 contratos. Buena parte de ellos se recuperarán en el actual mes
 de octubre, que en el calendario laboral de las contrataciones de la 
administración figura como el momento en el que la educación cobra 
protagonismo con aumentos cercanos al 20% en el saldo de altas y bajas 
de la Seguridad Social.
En cualquier caso, si se confirma en octubre el cambio en el ritmo de contrataciones que
 sorprendió al Gobierno la semana pasada, la Administración habrá 
entrado definitivamente en una tendencia de desaceleración en materia de
 empleo. La recuperación económica fue avanzada en 2014 por el avance en
 las tasas de ocupación de los sectores público y privado. Cuatro años 
después, tras concluir el último trimestre de 2018 con una tasa de 
crecimiento récord del 4,43%, en el segundo trimestre de este año el 
ritmo se ha reducido a casi la mitad.
 
 
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