En un radio de cien metros, el poder judicial español tomó
ayer dos decisiones que van a entrar en los libros de historia. La
cuestión de Catalunya es cada vez más la cuestión de España. A medida
que pasan los días, a medida que pasan las horas, a medida que todo
empeora y se complica, el diagnóstico se hace cada vez más evidente. La
cuestión de Catalunya es la cuestión de España.
En un radio de cien
metros, alrededor de la plaza de la Villa de París, el poder judicial
español adoptó ayer dos decisiones contradictorias, que van a llamar la
atención de la Unión Europea. Desde anoche, Carles Puigdemont tiene más
relato y más incomodidad en Bruselas.
En la sede del Tribunal Supremo, el juez instructor Pablo
Llanera concedió una semana más de plazo a los abogados de los miembros
de la Mesa del Parlament para preparar mejor la defensa de sus clientes,
aforados y acusados por la Fiscalía General del Estado de los delitos
de rebelión, sedición y malversación.
Preparen mejor la defensa. Medida
distensiva. Cuarenta y ocho horas antes, la sala segunda del Tribunal
Supremo había introducido un significativo matiz en el auto de admisión
de la querella: el delito de rebelión podría ser reconsiderado.
Garantismo y posible reescritura de la acusación fiscal, con la mirada
puesta en Europa. Timbre de Manuel Marchena, presidente de la Sala
Segunda y figura de referencia en el sector conservador de la
magistratura española.
Garantismo y una cierta distensión, mientras en Catalunya
se deciden las candidaturas para las elecciones convocadas por el
Gobierno central en aplicación del artículo 155. Una justicia atenta al
polvo del camino.
A la misma hora, en la Audiencia Nacional se desestimaba
cualquier aplazamiento garantista de las declaraciones de los consellers
–sin aforamiento desde el sábado– y la jornada concluía con nueve
órdenes de prisión. Después de encarcelar a Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart por el presunto delito de sedición, la juez Carmen Lamela emitía
otro durísimo auto, en perfecta sintonía con la fiscalía. El toque José
Manuel Maza.
Una foto antigua, en blanco y negro, regresaba, implacable,
hablándonos del eterno carácter circular de la historia: Lluís Companys
y seis de sus consellers detrás de los barrotes, tras los hechos de
octubre de 1934. El eterno retorno. Así hablaba Zaratustra: dos años
después de aquella fotografía, ganó el Frente Popular; el Front
d’Esquerres, en Catalunya.
El encarcelamiento de medio Consell Executiu después de una
declaración de independencia muy entrecomillada y sin ningún disturbio
en la calle, convierte las elecciones del 21 de diciembre en un
plebiscito contra el Gobierno central. La tensión vuelve a enmarcar con
fuerza la cuestión catalana. Nuevas señales de alarma en Europa. La
repetida sugerencia de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo
–destensar, dialogar– ha sido desoída. Las elecciones convocadas por
Mariano Rajoy pueden estallarle en las manos en Navidad.
Cuando eso
ocurra, la derecha de la derecha le pedirá cuentas. La legislatura
española puede entrar definitivamente en crisis antes de que llegue la
primavera.
¿A quién obedece el fiscal Maza?
(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia
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