Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado El poder dual i el triangle,
 en el que junto la idea del "poder dual" (gobierno español, gobierno 
catalán) con la figura triangular de las instituciones españolas: 
Corona, gobierno español y gobierno catalán. Innecesario decir que el 
interés se centra no solamente en las relaciones entre los dos gobiernos
 sino entre la Corona y el gobierno catalán. Aunque el carácter 
republicano de este es contrario al monárquico del central, en el caso 
de la Corona, la oposición es básica y esencial. La monarquía y la 
República son mutuamente excluyentes. De eso se trata.
Aquí la versión castellana: 
El poder dual y el triángulo
El
 llamado conflicto o reto catalán o cuestión o matraca catalana, según 
el comunicador, se mueve como un poder dual, el del gobierno central y 
el del govern en términos efectivos y reales. Otra cosa será su 
calificación jurídica. Es obvio que, desde el punto de vista de la 
legalidad española el concepto mismo de “poder dual” es inaceptable. 
Pero funciona.
Y
 funciona en una estructura triangular. Los poderes reales (aunque 
desequilibrados) son el gobierno central y la Generalitat, pero, a su 
vez, se relacionan con el tercer vértice que carece de poder real (al 
menos nominalmente), pero no de existencia, esto es el rey, la Corona. 
Cada uno de los tres puntos se relaciona con los otros dos si bien uno 
de ellos es simbólico y el poder real es dual. 
Las
 relaciones recíprocas dibujan las expectativas del sistema político 
español y la República Catalana. Las más obvias, las que se dan entre el
 gobierno central y la Generalitat están presididas por un obstáculo 
insalvable, al estilo de la polémica de los universales. Para el Estado 
español, el pueblo catalán no puede autodeterminarse porque no existe 
como tal pueblo en sentido político y jurídico, aunque sí cultural, 
folklórico, lingüístico o religioso. No puede haber referéndum alguno 
porque una parte del pueblo español (que es el universal del catalán) no
 puede autodeterminarse frente al todo. O no debe, porque, por poder, 
los cánceres pueden. 
El
 empeño del independentismo en gobernar con el máximo grado posible de 
autonomía, de independencia republicana, tarde o temprano provocará una 
nueva crisis con el Estado, tanto si se trata de la investidura de 
Puigdemont como de la restauración de las actividades que fueron 
intervenidas y bloqueadas por el 155 y todo lo más allá que se pueda. Y,
 ¿hasta dónde se podrá? Eso dependerá de la correlación de fuerzas 
parlamentarias. El gobierno necesita los 17 votos independentistas no 
para ir contra ellos (pues para eso cuenta con todos los demás) pero sí 
cuando vaya contra la derecha. 
Así
 que las relaciones entre los dos polos del poder dual gobierno/govern 
estarán repletas de ficciones. Cuando el gobierno central habla de 
“debate sobre el estado de la Nación” los independentistas lo consideran
 “debate de política general” y se refieren a lo mismo. En otros 
terrenos se recurrirá a ficciones similares. El govern se titulará 
govern de la República Catalana pero el Estado leerá govern de la 
Generalitat. 
A
 su vez, las relaciones entre el gobierno central y la Corona parecen en
 buen momento a fuer de vacías. Sánchez se ha puesto al servicio del 
trono, en garantía de que no se tonteará con propuestas de referéndum 
sobre monarquía/república. No toca ni tocará jamás mientras haya 
derechas e izquierdas españolas, unidas en amor a la Patria, 
identificada con una bandera, una cruz y una corona. 
Sale barato al rey 
el apoyo socialista. Si acaso una brumosa reforma de la Constitución en 
sentido federal cuyo último techo sería la monarquía belga. Porque ella 
como tal, como Corona, no tiene nada que decir. No que no deba sino que 
no se le ocurre. Su último pronunciamiento fue la lamentable arenga de 
parte del 3 de octubre de 2017 y hasta el mismo rey, quizá, entenderá 
que no se le puede dejar solo.
Las
 relaciones más interesantes son las de los dos otros vértices, la 
Generalitat y la Corona. Aquí se tropieza con una nueva imposibilidad 
metafísica pues ninguna de ellas reconoce el principio mismo de 
legitimidad de la otra. La Generalitat es una institución republicana y 
la República es el antónimo directo de la monarquía. El presidente Torra
 anuncia que, cuando se lo encuentre, reclamará al rey disculpas por su 
discurso del 3 de octubre amparando la violencia del 1º-O. Por lo demás,
 tampoco es fácil que se lo tropiece por la calle dado que se 
multiplican los lugares cuyas autoridades y órganos representativos 
declaran al monarca “persona non grata”. Al final van a llamarlo el rey 
del chotis porque se baila sobre una baldosa.
Cierto,
 son relaciones Corona/Generalitat en un terreno puramente simbólico 
pero, por eso mismo con un enorme impacto político. Es difícil gobernar 
un país cuyo jefe de Estado no tiene libertad de circulación por el 
territorio que domina y no domina. Las proscripciones institucionales 
del monarca son una muestra palpable de la crisis constitucional del 
Estado español. Se añaden ahora dos “retos” más: la transferencia de la 
vía catalana a Euskadi y consiguiente petición de referéndum de 
autodeterminación y la reclamación de un referéndum digamos ordinario 
sobre monarquía/República a escala estatal movido por los navarros. 
 (*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED 

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