MADRID.- El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Autónoma en el que solicita la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista para su posterior eliminación. Ya instó al ayuntamiento de Cartagena a que los quitase, pero dice que no le contestaron, y que por eso se dirige ahora a Pedro Antonio Sánchez.
Ranz insta a que dicho catálogo quede a
disposición de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para que sean estos los
retiren la simbología y redefinan las calles.
En su derecho de
petición, registrado ayer jueves, dos días antes del 79º aniversario del
estallido de la Guerra Civil española, el abogado reclama también la
designación de una comisión de expertos que, tras hacer el inventario,
determine qué elementos pueden permanecer por razones artísticas,
arquitectónicas o artístico-religiosas, tal y como establece la Ley de
Memoria Histórica.
Asimismo, urge la puesta en marcha de las
medidas oportunas para reparar el daño causado, presente y futuro, así
como pide una reunión con el presidente para exponer con todo detalle el
carácter y el significado de los vestigios.
Según recuerda, el
artículo 15 impone a todas las administraciones públicas la adopción de
medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la
sublevación militar, la Guerra Civil y la represión franquista con el
objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que
permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978 y evitar la
permanencia de cualquier vestigio que cause enfrentamiento, agravio u
ofensa al modelo de convivencia.
Este abogado, responsable de las
denuncias contra más de una veintena de obispos y arzobispos y más de
80 alcaldes por consentir el mantenimiento se símbolos franquistas,
recuerda que en 2005 se procedió a la retirada de la estatua ecuestre
del general Franco junto a Nuevos Ministerios, en Madrid, una medida que
fue avalada por el Tribunal Supremo ante la inadmisión de un recurso de
la Fundación Francisco Franco.
Además, cita otras sentencias de
juzgados de Vigo, Bilbao y Madrid, que también respaldan la retirada de
símbolos, y alude al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denuncian
graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y
1975. Este concluye que las instituciones españolas deben proseguir la
supresión de signos exteriores que rindan homenaje a la dictadura
franquista, sus defensores y los principales responsables de la
represión.
El derecho de petición registrado este jueves por Ranz
se ha repetido en otros quinces gobiernos autonómicos: Andalucía,
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cataluña, Galicia, Comunidad
Valenciana, Castilla y León, Principado de Asturias, Comunidad Foral de
Navarra, Comunidad de Madrid, Canarias, Cantabria, La Rioja, Islas
Baleares. Son todos los gobiernos a excepción del de País Vasco, la
única comunidad que cuenta con un catálogo de vestigios.
Además, ante la sede de la Nunciatura
Apostólica se ha registrado otro escrito en el que se pide igualmente la
retirada inmediata de la simbología de la Guerra Civil y la dictadura
del patrimonio de la Iglesia, así como la salida de los cuerpos de
Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos.
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