CARTAGENA.- El delegado de Personal de la desaladora de Escombreras, 
Pedro Javier López, aseguró este lunes que la empresa pública de la 
planta "empujó" a Tedagua, encargada de mantener las instalaciones, a 
despedir a los ocho trabajadores el pasado mes de abril para "lavar la 
imagen" provocada por la filtración del vídeo sobre una supuesta 
mordida.
López vinculó la proyección de esas imágenes, en la que se 
ve a un proveedor pagando a un empleado de la planta para poder agilizar
 el cobro de servicios prestados, con los despidos "indiscriminados" de 
los miembros de uno de los turnos que "no tuvieron nada que ver" con 
este asunto.
El delegado de Personal indicó que los Juzgados de Lo Social
 están dictaminando que estos despidos fueron improcedentes, por lo que 
pidió a los responsables de Tedagua que readmitan a los empleados y no 
continúen ofertando seis puestos de operadores de planta y redes, 
mantenimiento y técnico de laboratorio.
En este sentido, y para mantener un "hilo de esperanza", los
 25 trabajadores que siguen empleados están ampliando sus turnos de las 8
 horas diarias a 12, con el objetivo de mantener la actividad habitual 
de la planta sin necesidad de contratar a otras personas y a la espera 
de que sean readmitidos los antiguos compañeros.
Sin embargo, López teme que la intención de la empresa es ir
 despidiendo a todos los trabajadores que están desempeñando su labor 
desde el inicio de la actividad de la planta y ser sustituidos por 
profesionales de fuera de la Región de Murcia.
Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión Especial
 de Investigación de la Desaladora de Escombreras, Jesús Navarro, que se
 reunió con los trabajadores despedidos, anunció que preguntarán en el 
pleno de la Asamblea Regional al presidente murciano, Pedro Antonio 
Sánchez, cuáles son los motivos del despido de estos trabajadores cuando
 Tedagua está ofertando empleos para cubrir esos mismos puestos.
Navarro criticó a Tedagua por incumplir su compromiso ante 
la comisión de investigación de readmitir a los trabajadores en caso de 
que los tribunales dieran la razón a los trabajadores, cuando han optado
 finalmente por indemnizaros.
Para el portavoz socialista, este "despropósito" de la 
concesionaria y del Gobierno regional es la "guinda del pastel" de la 
trama de la desaladora, puesto que se "pone en duda la honorabilidad" de
 los empleados.
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