CARTAGENA.- El diputado socialista Jesús Navarro se pregunta a quién
está encubriendo el Gobierno regional, con el presidente Pedro Antonio
Sánchez a la cabeza, al hacer caso omiso de los informes de la Intervención de la Comunidad. Y señaló que
las comparecencias ordenadas hoy en la Comisión de Investigación de la
Desaladora de Escombreras serán decisivas para el curso de la
investigación que se está llevando a cabo por parte de dicha Comisión.
Navarro indicó que las comparecencias del interventor general de la
Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, del jefe de los Servicios Jurídicos,
Francisco Ferrer, y del Jefe de la División e intervención y
fiscalización de la CARM, David Rodríguez Vicente, autor del informe
especial sobre desaladora de Escombreras del 31 de julio de 2015,
contribuirán a aclarar si hay responsabilidad contable en todo el
procedimiento contractual llevado a cabo por los responsables del Ente
Público del Agua, de Hidronostrum y, finalmente, de Desaladora de
Escombreras.
A la vista de estos demoledores informes, el diputado socialista
manifestó que es "incomprensible la actitud del consejero de Hacienda,
Andrés Carrillo, de no abrir un expediente y nombrar un instructor ante
la existencia de indicios suficientes sobre la comisión de actos que
pudieran ser generadores de responsabilidades contables, prescritas y no
prescritas, en la modalidad de alcance de fondos públicos, en
concurrencia con otros actos que no revisten responsabilidades contables
de alcance".
El parlamentario socialista, "se pregunta a quién está encubriendo el
Gobierno regional, con el presidente Pedro Antonio Sánchez a la cabeza,
al hacer caso omiso de estos informes tan relevantes de la Intervención
de la Comunidad, para dar lugar a la prescripción de las
responsabilidades contables, ya que los responsables de todo este
entramado y de los perjuicios causados al erario público tendrían que
ser asumidos por estos con el dinero de sus bolsillos".
Por otro lado, sobre la comparecencia de Amalio Garrido, gerente del
EPA durante el período inicial donde se diseñó y se ejecutó todo el
entramado societario y contractual, junto con la comparecencia de Mª
Antonieta Fernández, secretaria inicial del EPA y, posteriormente,
consejera delegada del Consejo de Administración de Desaladora de
Escombreras señaló que permitirá aclarar muchos aspectos poco
transparentes de los contratos y compromisos dinerarios que finalmente
puedan acabar costándole a la Comunidad Autónoma cerca de 600 millones de euros,
un importe que tendremos que pagar todos los murcianos y murcianas.
Jesús Navarro añadió que en este período de comparecencias verán la
luz distintos informes y documentos que podrían avalar las sospechas de
los grupos de la oposición y las razones por las que en la anterior
legislatura el Grupo Parlamentario Socialista llevó a la Fiscalía todo
lo relacionado con la gestión y el entramado societario y contractual de
Desaladora de Escombreras.
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